Los derechos humanos: la agenda olvidada de la comunidad internacional en el Sahara Occidental
El pasado 10 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento que los saharauis habían levantado desde principios de octubre en las afueras de El Aaiún. La brutalidad con la que las autoridades marroquíes han acabado con una protesta saharaui, cuyas reivindicaciones eran esencialmente de naturaleza social y económica, es altamente preocupante.
El pasado 10 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento que los saharauis habían levantado desde principios de octubre en las afueras de El Aaiún. La brutalidad con la que las autoridades marroquíes han acabado con una protesta saharaui, cuyas reivindicaciones eran esencialmente de naturaleza social y económica, es altamente preocupante. Cabe interpretarla, además, como una nueva vuelta de tuerca negativa por parte del régimen marroquí tanto en el ámbito de los derechos humanos, como en el de las posibilidades de que se produzca realmente una transición democrática de la monarquía alauí.
Al mismo tiempo, el silencio y la falta de condena (más allá de la mera formalidad discursiva) de los países europeos ante este nuevo atropello a los derechos humanos por parte de Marruecos son llamativos. El gobierno español, por ejemplo, se ha escudado en el hecho de no disponer de la información necesaria para hacer una valoración de lo sucedido, sin condenar tampoco el bloqueo informativo impuesto durante estos días y las estrategias impuestas para evitar que los medios de comunicación internacionales cubrieran los acontecimientos. En el actual entorno de globalización informativa y dado el enorme desarrollo de las nuevas tecnologías de la información es dudoso que el bloqueo informativo logre su propósito. De ahí que la censura impuesta a los medios internacionales sólo contribuya a confirmar la sospecha de que el desmantelamiento del campamento y la represión desatada posteriormente en El Aaiún han sido acompañados de violaciones de los derechos humanos.
Aparte de las víctimas mortales y heridos producidos a consecuencias de los enfrentamientos, han sido detenidos cientos de saharauis, 78 de los cuales han sido acusados, entre otros cargos imputados, de comunicar con el extranjero para socavar la seguridad interna del Estado. Un total de 63 de los detenidos han sido internados en la prisión de El Aaiún y, según fuentes saharauis, seis activistas han sido puestos a disposición del tribunal militar. Lo ocurrido se suma, tal como recogen informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch difundidos en estos últimos tiempos, a un creciente uso por parte de Marruecos de una política de represión directa de cualquier tipo de manifestaciones que pretendan reivindicar el derecho a la autodeterminación del Sahara, por considerarlos como ataques a la integridad territorial de Marruecos. Estas organizaciones han denunciado en repetidas ocasiones las detenciones arbitrarias, las coacciones a las libertades y derechos de expresión, la celebración de juicios injustos y las restricciones al derecho de viajar por motivos políticos.
El bloqueo informativo impuesto por Marruecos tampoco va a impedir que su credibilidad se deteriore aún más. Sin avances democráticos reales y con estas muestras de desprecio y atropello a los derechos humanos parece imposible dar crédito a cualquier propuesta de autonomía para el Sahara Occidental. A pesar de las recientes declaraciones del gobierno español, solicitando la apertura de una investigación independiente sobre los últimos sucesos y la ampliación del mandato de la MINURSO- para incluir entre sus misiones la vigilancia en el respeto de los derechos humanos-, la voluntad política necesaria para que estos cambios se produzcan sigue faltando.
No cabe olvidar, para tratar de entender la postura de Marruecos, que sus autoridades son conscientes de que cuentan con el respaldo de la totalidad de los países que conforman el Grupo de Amigos del Sahara (España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia). También confían en que nada de lo ocurrido provoque una modificación sustancial de ese respaldo incondicional.
Por lo que respecta al mandato de la misión de Naciones Unidas, la última renovación de abril de 2010 no supuso ningún cambio respecto a sus limitadas prerrogativas. La resolución, adoptada por unanimidad, amplió su presencia en el territorio hasta el 30 de abril de 2011. Desde su creación en 1991, tras la firma del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, su principal misión ha sido la de organizar un referéndum de autodeterminación entre los saharauis, una empresa permanentemente abortada por las profundas divergencias de las partes al respecto.
Durante este último episodio de violencia, el papel de la MINURSO ha quedado aún más en entredicho. De acuerdo con la propia ONU, la MINURSO había sido informada de forma extraoficial por Marruecos del asalto al campamento. A pesar de ello, sus miembros optaron por quedarse recluidos y ni siquiera presenciaron los enfrentamientos para aportar informaciones claves para aclarar lo sucedido.
El Consejo de Seguridad, que se reunió el día 16 de noviembre para analizar los violentos acontecimientos acaecidos durante el desmantelamiento del campamento saharaui, se limitó a deplorar la violencia y no encomendó ninguna investigación más exhaustiva sobre los hechos. Una vez más, la cuestión los derechos humanos y la causa saharaui se han visto relegadas y desplazadas en el último rango de las prioridades en aras de los intereses estratégicos de los países más influyentes en la región.
Nota: El parlamento europeo adoptó el 25 de noviembre una resolución condenando la violencia y solicitando a Naciones Unidas que lleve a cabo una investigación de los sucesos.
