Esta actividad tiene como fin profundizar en un aspecto primordial en las migraciones. Se analizará la situación de las personas refugiadas climáticas a través de la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso Teitiota. Después de la exposición por parte de la experta invitada, se invitará a los/las participantes a llevar a cabo un debate sobre la cuestión.

Beatriz Eugenia Sánchez Mojica es doctora por el programa de altos estudios en derechos humanos de la universidad Carlos III y experta en derecho internacional de los derechos humanos y migraciones forzadas. Su trabajo como académica y consultora analiza, desde una perspectiva crítica, la capacidad del derecho internacional para tejer una red protectora en torno al ser humano en un mundo globalizado. Las personas en situación de especial vulnerabilidad, como son los refugiados, los desplazados internos, los migrantes y las víctimas de conflicto armado, ocupan un lugar central en su línea de investigación.

¿Cuándo? JUEVES, 23 de ABRIL, a las 15h CET.

¿Dónde? A través de la plataforma ZOOM siguiendo el enlace.

¿Quién? La actividad es abierta y gratuita (inscripciones aquí). El evento se ha diseñado tanto para los participantes en el Diploma de Migraciones Forzadas como para cualquier persona interesada en esta cuestión.

 

 

 

A finales de 2019 nadie podía imaginar que nos encontraríamos confinados en nuestros hogares en plena Semana Santa de 2020, pendientes de los datos que generan una curva y esperando que su forma nos permita respirar. Ante el escenario actual de crisis sanitaria y en algunos casos humanitaria, provocadas por el impacto de la COVID-19, parece que a nivel global la respuesta ha de contener tres aspectos fundamentales. Un aspecto humanitario que implica la respuesta a la crisis humanitaria; uno científico, relativo a la investigación en vacunas y medicamentos; así como el aspecto político-económico, de cara a hacer frente a la crisis que se nos viene encima y que irremediablemente sacudirá los cimientos de las estructuras e instituciones existentes. Me referiré a estos tres aspectos en el ámbito de la Unión Europea, aunque ahora más que nunca la respuesta ha de ser global.

 

En lo referente al aspecto humanitario, la reflexión parte del marco institucional existente en la UE. En 1992 se creó la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) que ha abordado la organización de las operaciones de ayuda humanitaria de la entonces Comunidad Europea en el exterior, siempre a través de organizaciones socias, como ONG o mediante el apoyo financiero a agencias del sistema de Naciones Unidas de carácter multilateral, pero nunca de manera directa. Desde entonces y hasta ahora, la UE a través de ECHO se ha convertido en referente mundial en cuanto a la financiación de la respuesta humanitaria internacional ante crisis humanitarias fuera de sus fronteras.

 

Para las actuaciones humanitarias en el seno de la Unión Europea, en 2001 se creó el Mecanismo de Protección Civil con el objeto de fomentar e impulsar la colaboración y la coordinación entre las diversas agencias de protección civil de los Estados miembros de la UE, de cara a una respuesta conjunta ante los desastres. No obstante, cada agencia de protección civil de cada Estado miembro se ha mantenido autónoma e independiente, dependiendo de las políticas y estrategias nacionales, sin que hubiera una clara toma de decisiones conjuntas a nivel europeo.

 

Con la fusión de ECHO y el Mecanismo de Protección Civil en 2010 se creó la actual Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO), que desde entonces combina la ayuda humanitaria exterior y la protección civil en el interior, con lógicas de intervención y organización diferenciadas. Por un lado, ECHO constituye un donante que financia actividades de acción humanitaria que son ejecutadas por organizaciones socias fuera del territorio de la UE. Y, por otro lado, ECHO actúa en el campo de la protección civil, coordinando y apoyando, al menos sobre el papel, a las agencias de los Estados miembros que trabajan dentro del territorio comunitario, principalmente. Para ello, se creó el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) que se activa a petición de un Estado miembro en caso de desastre.

 

Tras el estallido de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la UE a finales de febrero y principios de marzo de 2020, algunos Estados miembros han solicitado equipamiento médico a través del Mecanismo de Protección Civil. La Comisión Europea ha lanzado cuatro licitaciones para la compra de material sanitario, las cuales están aún en espera de materialización, y no ha sido sino hasta el 19 de marzo que se ha decidido crear el denominado rescEU stockpile, una suerte de reserva europea de material médico, sobre todo respiradores y elementos de protección como mascarillas, cuya gestión corresponde al CECRE, con un presupuesto actual de 80 millones de euros. Además, el 20, 24 y 30 de marzo se han adoptado decisiones referentes a la armonización de los estándares de calidad para la producción de material de protección sanitaria en la UE. Asimismo, el 1 de abril la Comisión publicó una guía denominada “Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19”.

 

Por otro lado, el 17 de marzo se estableció un panel de expertos formado por siete epidemiólogos y virólogos de cara a formular unas directrices europeas de respuesta y coordinar medidas de gestión de riesgos. Dicho panel de expertos, junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) creado en 2005 ha participado en la publicación de recomendaciones sobre medidas a nivel europeo de lucha contra el coronavirus, el 19 y 30 de marzo. Además, el pasado 2 de abril se lanzó la Iniciativa de Solidaridad Sanitaria de la UE, con la que la Comisión Europea “quiere prestar apoyo directo a los sistemas sanitarios de los Estados miembros de la UE en su combate contra la pandemia del coronavirus mediante una serie de medidas que pueden adoptarse con más eficacia a escala de la UE”, para lo cual se han movilizado 3 000 millones de euros del presupuesto de la UE. Concretamente, la iniciativa permite a la Comisión la compra de material de emergencia a nombre de los Estados miembros y distribuir dicho material, coordinar el transporte de material y pacientes, reclutar personal sanitario y apoyar a la construcción de hospitales de campaña.

 

Estas decisiones de la UE se han ido articulando durante el mes de marzo. A principios de dicho mes, Alemania y Francia decretaron sendas prohibiciones de exportación de material sanitario fuera de sus fronteras, lo cual vulnera, al menos, el concepto del mercado único europeo. Esto contrasta con los aparentes intentos de la Comisión de coordinar la respuesta europea, ya que mientras el número de infectados y fallecidos aumentaban en Italia y en España, la UE tomaba decisiones tarde e insuficientes, e incluso tenía que negociar el levantamiento de las restricciones comerciales mencionadas e impuestas por Alemania y Francia. Todo ello muestra claramente la escasa capacidad de maniobra de Bruselas para hacer frente a una crisis en el seno de la UE y la actitud cicatera de sus Estados miembros en esta coyuntura.

 

Al igual que ocurrió en 2015 y 2016 durante la denominada “crisis de los refugiados”, en el caso de la pandemia que sufrimos actualmente, la falta de coordinación de las diversas autoridades de protección civil de los Estados miembros, así como la ausencia de un organismo europeo que las supervise y organice para intervenir en territorio europeo ha puesto de manifiesto la falta de voluntad de dichos Estados para llevar a cabo actividades humanitarias dentro de las fronteras de la UE. Bruselas ejerce en el exterior un liderazgo en materia humanitaria que no puede desplegar dentro de su propio territorio, y esto no sólo se debe a la incapacidad de ECHO, sino sobre todo a la falta de visión y voluntad política de los dirigentes de la mayoría de los Estados miembros ante una pandemia que vino para quedarse.

 

Quizás por ello, se están tomando decisiones relevantes en los últimos días que esperemos den sus frutos más pronto que tarde. La reciente Comunicación del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - JOIN (2020) 11 final – del 8 de abril supone un esperanzador esfuerzo de casi 16.000 millones de euros para responder a la inmediata crisis humanitaria mundial, fortalecer los sistemas de salud y saneamiento y de preparación de desastres, así como hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia en el exterior.

 

Respecto a la investigación europea, hay abierta una importante controversia por la reciente dimisión del presidente del Consejo Europeo de Investigación (CEI) Mauro Ferrari, el cual alega falta de interés en el lanzamiento de una iniciativa europea de investigación respecto a la COVID-19. Ya que el debate está fresco y aún sangrante, al igual que los argumentos a favor y en contra de su postura, lo importante es identificar que el objetivo del CEI es reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de la investigación europea. Para ello se cuenta con el Programa Horizonte 2020 como marco financiero para dicha investigación. Sería, por tanto, deseable que los esfuerzos en el desarrollo de medicamentos que reduzcan o palíen los efectos del virus, así como de una fabricación futura de vacunas seguras se lleve a cabo de manera coordinada por los distintos institutos de investigación de la UE, en colaboración con entidades de terceros países, de manera que no se solapen esfuerzos y, sobre todo, de cara a que los beneficios de los resultados de las investigaciones alcancen a toda la población. Al respecto, es alentador el contenido de la Comunicación mencionada, donde se incluye el apoyo a los esfuerzos globales para el desarrollo de tratamientos eficaces y vacunas, así como a métodos terapéuticos y de diagnóstico que sean ampliamente disponibles y accesibles a precios asequibles. Esperemos que así sea.

 

Por último, desde el punto de vista político y económico, la falta de consenso en el seno del Eurogrupo y, consecuentemente, del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, respecto a una visión común en la respuesta ante la crisis económica que está provocando y provocará la COVID-19 muestra la división y la falta de voluntad política de los Estados miembros. Y ello a pesar del acuerdo de ayer, 9 de abril, sobre los fondos disponibles para el rescate de las economías europeas.

 

Sin entrar en la adecuación de uno u otro instrumento económico o en la idoneidad de la emisión de deuda pública de titularidad europea (Eurobonos), lo cierto es que los países de la UE muestran que la ética y la eficiencia económica a veces no van de la mano. Quizás sea ingenuo por mi parte acudir a Mohandas Gandhi cuando en 1921 decía: “Debo confesar que no trazo una distinción tajante, ni de ninguna clase, entre economía y ética. La economía que perjudica el bienestar de un individuo o de una nación es inmoral (…)”. Y de ello hablo porque el proyecto europeo no es o debería de ser tan solo un ejercicio económico (o más bien monetario), sino que es o debería ser profundamente político, si queremos que la UE pueda tomar decisiones políticas de calado. Tenemos el euro en nuestros bolsillos (algunos más que otros), pero la UE constantemente se ha enfrentado al desafío de ser realmente un ente político. Y de ahí vienen, precisamente algunas de las causas de los desafectos de la sociedad civil respecto a la UE, que como último extremo llevaron a los británicos a dejar el barco este año.

 

Si la UE, tanto la Comisión como los Estados miembros representados en el Consejo, no son capaces de formular respuestas comunes ante problemas comunes, puede que el proyecto europeo esté viviendo el principio del fin de un sueño. Y esta no es la primera vez. La timorata respuesta ante las matanzas en el seno de la Europa balcánica cuando Sarajevo se desangraba, o la falta de decisión respecto a los refugiados y solicitantes de asilo de África u Oriente Medio, son muestra de ello. Europa ha de ser algo más que un pacto de estabilidad y empleo, armonización fiscal y una moneda única, todos ellos elementos necesarios, pero no suficientes. Quizás no sea tarde para plantear un Green New Deal, al menos europeo, e incorporar una respuesta europea a la pandemia, que tenga en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 como metas reales. No estamos hablando de nada nuevo, ya que el Objetivo 3 se denomina “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

 

  • Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
  • Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
  • Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles (…).
  • Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
  • Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

 

Este gran acuerdo o European New Deal debe mostrar a los europeos que Bruselas los concibe como ciudadanos y no sólo como actores económicos y productivos. Y seamos claros, este acuerdo constituye una oportunidad única para que Alemania ejerza un liderazgo sin complejos y pueda sacudirse de una vez por todas los fantasmas del pasado, que de manera importante se diluyeron con su solidaria respuesta ante el flujo de refugiados de los últimos años (si la comparamos con la de sus vecinos, incluyendo España).

Por todo ello, la respuesta ante la pandemia ha de ser política y democrática, aunque mediante el uso de instrumentos económicos y financieros, que tengan en cuenta las tres dimensiones mencionadas: la política-económica, la científica y la humanitaria. Solo de esta manera, el ciudadano europeo percibirá, tras esta crisis, que la construcción de una Europa unida, a través de la UE, es una idea a la que merece la pena seguir aspirando.

 

* Alfredo Langa Herrero – doctor en economía y colaborador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

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Berlín, 8 de abril de 2020

 

 

FOTOGRAFÍA: Mr Josep BORRELL FONTELLES, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. UN Newsroom.

 

 

 

 

 

Para El País.

 

El uso de términos como vulnerabilidad, colectivos vulnerables u otros relacionados se ha hecho tan generalizado en nuestro lenguaje que ya apenas se usan otros que venían utilizándose, con mayor o menor rigor y fortuna, para definir las situaciones en las que ahora todo lo ocupa la vulnerabilidad. Y así, términos y conceptos como situaciones de extrema pobreza, grupos marginales o marginalizados, poblaciones excluidas, desfavorecidas, empobrecidas y muchos otros, han ido dejando paso a la vulnerabilidad como concepto que todo lo engloba.

Una simple mirada al diccionario de la Real Academia Española y a su diccionario inverso DIRAE y las gráficas que lo acompañan, nos permite observar cómo ha crecido su uso de modo exponencial en las últimas décadas y, me atrevo a decir como mero lector de medios de comunicación, sigue creciendo en la actualidad. Y otra simple mirada estos días a su utilización por parte de las organizaciones del sector en el que trabajo, la acción humanitaria y la cooperación, confirma el éxito del palabro y la generalización de su empleo. La cuestión no iría más allá si no fuera por la simplificación y banalización que ello comporta. Veamos.

¿Son poblaciones vulnerables, por ejemplo, los grupos de personas refugiadas y demandantes de asilo que se encuentran confinadas en el campo de refugiados de Moria, en Grecia, desde hace ya mucho tiempo? Por supuesto, diríamos, lo son. Pero son mucho más que eso. Son personas que han visto vulnerados sus derechos más elementales y a las que se les obliga, contra su voluntad, a permanecer en una situación de permanente vulneración. Referirnos a ese colectivo como “grupo vulnerable” es, sin rodeos, tratar de maquillar una dramática realidad. Son colectivos vulnerados pues, sobre la base de esa previa vulnerabilidad, han visto sus derechos y la satisfacción de sus necesidades básicas continuamente violadas. Y esa vulneración tiene responsables.

¿Son personas vulnerables, por poner otro ejemplo, las y los mayores alojados en muchas residencias de nuestro país, que se han convertido en víctimas preferentes de la pandemia del la Covid-19? Misma respuesta. Por supuesto, lo son. Pero son, además, un colectivo que, sobre la base de una situación de vulnerabilidad previa, han sufrido vulneraciones y violaciones de su derecho a la salud y a la mínima protección. Y, como en el caso anterior, referirnos a ellos exclusivamente como grupo vulnerable alimenta la idea de que eso era inevitable, de que ha sido “culpa del virus” y de que, en resumen, no hay responsabilidades. Y por supuesto que también en este caso las hay.

En las definiciones más utilizadas y aceptadas de la vulnerabilidad, se dice que se trata de “condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas”. Es decir, se trata de condiciones previas de sensibilidad y debilidad de ciertas personas o grupos que se agravan cuando se materializan ciertas amenazas que, siguiendo con el argumento, los “vulneran”.

En el ámbito de la gestión de riesgos de desastres se ha ido construyendo un pensamiento que enfatiza que “la vulnerabilidad no es una fragilidad irreversible ante amenazas inconmensurables: es una condición producida histórica y socialmente, con una participación determinante de las relaciones de poder en ese resultado”. Referirse continuamente, por tanto, a la vulnerabilidad de forma genérica y banal, como concepto englobador para definir las situaciones anteriores y muchas otras, es un error muy grave por parte de las organizaciones sociales pues, en su uso actual, obvia esos elementos de construcción social e histórica y de relaciones de poder o de incumplimiento de obligaciones por parte las administraciones públicas u otros actores, que son fundamentales para entender por qué en Moria o en las residencias de mayores pasa lo que pasa.

La vulnerabilidad, además, tiene múltiples facetas y de ahí que referirnos a ella de forma genérica resulta engañoso. Un grupo indígena en la selva del Chocó colombiano puede ser muy pobre y tener numerosos elementos de vulnerabilidad económica, de recursos y habitar en zonas de gran vulnerabilidad ambiental. Pero su organización social, su cohesión comunitaria, su visión colectiva, su proyecto común les ha permitido resistir y sobreponerse ante muchas amenazas a lo largo de la historia. Los elementos sociales, psicológicos, organizativos forman parte del análisis de la vulnerabilidad junto con las más convencionales dimensiones económicas, de edad, de género, ambiental y otras.

El otro riesgo del simplificador discurso de la vulnerabilidad es que olvida la otra cara de la moneda: las capacidades. Ningún grupo social, ninguna persona, ningún colectivo es solo vulnerable. Definir a cualquiera solo de ese modo es algo que atenta contra su dignidad y que contribuye no solo a presentar la realidad con trazos de brocha gorda, sino que ayuda a estigmatizarlo y a limitar el ejercicio de sus derechos y la lucha por los mismos. Poner el énfasis solo en las vulnerabilidades sin citar y dedicar esfuerzos al fomento de las capacidades de las que toda persona y grupo disponen, es otro de los errores graves que cometemos con demasiada frecuencia las organizaciones sociales.

Aún recuerdo con una mezcla de sonrisa y estupor una anécdota en mis jóvenes años de técnico de formación en la Cruz Roja Española. Estaba con un compañero preparando un material formativo sobre el llamado Análisis de vulnerabilidades y capacidades cuando en el despacho entró el jefe y se unió a nuestra discusión. Tras un rato de debate nos dijo algo así: “Creo que os complicáis mucho la vida. Ellos tienen vulnerabilidades y nosotros capacidades”. Punto. Lamentablemente, este tipo de planteamientos siguen existiendo y no ayudan a plantear una cooperación y una acción humanitaria, y un trabajo social en general, que no contribuya a victimizar y vulnerabilizar a los colectivos y personas que sufren los efectos de las crisis, sino justo a lo contrario: a hacerlos sujetos de derechos y a poder luchar por ellos.

 

FOTOGRAFÍA: Una niña con mascarilla para protegerse de la Covid-19 en el campo de refugiados de Moria, en Grecia, el 2 de abril de 2020.

 

 


 

Ya disponible para su revisualización el encuentro en línea celebrado ayer, martes 7 de abril: ''¿Alguien dijo desastre? La reducción del riesgo en un entorno imprevisible", último encuentro del Ciclo "Una mirada a un mundo en crisis" celebrado entre el 26 de marzo y el 7 de abril.

La pandemia del COVID 19 ha puesto aún más de manifiesto las nuevas amenazas y riesgos a las que se enfrenta la humanidad en el futuro. Y el dramatismo de la situación que estamos viviendo puede servir como oportunidad para plantear con seriedad la reducción de riesgos como eje de las políticas públicas y del desarrollo.

El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres (2015-2030) es un documento internacional adoptado por países miembros de la ONU durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres celebrada en Sendai, Japón, y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2015.  El marco de Sendai sucede al marco de Hyogo (2005–2015), que hasta entonces había sido el acuerdo internacional más amplio sobre reducción del riesgo de desastres.

Ambos marcos ya abordaban las cuestiones que nos planteamos. Nos enfrentamos a nuevas tipologías de desastre y debiéramos ser conscientes de ello y prepararnos en consecuencia. En esta sesión profundizaremos en cómo ha ido evolucionando la concepción de la respuesta a los riesgos y cómo incorporarla a las crisis a las que nos enfrentamos.

En esta ocasión, contamos con Francisco Rey Marcos (coodirector del IECAH) y Jacobo Ocharán (Global Lead Oxfam Climate Initiative [OCI]).

 

Haz click AQUÍ para acceder al video.

 

También puedes acceder a la lista de reproducción del Ciclo completo a través del siguiente ENLACE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Propuesta de ejes para articular el compromiso de la acción humanitaria española ante la pandemia COVID-19'' 

 

La pandemia COVID-19 ha demostrado que los riesgos y vulnerabilidades tienen una dimensión global y multidimensional, que no entiende de fronteras y nos muestra que el mundo es mucho más pequeño de lo que pensábamos. Las pandemias, igual que otro tipo de fenómenos, son una realidad cada vez más común en el siglo XXI y tenemos que aprender a convivir con ellas dotándonos de capacidades para detectarlas a tiempo y preparar su respuesta.

El COVID-19 podría servirnos de antídoto contra los enfoques excluyentes y cortoplacistas. El impacto de una crisis sanitaria, al igual que en las crisis violentas o políticas, excede lo sanitario y exacerba las desigualdades y vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes, amenazando la estabilidad y la seguridad debido a la interdependencia y conectividad de nuestra sociedad. Un impacto que está siendo demoledor por la propia crisis sanitaria y por la falta de idoneidad o capacidad en la aplicación de las medidas para su gestión en algunos contextos; medidas que, sin una correcta formulación, pueden ahondar en la brecha social por medio del hacinamiento, la falta de acceso a medios de vida e incluso la violencia entre otros, con un mayor impacto en los grupos más vulnerables. Es imprescindible destacar que hay una emergencia a la que responder tanto en nuestras sociedades de origen, como en otros países.

Si hablamos en términos de acción humanitaria, el impacto sanitario, económico y social de la pandemia en terceros países va a ser exponencialmente mayor que en Europa. Multitud de países se encuentran en una situación de partida extremadamente vulnerable que va a generar el debilitamiento aún mayor de los sistemas. Nos preocupa especialmente las poblaciones más vulnerables de manera estructural que esta crisis les va a poner en una situación aún más extrema como las mujeres y las niñas, las personas mayores y las enfermas. Además, los campos de refugiados y desplazados internos donde el hacinamiento, la falta de servicios médicos, acceso a agua potable y las medidas de saneamiento e higiene los pone en situación de mayor riesgo.

Propuesta suscrita por Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Coordinadora de ONGs de España, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Oxfam Intermon. Puedes encontrarlo en el siguiente enlace.