Ana Badía Martí y Laura Huici Sancho (Dirs.). Marcial Pons. 2020.

 

En mayo de 2018 el Máster de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, el Máster en Cooperación de la Universidad del País Vasco y el IECAH organizamos una Jornada de trabajo sobre “Nuevos planteamientos en diplomacia: la diplomacia humanitaria”, de la que ahora se publican las ponencias. Han sido editados por Marcial Pons.

Desde el IECAH agradecemos a la Universidad de Barcelona su trabajo para esta publicación que aborda uno de los temas más relevantes en el actual panorama humanitario internacional. Incluimos aquí el artículo de Francisco Rey, Codirector del IECAH, en dicha publicación.

 

 

 

 

 

REFUGEE


 

En el mundo hay, actualmente, 79’5 millones de personas desplazadas de modo forzado; una cifra que, año tras año, no ha dejado de crecer, duplicando en apenas una década los datos que se registraron en 2010 cerca de 40 millones de personas desplazadas, según las estadísticas de ACNUR. Aún más: cada tres segundos, una persona se ve forzada a abandonar su casa; de media, se producen 37.000 nuevos desplazamientos cada día, y un 40% de la población refugiada son niños y menores de edad, algo que, si pensamos en términos de vidas humanas, de individuos, y no solo de números que pueden parecer ajenos o inabarcables para el conjunto de la sociedad civil, se convierte en una realidad impactante que requiere una actuación urgente. Las causas que motivan el desplazamiento forzado son cada vez más variadas y en ocasiones se suman. Los patrones del desplazamiento han variado mucho y junto a la violencia, los desastres o la crisis climática están en el origen de muchos de ellos.
 
Los informes del ACNUR dan cuenta anualmente de la situación en la que se encuentran estos colectivos y las dificultades que afrontan todas aquellas personas obligadas a huir de sus hogares por conflictos armados, violencia y discriminación, violaciones de derechos humanos o desastres medioambientales, pero, a pesar de ello, conocer con exactitud las cifras reales es una tarea compleja, y entender las problemáticas que se esconden tras esos números, enormemente difícil. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que tras los casos registrados hay seres humanos cuyos derechos están siendo vulnerados, y la reducción de los mismos a meros porcentajes o colectivos etiquetados de «vulnerables» contribuye, en muchas ocasiones, a esa misma vulneración.
 
El Día Mundial del Refugiado, celebrado cada 20 de junio desde el año 2001, conmemora la aprobación de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado en 1951 y trata de rendirles homenaje, llamando la atención de actores y sociedad civil sobre su situación en todo el mundo, mostrando solidaridad con los desplazados e incidiendo en los contextos que agravan su realidad año tras año, en busca de compromisos que garanticen el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Hay que destacar, sin embargo, que siete décadas más tarde nos enfrentamos, tras varios años en los que la situación se ha ido deteriorando, a la peor crisis de refugiados desde el fin de la II Guerra Mundial; peor que en 2015 y, si cabe, aún más global. Y esto no se debe a que los desplazamientos internacionales se hayan incrementado especialmente al contrario, el número de desplazados internos, que superó en 2019 los 455 millones, es ahora más elevado que nunca—, sino a que el contexto actual presenta, a nivel mundial, unas particularidades derivadas de la crisis sanitaria que agravan todavía más las condiciones de vida en asentamientos cuya situación ya era enormemente precaria.
 
Este 2020 puede convertirse, sin duda, en un nuevo punto de inflexión en la historia de las migraciones forzadas, pues el riesgo en los países de origen, tránsito y destino ha sumado un nuevo factor: la pandemia de la Covid-19. El cierre de fronteras y el aumento de los controles ha incrementado las dinámicas de securitización de las migraciones y las políticas de contención, dificultando, e incluso suspendiendo, el acceso al asilo o a la protección en muchos países. Por otro lado, la expansión del coronavirus en los campos de refugiados, espacios que presentan enormes deficiencias en términos de salubridad y altísimos niveles de hacinamiento y desinformación, supone una de las mayores emergencias a atender por los actores y organizaciones humanitarias.
 
Los campos de Cox’s Bazar, en Bangladesh, que albergan a más de 860.000 refugiados rohingyas, o el campo de Moria, en Lesbos, cuya capacidad para 3.000 personas se ha visto desbordada hasta albergar cerca de 20.000, son ejemplos concretos de una situación ya de por sí insostenible que en el contexto actual incrementa el riesgo al que las poblaciones refugiadas están expuestas. A pesar de que los casos detectados hasta el momento son reducidos —a 7 de junio, en los campos de Bangladesh había 30 casos confirmados y 36 personas en cuarentena—, la falta de asistencia sanitaria, de espacio, y de agua, saneamiento e higiene (WASH) convierte estos espacios en auténticas bombas de relojería. La construcción de 234 nuevas instalaciones de agua y saneamiento entre marzo y abril en Cox’s Bazar siguen siendo insuficientes, y el miedo a las consecuencias del aislamiento han hecho que el número de pacientes diarios que acudía a los centros de atención médica se haya reducido a la mitad, según Médicos sin Fronteras.

En este contexto de crisis global, en el que la solidaridad internacional es imprescindible, la celebración del Día Mundial del Refugiado es más importante que nunca para que todos volvamos a pensar en la realidad que afrontan las personas refugiadas y desplazadas dentro de nuestras fronteras y más allá de ellas. Bajo el lema «Todo el mundo puede marcar la diferencia. Toda acción cuenta», este año ACNUR organiza a nivel mundial diferentes eventos y actos que, debido a la pandemia, se celebrarán online. Entre otros, el jueves 18, coincidiendo con la publicación del informe Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2019, a las 16:00h tendrá lugar un evento en el teatro Lara (más información disponible aquí) con ACNUR España; y el viernes 19 a las 10:30h CEAR presentará su Informe 2020. Sensibilizar a la opinión pública acerca de los problemas que las personas desplazadas de modo forzado afrontan en todo el mundo y asegurar que se garantizan sus derechos debe ser una prioridad; y, en esa tarea, todos debemos estar involucrados.

 

 

Autora: Raquel Chamizo Hermosilla

 

FOTOGRAFÍA: Freepik

 

 

 

Para Blog Elcano.

 

Al igual que ocurre hoy prácticamente con cualquier asunto de la realidad internacional que no esté directamente conectado con la pandemia del coronavirus, la muerte de Abdelmalek Droukdel ha pasado prácticamente desapercibida. Pero el bajo perfil mediático de su eliminación también puede interpretarse como una señal de que, al igual que ocurrió con la eliminación de Osama bin Laden o de Abubaker al-Bagdadi, la experiencia acumulada nos hace ver que la desaparición de líderes tan destacados apenas afecta a la capacidad letal de los monstruos que han creado.

En el caso concreto de Droukdel, experimentado yihadista con un largo recorrido desde Afganistán hasta hacerse con el liderazgo de al-Qaeda en el Magreb islámico (AQMI), su muerte el pasado 3 de junio incluso ha sido presentada como una victoria. Una valoración un tanto grandilocuente cuando se toma en consideración que en 2019 se registraron más de 4.000 muertes violentas en el Sahel occidental y que, el mismo día de su eliminación en el norte de Malí, se dio a conocer la muerte de más de 30 civiles en el centro del país, mientras decenas de miles de personas se manifestaron en Bamako contra el presidente Ibrahim Boubacar Keita.

Sin negar importancia alguna al descabezamiento de un grupo terrorista como AQMI, lo que en el mejor de los casos solo supondrá un limitado paréntesis hasta la confirmación de un nuevo líder, basta con recordar que el yihadismo en la región está aumentando incluso más desde el estallido de la pandemia. En la zona se mueven dos considerables entramados yihadistas. Por un lado, destaca la presencia desde 2017 del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jamā’at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn, o JNIM), liderado por el tuareg de la etnia ifogha Iyad Ag Ghali. En su seno se integran Ansar Dine (creado en 2012 por el propio Ag Ghali), la katiba Macina (creada en 2015 por el predicador peul Amadou Koufa) y AQMI (encabezada hasta ahora por Droukdel). Por otro, Daesh ha logrado también consolidar una presencia propia a partir de la franquicia liderada por un antiguo miembro del Frente Polisario y líder en su día de Muyao, Adnan abu Walid al Saharaoui, conocida como Estado Islámico del Gran Sahara, muy activa en la confluencia de las fronteras entre Malí, Burkina Faso y Níger, y con vínculos reconocidos con el grupo nigeriano Wilayat al Sudan al Gharbi (escisión del antiguo Boko Haram, ligada a Daesh).

Frente a la considerable amenaza que estos grupos representan –con unos efectivos totales estimados en más de 6.000 combatientes y que actualmente también se enfrentan violentamente entre ellos en pugna por el liderazgo del yihadismo regional–, la respuesta principal ha sido casi exclusivamente militar. En un esfuerzo reactivo de múltiples motivaciones, en la región confluyen hoy los alrededor de 15.000 efectivos de MINUSMA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí) con los 5.000 de la G5 Sahel (creada en 2017 –con aportaciones de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí y Níger– como una evolución natural de la Fuerza Multinacional Conjunta, en la que se integraban fuerzas de Benín, Camerún, Chad, Níger y Nigeria y que, el pasado 3 de junio, acaba de estrenar su nuevo cuartel general en Bamako, financiado por la Unión Europea, tras la destrucción en 2018 del que se localizaba en Sevare). A ellas hay que añadir, obviamente, las siempre limitadas fuerzas armadas de los países ubicados en la región, sobre las que recaen acusaciones cada vez más serias sobre su escasa sensibilidad con respecto a los derechos humanos, y su participación directa en masacres contra civiles indefensos.

En el mismo capítulo de perfil militar hay que incluir a los distintos programas de instrucción de fuerzas armadas locales y de asesoramiento a los ministerios de defensa en el intento por mejorar la operatividad de sus unidades. En ese terreno hay que citar los programas desarrollados por países como Estados Unidos y algunos europeos, tanto unilateralmente como en el marco de operaciones multilaterales, como EUTM Malí (European Union Training Mission Mali), EUCAP Sahel Malí (European Union Capacity Building Mission Sahel Mali) o EUCAP Sahel Níger (European Union Capacity Building Mission Sahel Niger). Mención aparte merece la implicación militar de Francia cada vez más contestada en la región con la operación Barkhane, en la que despliega unos 5.000 efectivos junto a los que aportan otros países europeos y africanos, y que a partir de este verano será complementada por la operación Takouba.

Por último, la propia Unión Africana lleva tiempo reiterando sus llamamientos a los países miembros para que se impliquen más en la respuesta militar a la amenaza yihadista. Hace apenas tres meses, el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, recordaba en la Cumbre de la organización que “el continente no ha mostrado solidaridad con sus hermanos y hermanas del Sahel”, al tiempo que reclamaba la puesta en marcha de una fuerza africana, con unos 3.000 efectivos durante un periodo de seis meses, para su despliegue en la región. Una fuerza que nunca ha llegado a organizarse, lo que se suma a la inactividad de una Fuerza Africana de Reserva, operativa desde 2016, pero que nunca ha sido desplegada en la práctica.

Frente a ese sostenido esfuerzo militar, y a pesar del escaso resultado cosechado a lo largo de estos últimos años, sigue brillando por su ausencia un empeño nacional y multilateral, al menos similar, en el terreno del desarrollo social, político y económico para atender a las causas estructurales que alimentan el yihadismo (añadido a otros tipos de violencia local no menos preocupantes). Nunca se terminará con esa violencia por vía policial o militar. Incluso la fuerza G5 Sahel parece consciente de ello, y de ahí que su lema sea “Seguridad y Desarrollo”. Pero no parece que ni sus promotores ni sus responsables hayan aprendido aún que seguridad es algo más que medios militares, y que desarrollo es mucho más que cheques en blanco para comprar voluntades.

 

IMAGEN: Mapa de los países de la región del Sahel. Créditos: The Conversation / Zenobia Ahmed (CC BY-SA)

 

Conoce los próximos Diplomas y Cursos Virtuales que desarrollaremos a partir de septiembre de 2020

 

 

El próximo 1 de julio, a las 17h, celebramos el seminario ‘’Localización y liderazgo de organizaciones de mujeres en la respuesta humanitaria a la COVID-19’’.

Hace ahora 4 años que las agencias de Naciones Unidas, ONG y gobiernos donantes se reunieron en la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul. En ella se establecieron múltiples compromisos en relación con la igualdad de género, el cumplimiento de los derechos de las mujeres, su incorporación a las esferas políticas, humanitaria y de desarrollo y su empoderamiento. Fruto también de esta cumbre fue el Grand Bargain, acuerdo por el cual los donantes se comprometían a que al menos el 25% de los fondos destinados a acción humanitaria se gestionara por actores locales y nacionales de la manera más directa posible, lo que se ha venido conociendo como localización.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve el valor de algunos de los temas abordados en esta cumbre, destacando de entre ellos, la importancia de la respuesta local. Durante los últimos meses las organizaciones humanitarias, tanto internacionales como nacionales y locales han movilizado todos sus recursos disponibles para hacer frente a los efectos inmediatos de esta pandemia, aunque como en la mayoría de las crisis, estos no son suficientes.

El objetivo de este seminario es proporcionar un espacio análisis sobre la importancia de la incorporación del enfoque de género y feminista en la respuesta a la COVID-19 desde una perspectiva local.

Intervienen:

  • Francisco Rey Marcos, codirector IECAH.
  • Elena Bravo, jefa de la Unidad de Prevención y Evaluación de la Oficina Humanitaria AECID.
  • Cristina Muñoz, directora de programas Alianza por la Solidaridad.
  • Gloria Isabel García Parra, coordinadora humanitaria de Oxfam para Latino América y el Caribe.
  • Clemencia Carabalí, directora de ASOM Colombia.
  • Yolette Etienne, directora de ActionAid Haití.
  • Lakshmi Subramani, directora de ActionAid Liberia.

Modera: Ana Urgoiti, patrona de Alianza por la Solidaridad, especialista en acción humanitaria y género.

Para poder participar en el seminario, puedes inscribirte en este enlace. Además, se podrá seguir en directo a través de nuestro canal de Youtube.