Ya disponible para su visualización ''Los conflictos armados en los tiempos del COVID-19: ¿un alto al fuego inmediato y global?'', celebrada el pasado 5 de mayo a las 12h.

Los conflictos armados parecen haber quedado relegados a un lugar muy lejano en el noticiario diario. Esta situación lejos está de producirse por una tregua, sino que se debe a que el interés por los mismos es prácticamente nulo a nivel global. La crisis de la COVID-19 parece haber eclipsado al resto de problemas y amenazas que enfrenta el mundo.

La ausencia de liderazgo y capacidad de aquellos actores que podrían presionar para lograr un alto el fuego podría estar inclinándose a favor de algunos gobiernos y actores violentos no estatales. Todo ello mientras la comunidad internacional parece concentrada en responder a una amenaza que, aunque en una escala diferente, es global.

En esta sesión, moderada por Juan A. Rodríguez, contamos con la participación Mabel González Bustelo, periodista y asesora del Centro Noruego de Resolución de Conflictos y Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del IECAH.

 

También puedes acceder a la lista de reproducción del Ciclo completo a través del siguiente ENLACE.

 

 

Para Blog Elcano.

 

Añadido a su condición de cuarto ámbito de competencia geoestratégica entre las grandes potencias desde la Guerra Fría –junto al terrestre, naval y aéreo–, la exploración lunar y la carrera espacial suman ahora un nuevo factor: la explotación comercial del espacio, comenzando por la Luna. El próximo día 27, por primera desde el final del programa Space Shuttle (8 de julio de 2011), Estados Unidos volverá a enviar una tripulación al espacio desde su propio territorio (el Centro Espacial Kennedy) y con sus propios vehículos (una nave Crew Dragon desde un cohete Falcon 9).

Lo que podría parecer en principio una misión casi rutinaria, dado que su destino es la Estación Espacial Internacional, es en realidad un paso significativo en el intento de Washington por volver a liderar una carrera que no solo apunta a nuestro satélite, sino que también tiene a Marte y más allá en el punto de mira. Un destino al que también aspiran otros competidores, en un renovado esfuerzo por hacerse presentes en el espacio tanto desde el punto de vista militar (con la Fuerza Espacial rusa, creada en junio de 2001, y la de EEUU, en diciembre de 2019) como en el puramente comercial y tecnológico.

Hasta ahora, solo doce personas han pisado la Luna en misiones emprendidas por Washington y Moscú. Pekín entró en la carrera en 1992 con un programa que le permitió poner un astronauta en órbita, en 2003, y que hasta ahora le ha llevado a realizar once misiones tripuladas. Por su parte, Nueva Delhi está a punto de sumarse a ese exclusivo grupo con su programa Chandrayaan, iniciado en 2008, con idea de lograr (a la tercera) el alunizaje de una sonda en el inexplorado polo sur de la Luna en 2021. En definitiva, todos ellos (sin olvidar a Israel y otros aspirantes menos maduros) afinan sus planes para relanzar una carrera que tiene en mente la existencia de variados y muy importantes yacimientos de titanio, hierro, aluminio, tierras raras y muchos otros minerales y, sobre todo, Helio-3 proveniente del viento solar, y cada vez más atractivo en procesos de fusión nuclear. En un entorno todavía por explorar y explotar, no solo se piensa en extraer recursos para su utilización en la Tierra, sino, más aún, en obtener combustible que permita aventuras espaciales de más largo alcance.

En el caso estadounidense, ya en diciembre de 2017 Donald Trump firmó la orden presidencial para que la NASA pudiera llevar nuevamente astronautas a la Luna, tras el arranque del programa Artemis en 2010. El altísimo coste (estimado inicialmente en unos 135.000 millones de dólares) llevó a explorar las posibilidades de colaboración con empresas privadas que ya estaban entrando en ese sector de actividad, y de ahí ha salido esta primera misión conjunta entre la propia NASA y SpaceX. Para llegar a este punto, en mayo del pasado año la NASA recibió un aporte adicional de 1.600 millones de dólares, añadidos a su presupuesto anual de 10.700 millones. Con este nuevo impulso se hace más factible que, efectivamente, EEUU pueda volver a pisar nuestro satélite en 2024 (no lo hace desde el final del programa Apolo, en 1972), y contar con una estación espacial lunar en 2028. Entretanto, el nuevo cohete SLS –el más potente en toda la historia espacial estadounidense– y la nueva cápsula Orion van completando sus pruebas hasta el lanzamiento de la primera misión, prevista en principio para 2021.

Por su parte, China es quien parece haber alimentado más que ningún otro ese afán espacial, con su programa Chang’e (2007). Si ya en enero de 2019 fue el primero que alunizó en la cara oculta de la Luna, el pasado día 5 lanzó un cohete Changzheng 5 (Larga Marcha 5B), con un prototipo de nave espacial no tripulada que logró entrar en órbita, y que debe servir para futuros viajes a la Luna y para instalar su futura estación espacial Tiangong (Palacio Celestial), que espera tener ensamblada para 2022. Como colofón a sus planes lunares, Pekín ya ha dado a conocer su intención de contar allí con una colonia permanente en 2030; mientras que este mismo año espera lanzar una sonda que debe aterrizar en el suelo de Marte.

Mientras poco se sabe actualmente de planes similares por parte de la Unión Europea, Rusia planea lanzar en octubre de 2021 la nave espacial Luna-25 para estudiar el suelo lunar, tras un paréntesis de 45 años. A eso le seguirá el alunizaje de cosmonautas en 2035 y la creación de una base lunar en 2040.

En paralelo, queda por ver cuál será el desarrollo de la iniciativa de la administración Trump, conocida como Artemis Accords. En esencia pretende negociar con algunos Estados como Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido y Japón un acuerdo para desarrollar actividades mineras en el suelo lunar. Es evidente que Washington aspira a tomar ventaja en la competencia con China, pero no resulta nada fácil que pueda contar con su apoyo y el de otros países como Rusia que no está entre los implicados en la iniciativa estadounidense para ir más allá de lo que determina el Tratado del Espacio Exterior de 1967, permitiendo la fijación de “zonas seguras” en cada potencial explotación, con el objetivo formal de evitar fricciones entre competidores, pero que apenas esconde el  intento de imponer la soberanía nacional en nuestro satélite común.

 

IMAGEN: Salida de la Luna desde la Estación Espacial Internacional (2016). Foto: NASA/Kate Rubins (CC BY-NC 2.0)

 

 

Para Blog Elcano.

 

Al igual que ocurre en muchos otros focos de conflicto, la violencia no solo no cesa en Libia por el estallido de la pandemia, sino que incluso se incrementa. Aprovechando la generalizada desatención provocada por la necesidad imperiosa de estar pendiente de lo que ocurre en cada casa, los actores directamente implicados en el conflicto, y sus apoyos externos, aceleran sus apuestas, convencidos de que la COVID-19 les ofrece una magnífica oportunidad para lograr imponerse a sus adversarios o, al menos, ganar posiciones de ventaja para cualquier esfuerzo negociador que pueda plantearse en el futuro.

Así se entiende que el autodenominado mariscal Jalifa Haftar, al frente de una milicia tan potente como el Ejército Nacional Libio (ENL), se haya atrevido el pasado 27 de abril a declarar que acepta el “mandato popular” para tomar el poder en Libia. Aunque el anuncio vino acompañado de una supuesta voluntad para establecer un cese de hostilidades durante el Ramadán, en línea con el llamamiento general realizado por el Secretario General de la ONU el 23 de marzo, no era difícil entender que Haftar deseaba contrarrestar una dinámica que no se ajusta a los propósitos que lo llevaron a lanzar, en abril del pasado año, una ofensiva en toda regla para provocar la capitulación del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), localizado en Trípoli.

El problema para Haftar es que esa declaración no solo no ha tenido hasta el momento ningún efecto práctico, sino que le ha creado varios problemas añadidos. El primero es que, al descubrir tan abiertamente sus ansias de poder apelando a un supuesto mandato popular no solo etéreo sino totalmente inexistente, acentúa las fracturas internas en Tobruk. Teóricamente al menos, Haftar es un jefe militar subordinado a la Cámara de Representantes, con Aguila Saleh a la cabeza, transformada por el acuerdo de Sjirat (diciembre de 2015) en la asamblea legislativa del GAN. Pero, con su estentórea declaración del pasado abril, Haftar ha querido dejar claro que no se subordina a nadie y que no está dispuesto a quedarse relegado en ningún proceso negociador como el que Saleh estaba intentando reiniciar en contacto con la ONU.

Por si eso fuera poco, su gesto tampoco parece haber contentado a Rusia, uno de sus principales valedores –junto a EAU, Arabia Saudí, Egipto y hasta Francia–, como se deriva del despliegue de varios miles de mercenarios del grupo Wagner al lado del ENL en su operación de asedio a la capital, actuando como francotiradores y como combatientes de primera línea. Porque una cosa es que Moscú desee contar con un hombre fuerte al frente de Libia, y otra muy distinta es que confíe en alguien como Haftar, muy próximo a Washington en el arranque del conflicto, y con un perfil antiislamista que ya le ha costado varios desplantes a las directrices emanadas desde el Kremlin.

Más allá de los sueños de poder que pueda albergar Haftar, la cruda realidad le muestra que, cuando ya han pasado trece meses desde el lanzamiento de su ofensiva, su objetivo de doblegar la voluntad política de Fayez al Serraj, presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), y la capacidad de resistencia de las milicias que lo apoyan, con la de Misrata en primera línea, sigue siendo una entelequia. Es cierto que hoy Haftar ya domina la Cirenaica, Fezzan y buena parte de la Tripolitania. Pero no lo es menos que ni siquiera con los mercenarios rusos ha logrado su objetivo militar, ni poner la Compañía Nacional de Petróleo y el Banco Central a su servicio.

Y buena parte de culpa la tiene el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, al aumentar el nivel de su implicación militar en el conflicto, al lado de los combatientes alineados con el GAN. Hoy se estima que más de 11.000 milicianos sirios –reclutados entre las milicias que Ankara ha estado apoyando en el contexto del conflicto sirio– están desplegados en Libia. Pero lo que, de manera más clara, ha frenado la ofensiva del ENL es el creciente uso de drones armados proporcionados por Turquía, lo que ha revertido la superioridad aérea de la que disfrutaban las tropas de Haftar hasta hace apenas unas semanas. De ahí que Serraj pueda no solo evitar la claudicación, sino que sus leales hayan podido recuperar en abril ciudades próximas a Trípoli, como Sorman y Sabratha, así como pugnar por hacerse con el control de la base aérea de Al Watiya, en poder de Haftar prácticamente desde agosto de 2014.

Aun así, la actual relación de fuerzas sigue siendo favorable al ENL y el apoyo turco- junto con el que le prestan a Serraj tanto Qatar como Italia –no es suficiente para revertir la balanza a su favor en su sueño de consolidarse como un gobierno nacional efectivo. De ahí que, a la espera de ver hasta dónde quieren llegar Moscú y Ankara –socios y rivales simultáneamente–, no haya que perder de vista los esfuerzos de actores externos a varias bandas para regresar en algún momento a la mesa de negociaciones.

 

IMAGEN: Mapa de Libia. Foto: Olga Berrios (CC BY 2.0)

 

 

Para Política Exterior (#195).

 

En mitad de una crisis con perfiles todavía por definir proliferan por doquier los pronósticos más o menos aventurados sobre un mundo que termina y el que le sucederá.  Así, hay quienes ya dan por hecho  el final de la globalización y del neoliberalismo dominante, junto al renacimiento del comunismo y el derrumbe de la democracia frente a un autoritarismo reforzado por el control tecnológico de la ciudadanía. Otros anuncian el final del liderazgo estadounidense, la consolidación de China como nuevo hegemón planetario y la dilución de la Unión Europea en un mero entramado comercial. De todo cabe apuntar o imaginar a la espera de que el tiempo termine por confirmar unas ocurrencias u otras.

Mientras tanto, conviene recordar que, como nos enseña lo ocurrido tras el 11-S o el estallido de la crisis económica de 2008, nuestra capacidad prospectiva es muy limitada. De hecho, si miramos a los augurios sobre lo que pasaría en esos dos momentos históricos y a lo que realmente ocurrió a continuación, podemos constatar cómo, a pesar del notable impacto que ambos tuvieron en la agenda global, no solo no provocaron la reforma de las bases del sistema internacional económico y de seguridad, sino que en cuanto se alivió la inquietud general se volvió, incluso con más empeño, a las andadas.

 

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portada1

Para el Equal Times.

 

Corea del Norte, Irán, Rusia, Venezuela son solo algunos de los países que actualmente están sometidos a sanciones impuestas por diferentes organismos internacionales o países. En cualquiera de sus diversas formas, las sanciones arrastran desde hace tiempo una pésima imagen al considerar, en términos generales, que no solo no logran resultados sino que, además, aun con el argumento de proteger a los débiles terminan por causar mucho más sufrimiento a la población civil que a los responsables políticos y económicos a los que, en principio, van dirigidas. Sin embargo, a pesar de esa generalizada opinión negativa, es un hecho que se recurre cada vez más a ellas.

Por una parte, eso puede significar simplemente que —ante la considerable dificultad para lograr un consenso sobre la conveniencia o la necesidad de aplicar la fuerza, y la consiguiente voluntad política para implementar sobre el terreno lo que se apruebe en un texto más o menos rotundo— se prefiere rebajar el nivel de ambición y optar por cualquiera de las modalidades de sanciones existentes en el intento por resolver una situación que atenta contra la paz y la seguridad internacional.

Por otra, también puede entenderse como el resultado de un creciente convencimiento de que, bien definidas e implementadas, pueden ser un buen instrumento en el amplio abanico de medios con los que se cuenta para resolver los problemas que pueda plantear un Estado que rompa las reglas de juego internacionales, un grupo no estatal o individuos implicados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en actividades terroristas o en comercios ilícitos.

Pero también cabe suponer que ese inicial juicio crítico responde a que quizás no se están midiendo bien sus resultados, demasiado lastrados por el escaso balance cosechado con las que se aprobaron hasta la segunda mitad de los años noventa del pasado siglo.

 

Redefinición de las sanciones: ¿menos efectos colaterales indeseados?

Así, cabe recordar que en una primera y larga etapa las sanciones se reducían prácticamente a la imposición de embargos contra determinados países (sirvan los casos de Rodesia —por parte del Consejo de Seguridad de la ONU— y Cuba —por parte de Estados Unidos— como ejemplos clásicos). De hecho, el bloqueo estructural del propio Consejo de Seguridad, derivado fundamentalmente de las tensiones entre Moscú y Washington, y la mayor inclinación al uso de la fuerza en la época de confrontación bipolar hicieron que en aquellos más de cuarenta años apenas en dos ocasiones se llegó a adoptar ese tipo de decisiones (Rodesia, en 1966, y Sudáfrica, en 1977). Se trataba de sanciones indiscriminadas, a las que también recurría ocasionalmente la Comunidad Económica Europea y, más frecuentemente, países como Estados Unidos, que acababan provocando muchos mayores sufrimientos en la población que en los gobernantes cuyo comportamiento se pretendía cambiar (sin lograrlo en la inmensa mayoría de las ocasiones).

 

Pero hay que reconocer que desde aquella época se ha producido un giro considerable, tanto en las modalidades empleadas como en los objetivos perseguidos, sin que nada de eso signifique que se ha logrado cosechar un éxito total o que se haya evitado completamente los efectos colaterales indeseados que castigan desproporcionadamente a la población civil.

 

 Hoy las sanciones —de la ONU a Irak, Irán, Líbano, Libia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, entre otros; o de la UE a Bielorrusia, Birmania, Burundi, China, Egipto, Estados Unidos, Haití, Rusia, entre otros— se entienden como medidas coercitivas que se aplican a gobiernos, grupos no estatales e incluso a personas físicas cuyas actividades suponen una amenaza a la paz, sobre todo con la intención de resolver conflictos, evitar la proliferación armamentística, luchar contra el terrorismo, promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y, más recientemente, proteger a civiles. Por otra parte, ya no se limitan solo ni prioritariamente a forzar un cambio de comportamiento (coercing), sino también a reducir su capacidad de maniobra (constraining) y a denunciarlos públicamente (signalling). Como una opción previa o sustitutiva del uso de la fuerza, van desde los ya mencionados embargos hasta las restricciones de movimientos de determinadas personas fuera del país, la prohibición de actividades comerciales de exportación e importación y las medidas financieras (incluyendo la congelación de activos bancarios). Idealmente buscan maximizar el impacto sobre determinados actores, procurando minimizar el efecto sobre el resto, y aunque habitualmente usan para ello mecanismos económicos, su intencionalidad es siempre política.

Para ello la ONU, que desde el fin de la Guerra Fría ha aprobado 14 sistemas de sanciones, echa mano de los artículos 39 y 41 del capítulo VII de su Carta fundacional. Por su parte, la Unión Europea, que lo ha hecho en 35 ocasiones —catorce de ellas son meras transposiciones de las aprobadas en la ONU, seis añaden sanciones complementarias a las anteriores y otras catorce son propias de la Unión— desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993), las entiende como un instrumento jurídico de la Política Exterior y de Seguridad Común (recogido en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea y en el 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE) para cuya aprobación se necesita la unanimidad del Consejo Europeo. Estados Unidos, por su parte, ha utilizado más de 50 veces este instrumento desde 1979 (Irán), sea por iniciativa del Congreso o de la Casa Blanca, abusando en no pocas ocasiones de su poder fáctico para tratar de imponer extraterritorialmente sus propias normas al resto de países con objetivo de castigar a terceros.

 

Si solo se toma en cuenta el escaso número de veces en los que las sanciones han logrado modificar radicalmente el comportamiento del actor afectado y la existencia de innegables costes que, en ocasiones, superan a los supuestos beneficios obtenidos, la tentación inmediata sería reclamar su eliminación.

 

Pero actuar de este modo supondría perder un instrumento que, con todas sus variantes, resulta necesario en manos de la comunidad internacional para mejorar el nivel de cumplimiento de las reglas que gobiernan el mundo. De otro modo, estaríamos dejando todo el campo de acción política subordinado a lo que logren los buenos oficios de la diplomacia o condenándonos a un empleo de la fuerza que, idealmente, solo debe entenderse como un medio de último recurso. Además, olvidaríamos que, por sí solas, las sanciones difícilmente pueden pretender cambios de comportamiento, sino que, como nos enseña la experiencia más reciente, lo que se debe buscar con ellas es contribuir en mayor o menor medida a la protección de los valores y principios recogidos en el derecho internacional, la paz, la consolidación de sistemas democráticos y del Estado de Derecho y el respeto pleno de los derechos humanos.

En todo caso, también es cierto que necesitan una reformulación para encontrar un mejor equilibrio entre el castigo que incorporan y las garantías procesales y jurídicas de toda persona que pueda verse afectada directamente por ellas. Asimismo, es imprescindible mejorar sus sistemas de aprobación e implementación para lograr el mayor consenso posible, evitando que haya vías de escape para el infractor, aprovechando los intereses espurios de quienes quieran obtener alguna ganancia de su imposición. Eso supone aceptar, igualmente, que no hay un sistema de sanciones de validez universal y que, en cada caso, habrá que analizar con precisión cuál es la modalidad que puede lograr mejores resultados y durante cuánto tiempo se prevé su aplicación. Y, por supuesto, también es preciso evitar a toda costa que la sanción acabe teniendo efectos humanitarios indiscriminados, identificando de manera inequívoca al infractor y preservando de manera clara los derechos del resto de la población.

Desgraciadamente, mientras esperamos a que esas propuestas de reforma se concreten algún día, todavía existen ejemplos, como los de Venezuela o Irán en la actualidad, que parecen caminar hacia atrás. En ambos casos es difícil evitar la sensación de que lo que se hace pasar por sanciones asépticas es, en realidad, la aplicación de una estrategia de acoso y derribo que busca de manera apenas disimulada la caída de sus respectivos gobiernos, castigando a la población civil en mitad de una pandemia. Sin caer en el error de exonerar a gobernantes que acumulan muchas asignaturas pendientes con sus propias poblaciones, es obvio que Washington es el mayor responsable de esta actitud. Pero eso no rebaja la que acumulan, por acción o por omisión, muchos otros gobiernos (incluyendo al conjunto de la Unión Europea), tanto por no señalar a quien lidera esa estrategia, como por dejar de cumplir sus compromisos, al tiempo que pretenden presentarse como defensores sinceros del derecho internacional y de los derechos humanos.

 

 

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