Acoso y derribo a la sociedad civil rusa

(Desde Moscú)
El Registro Federal de Rusia (RFR) acaba de hacer público su veredicto: 3000 organizaciones no gubernamentales (ONG) deberán cerrar sus puertas en Rusia, sin el menor derecho a réplica ni protesta. Indefensas e incapaces de luchar contra la abrumadora burocracia exigida por las autoridades han sucumbido a la montaña de formularios, tampones y firmas que exige la famosa ley de las ONG que entró en vigor en abril de 2006. Un año y seis meses después de su puesta en marcha- y en medio de un generalizado olvido internacional y una vez acallados los titulares en los medios de comunicación- la ley sigue aplicándose de forma implacable, metódica y estudiada.

El texto obliga a todas las ONG establecidas en Rusia a someterse a un largo y costoso registro. Desde el inicio del proceso, los responsables de las organizaciones sin ánimo de lucro han denunciado las enormes dificultades con las que se han topado para cumplir con todos los requisitos, subrayando la naturaleza ambigua del texto, que abre la puerta a la libre interpretación y a la arbitrariedad. En su opinión, los requerimientos han sido extremadamente complicados y contradictorios, y el castigo por su incumplimiento es desproporcionado (o suspensión o liquidación, sin término medio).

El proceso de registro consiste en presentar un abultado informe de unas 50 páginas en el que deben figurar los estatutos de la organización, el lugar y naturaleza de sus actividades, el origen de su financiación y la descripción de sus futuros proyectos. El RFR exige también el pasaporte de los miembros de la ONG y la dirección personal de los fundadores, así como copias de los artículos de prensa publicados en los que aparezca su nombre. Además, el dossier debe de estar debidamente traducido al ruso, obligando a muchas organizaciones extranjeras a pagar sumas considerables por traducciones expertas (de hecho, algunos de esos informes han sido devueltos alegando una traducción incorrecta). Para culminar el proceso, los servicios secretos rusos (FSB, el antiguo KGB) evalúan los documentos para su aprobación.

Los requerimientos van más allá del simple registro anual, ya que las ONG tienen que informar con un mes de antelación sobre cada proyecto que vayan a poner en marcha, y con 10 días de cualquier cambio de planes. Las autoridades pueden paralizar o prohibir un proyecto concreto que, de facto , está en manos de un sólo funcionario, que tiene poder absoluto para denegar su puesta en marcha o su continuidad. De esta manera, el gobierno ruso siempre tiene la última palabra para determinar si una ONG debe a ir a los tribunales por su comportamiento ilegal. La naturaleza inquisitiva de la ley puede disuadir a muchas organizaciones de llevar a cabo determinados programas políticamente sensibles, por miedo a ver denegado su proceso de registro. Está claro que esta legislación pone en entredicho la viabilidad y la libertad de la sociedad civil en Rusia, al tiempo que supone un acoso a los que la representan.

El presidente Vladimir Putin alega que la ley tiene como objetivo prevenir la intromisión de Estados extranjeros en la política interna rusa, y crear condiciones favorables y transparentes para la financiación de ONG. El pretexto, como en tantas otras áreas, es combatir el terrorismo y frenar a los espías que usan las organizaciones sin ánimo de lucro como tapadera (el Kremlin asegura que los servicios de espionaje extranjeros entran en Rusia a través de ciertas ONG). Hace dos años, el director del Servicio Federal de Seguridad Ruso FSB, Nicolai Patrushev, advertía que la inteligencia rusa había frustrado hasta cinco intentos de EE. UU., Gran Bretaña, Arabia Saudí y Kuwait de realizar actividades de espionaje mediante organizaciones no gubernamentales. Según esa teoría, las ONG, mediante redes financieras secretas, serían las encargadas de preparar una caída de Putin en Rusia, intentando provocar una “revolución de terciopelo”, como las que han culminado con gobiernos pro occidentales, como es el caso de Georgia, Ucrania y Kirziguistán.

La consecuencia es que más de 200.000 ONG trabajan ahora bajo lupa en el país; muchas se sienten en el patíbulo y otras 3.000 ya han desaparecido. Un ejemplo de esto último es la difunta Sociedad de Amistad Ruso-Chechena, prohibida por los tribunales porque, según el Gobierno, sus miembros se reunían con terroristas en Chechenia. Sin embargo, en una reciente reunión de la OSCE sobre víctimas de terrorismo, la delegación de Portugal- en representación de la Unión Europea- recordó que esta ONG había sido premiada con el galardón de la Federación de Helsinki de Derechos Humanos por su trabajo humanitario, siendo una de las pocas organizaciones que informaba en Chechenia y en el norte del Cáucaso sobre derechos humanos.

La prensa internacional ha denunciado también varios casos de acoso a otras organizaciones humanitarias, como el de una ONG local de Nijni-Novgorod que estaba organizando para octubre una conferencia internacional en memoria de la periodista asesinada Ana Politkovskaya. Oksana Tchelycheva, la fundadora de la ONG, asegura que la policía ha registrado sus instalaciones y teme que la acusen de un delito de desorden público, tipificado en la nueva Ley sobre Extremismo, que prevé penas de hasta ocho años de prisión. En vigor desde julio de 2007, esta ley fue creada para luchar contra las agresiones de los grupúsculos neonazis en Rusia, particularmente activos. Pero en la práctica sirve, también, para encausar por ejemplo a Piotr Gagarine, un jubilado acusado de haber criticado en público y a gritos a Egor Stroev, gobernador de Oriol, o para procesar a Andrei Piontkovski, conocido politólogo que ha publicado un libro en el que critica al Kremlin.

Ya sabíamos que en Rusia el autoritarismo político, el aumento del nacionalismo y las repuestas arbitrarias a los problemas de seguridad internos perjudican los derechos humanos de los ciudadanos rusos. La clausura de miles de ONG y la vigilancia constante de las que quedan abiertas, supervisadas o dependientes del poder, añade un nuevo instrumento de acoso y derribo a la libertad de asociación, a la libertad de pensamiento, conciencia y creencias, y, en definitiva, a los derechos humanos.