Argentina: ¿que se queden todos?

El actual escenario político argentino no ayuda a creer en el futuro del país. Pocas veces en la historia de las elecciones democráticas, las opciones que la ciudadanía de un país tiene a su alcance ofrecen tan pocas alternativas e ideas como va a suceder el 27 de abril en Argentina. Veinte años de democracia no han producido un sistema de partidos estable que sea capaz de canalizar interpretaciones y proyectos sobre el futuro, planes para la superación de la crisis o simplemente una mínima renovación en las personas que pueden regir los destinos del país. Argentina en estos momentos presenta todos los síntomas de un sistema político enfermo que, debido a su arraigada institucionalización, nadie parece saber cómo superar de modo tranquilo y sin altos costes para el conjunto de la sociedad.

Todo el mundo se pregunta por la crisis argentina y en tan breve espacio es harto complicado resumir los aspectos más importantes de la misma y plantear algunas claves para su superación. Limitémonos a considerar desde un principio que cuando los gobiernos fallan (o incluso aunque acierten) en la aplicación de las políticas, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar eligiendo a nuevos gobernantes con planteamientos diversos en períodos de tiempo estables y previsibles. Esta premisa fundamental de la democracia falla en Argentina pese a estar convocadas elecciones para el próximo 27 de abril. No tienen opciones creíbles a las que apoyar y en gran medida, y pese al «que se vayan todos» generalizado durante el último año medio, los seis candidatos en liza pertenecen al más clásico establishment político del país con lo que, pase lo que pase, será más de lo mismo. En el mejor de los casos, todo seguirá igual y en el peor, podría agudizarse la crisis de modo incontrolable. Recordemos que, según las últimas cifras oficiales, el 57% de la población vive por debajo del nivel de pobreza, el PIB lleva tres años consecutivos de caída (10,9% en 2002) y la inflación anual supera el 40%, mientras que la deuda externa equivale a más del 130% del PIB y la devaluación de la moneda ronda el 75%.

Desde la dictadura militar que el país sufrió entre 1976 y 1983, la recuperación de la democracia se ha basado en la alternancia de dos partidos políticos: el Partido Justicialista (de orientación peronista) y la Unión Cívica Radical. Este último ha situado a dos de sus miembros en la Casa Rosada y ninguno de los dos ha conseguido finalizar el mandato para el cual fue elegido. Raúl Alfonsín dimitió en medio de la hiperinflación y una aguda crisis económica y Fernando De la Rúa lo hizo tras los trágicos sucesos del 20 de diciembre de 2001. Para la elección presidencial que se acerca, el partido como tal y su candidato, Leopoldo Moreau, rondan el 2% de intención de voto. Prácticamente ha desaparecido como partido pero su base social se siente representada (aventuro) por dos candidatos que concurren con fuerzas políticas de reciente creación: Ricardo López Murphy, con el Movimiento Federal Recrear, y Elisa Carrió, con la Alianza por una República de Iguales. López Murphy fue Ministro de Defensa y Economía con De la Rúa y Elisa Carrió, diputada de la UCR durante varias legislaturas. No son, ni mucho menos, caras nuevas en la política argentina.

Por su parte, la izquierda se presenta totalmente dividida en varias candidaturas que van desde el clásico Partido Socialista hasta el trotskismo piquetero, más pretendidamente anti-sistema. Si presentándose bajo una misma candidatura, sus posibilidades de llegar a una segunda vuelta serían mínimas, cabe pensar que con la actual división su presencia será totalmente insignificante. Las movilizaciones populares que se han sucedido desde diciembre de 2001 no han servido para articular ningún movimiento político alternativo a los dos partidos tradicionales. Si bien ha ganado presencia en las calles, no ha incrementado ni su participación en las instituciones ni, aún menos, su posibilidad de conformarse como oposición política más allá del ejercicio de la protesta popular.

El Partido Justicialista ha sido y sigue siendo el mayor partido político del país. En estos momentos entre los tres militantes que se presentan a la elección presidencial acapararían entre el 40% y el 50% del voto. Si no ganase las elecciones se debería precisamente a que no se presenta como tal sino dividido en tres movimientos: el Frente por la Lealtad, de Carlos Menem; el Movimiento Nacional Popular, de Adolfo Rodríguez Saá; y el Frente para la Victoria, de Néstor Kirchner.

Es así que tenemos seis candidatos presidenciales de los cuales sólo uno se presenta bajo las siglas de un partido tradicional (Moreau), que es el único que no tiene la más mínima posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Los restantes cinco candidatos se sitúan en un casi empate técnico sobre el cual es difícil hacer ningún pronóstico previo a la votación, debido a lo impreciso de la industria de los sondeos de opinión de este país. De todos modos, ninguno de ellos superaría el 20% de intención de voto por sí solo, aunque los tres peronistas juntos podrían superar el 50% de unirse bajo un mismo lema.

De hecho, estas elecciones generales se plantean en muchos ámbitos como un traslado a la ciudadanía de las elecciones internas del partido peronista, que ante la imposibilidad de designar un candidato de consenso, ha decidido dar vía libre a lo que se conoce como «neolemas». No presentarse como tal y dar libertad de presentación de candidaturas y voto a sus militantes. ¿Qué partido político responsable se comportaría así en un momento de crisis tan aguda en su país? Probablemente uno que supiese que, teniendo la elección garantizada para uno de sus miembros, prefiere posponer las decisiones partidarias internas al momento de reparto de cargos y prebendas del poder. Nadie duda que llegado el momento de la verdad, sabrán arreglar entre ellos la situación. Han dado buenas muestras de su capacidad al modificar el calendario electoral, adelantando a abril las elecciones que correspondían a diciembre, y salvando de la expulsión del Senado a uno de sus miembros, acusado con pruebas irrefutables de boicotear y forzar la suspensión de las elecciones provinciales de Catamarca organizando actos violentos y quemas de urnas. Los peronistas no entregan a sus miembros a la justicia sino que los juzgan ellos mismos, reproduciendo comportamientos que recuerdan cada vez más a las prácticas mafiosas.

A su vez, Rodríguez Saá y Kirchner son Gobernadores que han modificado las leyes de sus provincias para poder ser reelegidos indefinidamente y Carlos Menem, por todos conocido, no hace mucho tiempo que ingresó en prisión por un turbio asunto de tráfico de armas. Ninguno de ellos tiene un expediente limpio de sospechas de ilegalidad. Y aumentan, a medida que se acerca el 27 de abril, las sospechas de que se puede provocar un fraude o manipulación electoral. Dos candidatos, que pueden perfectamente pertenecer al mismo partido peronista, pasarán a la segunda vuelta el 18 de mayo y uno de ellos deberá asumir como la presidencia el día 25 de mayo, si es que el recuento y las más que previsibles impugnaciones electorales lo permiten. De no ser así, el Presidente del Senado ocupará el cargo hasta que se resuelvan las cuestiones que se planteen, con la debilidad institucional que esto supondría.

Cabrían varias interpretaciones clásicas ante una realidad política tan compleja. La primera nos explicaría que se ha roto el lazo entre la clase política y sus representados (un 84% de la población asegura no confiar en sus dirigentes). La segunda sería el lugar común de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen y deben sufrirlos como castigo por sus culpas. Y una tercera, que comparto más firmemente, que extiende las culpabilidades por la actual situación más allá de una clase política abiertamente corrupta y separada de los modos de actuación democrática, llegando al conjunto de la ciudadanía. Reproduzco literalmente la apreciación de Enrique Noailles, filósofo argentino, cuando asegura que «nuestros representantes, en la medida en que son elegidos, son gratificantes y funcionales a la sociedad que los designa: deleitan secretamente porque absorben como un agujero negro todos los rasgos negativos de nuestra sociedad. Alivian porque eclipsan con su corrupción macro todas las formas de corrupción micro con que nos movemos, protegen de sus desechos oficiando de zona de arrojo de los desperdicios y ponen a salvo de la viralidad colectiva porque permiten eliminar sustancias nocivas del organismo social por la vía de su colocación en la esfera pública»

Sea Menem, Kirchner, Rodríguez Saá, Carrió o López Murphy el próximo Presidente de Argentina, todo apunta a que pocas cosas van a cambiar desde el lado de los poderes públicos. Si Argentina es capaz de salir a medio o largo plazo de la actual parálisis, será cuando la población lo demande, situando en el poder a nuevas fuerzas y nuevos representantes que no reproduzcan los vicios de la corrupción, el caciquismo, la falsedad, la manipulación y la mentira de su clase política actual, absolutamente huérfana de ideas y proyectos. Y nada permite suponer que eso vaya a suceder en un horizonte visible. Las elecciones no supondrán cambios reales sino una nueva redistribución del poder entre los mismos grupos que ya lo detentan, que volverán a actuar legitimados por las urnas. La población no fue capaz durante el mandato de Duhalde (carente de legitimación democrática, al no haber sido elegido por la población) de incidir en un cambio real en la dirección del país y nada indica que acudir a estas elecciones genere alguna esperanza de que eso suceda.