Los riesgos de la chapuza
(Para Radio Nederland)
El conocimiento ayer del informe de la Fiscalía ecuatoriana en el que se pone de manifiesto la manipulación a la que fue sometido el ordenador del líder de las FARC alias Raúl Reyes, vuelve a reabrir, aunque sea de modo parcial, un caso que puso en peligro las relaciones entre Colombia y Ecuador, que amenazó con extenderse por el continente, y que sigue dejando secuelas. El informe aporta pruebas concretas y bien documentadas de algo que se sospechó desde el inicio: que las copias del disco duro del ordenador de Reyes que se entregaron tanto a Interpol como al Gobierno ecuatoriano habían sido alteradas, no correspondían a versiones totalmente fieles del original, y en cualquier caso, en su manejo no se habían seguido las normas y procedimientos periciales internacionalmente aceptados. Y eso puede impedir que esas informaciones puedan ser utilizadas como prueba en eventuales procesos. El director nacional de Informática de la Fiscalía ecuatoriana Santiago Acurio dijo que «desde el punto de vista jurídico y técnico, esa información contenida en los computadores de Raúl Reyes no tiene una validez jurídica en el sentido de que se obtuvo con violación a las normas establecidas en Ecuador». Recalcó que «todas esas violaciones sistemáticas de procedimientos hace que esta evidencia no pueda ser utilizada, sea nula». Es decir, que un aparente triunfo se convierta, gracias a la chapuza, en una posible derrota.
La coincidencia de la divulgación del informe de la Fiscalía ecuatoriana con la continuación de la gira de condecoraciones –en estos días la Cruz De Boyacá- a los participantes en la Operación Jaque, la otra gran victoria del gobierno Uribe frente a las FARC, así como las pruebas de que numerosas desapariciones y asesinatos de jóvenes de barrios marginales involucran a la fuerza pública, nos permite hacer algunas reflexiones más generales sobre las estrategias que se están empleando para combatir a la guerrilla y otras formas de violencia social, y sobre el predominio del «todo vale» frente a cualquier otra consideración. Si además se premia a los que infringen leyes o violan normas o a aquellos que delatan a sus antiguos compañeros, ¿no se está deslegitimando la democracia? ¿No se está transmitiendo un mensaje de impunidad?
En efecto, frente a la posición de algunos sectores políticos y sociales colombianos que desde hace tiempo han defendido el fortalecimiento del estado de derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción y el clientelismo, la superación del caduco sistema político y su reforma, y que han situado en ese marco la negociación con los insurgentes, los aparentes triunfos de la política de mano dura del gobierno Uribe han dado alas a aquellos que no dudan en violar las leyes si con ello consiguen sus objetivos políticos. El famoso fin que justifica cualquier medio. Y ello, más allá de lo que se nos quiera vender como éxitos de corto plazo de la llamada política de seguridad democrática, está teniendo ya efectos nada positivos en la situación de violencia que vive el país. Y está legitimando el actuar de algunos sectores que se apuntan gustosos al todo vale. Esta misma semana se publicaban nuevos datos sobre el desplazamiento forzado que son impactantes. Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, 270.000 colombianos tuvieron que desplazarse en el primer semestre de 2008, lo cual implicó un aumento del 41% frente al mismo período de 2007. Codhes es la entidad más respetada en materia de desplazamiento interno y aunque sus datos han sido cuestionados por el gobierno habitualmente, la mayor parte de organismos internacionales los consideran creíbles. Con esos datos, se llegaría a 4 millones de desplazados por la violencia, el doble de los que reconoce el gobierno.
El hecho de que se contabilizaran 66 desplazamientos masivos, es decir de comunidades enteras que huyen de la violencia, muestra que en algunas zonas rurales se sigue forzando el éxodo y en algunos casos están involucrados en el mismo los llamados grupos emergentes que no son sino una nueva forma de paramilitarismo. Y estos datos contradicen a aquellos analistas colombianos y pintorescos mediadores internacionales que han comenzado a hablar desde hace tiempo del «postconflicto» vendiendo la piel del oso antes de su captura.
Y ya que estamos citando algunos efectos secundarios de ciertas decisiones y chapuzas: tras el aparente éxito de la Operación Jaque ¿alguien se acuerda de los cientos de personas que aún continúan secuestradas?
