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Nigeria: complejidad en el oeste de África

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(Para Radio Nederland)
Nigeria, el país más poblado del continente africano con más de 140 millones de habitantes, se asoma pocas veces a las portadas de los medios de comunicación. Y cuando lo hace, como en esta semana, suele ser debido a algún acontecimiento trágico que esporádicamente llama nuestra atención para caer otra vez en el olvido.

En esta ocasión se ha tratado de la muerte de cientos de personas -cuatrocientas según algunas fuentes – y el desplazamiento de varios miles, debido a los violentos enfrentamientos entre comunidades musulmanas y cristianas en la ciudad de Jos, en el estado de Plateau, en el centro del país. La espoleta, las acusaciones de fraude en los resultados por parte del All Nigerian Peoples Party, liderado por un musulmán, contra el People´s Democratic Party (partido que gobierna Nigeria), liderado por un cristiano, en una zona del país en la que los enfrentamientos entre dichas comunidades son tradicionales.

La gravedad de los hechos – y los precedentes similares, caracterizados por una espiral de represalias y violencia de gran magnitud – motivó, incluso, una rápida reacción del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon llamando a la calma y apoyando los esfuerzos de mediación entre los líderes de los diversos grupos implicados en los enfrentamientos. Otro factor reseñable, y recurrente en este tipo de enfrentamientos, ha sido la violencia desplegada contra la población civil por unas fuerzas de seguridad que actúan con frecuencia indiscriminadamente y con una gran brutalidad.

Pero más allá del detonante de la violencia, sus raíces se encuentran en una legislación y unas normas discriminatorias entre los más de 250 grupos étnicos que pueblan el país. En efecto, con el argumento de preservar la identidad cultural, las tarjetas de identidad nigerianas incluyen información sobre el origen y residencia de cada persona y eso es usado por las autoridades de cada estado para favorecer a los «indígenas» (aquellos que han probado que desciende de abuelos nativos del estado) para aplicar políticas de exclusión en detrimento de los no «indígenas», convirtiéndose de hecho en un freno para la incorporación de los grupos más pobres a ciertos trabajos, y para impedir su movilidad hacia zonas del país con mejores perspectivas económicas.

Estas medidas han ido aumentando con los años el resentimiento étnico y religioso e una población cuyo 70% vive por debajo del umbral de la pobreza y han dado lugar con cierta frecuencia a sucesos como los de la ciudad de Jos, verdadera encrucijada entre grupos cristianos y animistas y colonos musulmanes de lengua hausa procedentes del norte. Los grupos de derechos humanos han llamado la atención en muchas ocasiones sobre los riesgos de estas prácticas y recientemente la delegada de Human Rights Watch para África, Georgette Ganon declaró que «Estas políticas discriminatorias relegan a millones de nigerianos a la condición de ciudadanos de segunda clase e incentivan la violencia étnica y religiosa». La constitución nigeriana fomenta teóricamente la igualdad de derechos de todas las personas y comunidades, pero es frecuente que los líderes de cada estado favorezcan a determinados grupos y empleen una fuerza desmedida, como parece haber ocurrido en esta ocasión, contra los grupos rivales.

La problemática se enmarca, a su vez, en lo que constituye el principal desafío que tiene Nigeria, formulado bajo la etiqueta de la Cuestión Nacional, y que no es otro que la integración coherente y pacífica de los intereses de los diversos grupos comunitarios, étnicos y religiosos, de tal manera que todos ellos se sientan parte del estado nigeriano. Cuestión de enorme complejidad, ya que a la politización de la etnicidad y la religión se añaden los conflictos entorno a los hidrocarburos, en un estado fuertemente centralizado y dirigido por una elite que gestiona a su antojo las enormes riquezas petrolíferas (que suponen el 40% del PIB y el 70% de los ingresos federales).

Producto de lo anterior es el conflicto que desde hace años se vive en la región petrolífera del Delta del Níger, en la que el 90% de sus 20 millones de habitantes viven con menos de un dólar diario y sus tierras están altamente contaminadas. La situación en dicha región no ha hecho más que empeorar con el tiempo y las acciones de los grupos guerrilleros, enfrentados al gobierno federal y las multinacionales extranjeras, se ha ido radicalizando. Hasta el punto que el pasado mes de septiembre uno de los grupos más activos, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, ha declarado abiertamente una «guerra por el petróleo».

Como colofón a lo expuesto, cabe añadir que las políticas diseñadas del lado occidental no han aportado ningún tipo de progreso a las cuestiones descritas. Como consecuencia fundamentalmente de los intereses económicos en juego, las iniciativas hasta la fecha se han centrado en un enfoque de seguridad, liderado por EE.UU. en el Delta del Níger y secundado por las potencias europeas, que ni siquiera se ha traducido en una mayor estabilidad. Respecto a esta región, no deja de ser significativo el que hasta fecha reciente la Unión Europea no haya cobrado conciencia, al menos en su discurso, de que la única vía de solución posible pasa por volverse hacia la población local y atender las verdaderas causas de los problemas.

En cualquier caso, cualquier análisis sobre Nigeria debe partir de la enorme complejidad de un país en el que se están dando al mismo tiempo otras variables sociales, políticas y económicas que deben al menos reseñarse para evitar la simplificación y para entender los retos a los que se enfrenta el país

Entrevista

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