Desastres en Europa: ¿estamos preparados?
(Para Radio Nederland)
La ola de incendios que asola los países del sur de Europa –y que este año amenaza con ser especialmente virulenta-, y la propuesta de decisión de la Comisión Europea de otorgar a Italia una ayuda de 500 millones de euros para las tareas de reconstrucción de L´Aquila, ponen otra vez sobre la mesa las carencias de una de las políticas comunitarias que más está tardando en convertirse en realidad: la protección civil. Y resulta paradójico este retraso de las políticas de respuesta y preparación ante desastres en el plano interno, cuando en el ámbito de la respuesta a desastres y emergencias en los países empobrecidos, la Unión Europea cuenta, desde el año 1991, con un organismo especializado y eficaz como es ECHO (Oficina Humanitaria de la Comisión Europea) que ha acumulado en estos años una enorme experiencia convirtiéndose en uno de los primeros donantes de ayuda humanitaria internacional.
Las tareas de protección civil han sido clásicamente competencia de los Estados y dentro de estos, en muchos casos, de las regiones o instituciones descentralizadas, lo que plantea en numerosas ocasiones problemas de coordinación y de uso eficiente de recursos. La constatación cada vez más evidente de que un gran número de catástrofes no respetan las fronteras estatales y de que, por tanto, deben abordarse de una manera más global, ha hecho que en los últimos años se hayan dado algunos pasos hacia la coordinación y hacia la elaboración de acuerdos de cooperación transfronteriza en esta materia, pero aún de un modo muy lento. Aunque había algunos precedentes, no fue hasta noviembre de 2007 cuando se crea el Mecanismo Europeo de Protección Civil por una decisión del Consejo Europeo que recoge que surge «para facilitar una cooperación reforzada entre la Comunidad y sus Estados miembros en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil cuando se presenten emergencias importantes, o cuando exista un riesgo inminente de estas». Lo más original de la creación de este Mecanismo es que pone en marcha dos organismos que deben potenciar la coordinación: el Centro de Control e Información (CCI) que será accesible y capaz de responder inmediatamente las 24 horas del día y que presta sus servicios a los Estados miembros y a la Comisión a los fines del Mecanismo; y el Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia (SCCIE) que permita la comunicación y el intercambio de información entre el CCI y los puntos de contacto de los Estados miembros.
Hasta la fecha ambos organismos no han funcionado con el peso que se suponía debían tener tras la Decisión que los crea en el año 2007. Hay que decir también que la financiación prevista para las medidas de protección civil en el periodo 2007-2013 es de 198,8 millones de euros lo que no es una cantidad muy grande si pensamos en que se trata de 27 Estados miembros y de un periodo de 7 años. Por ello, siempre que ha habido desastres de gran envergadura, ya sean los incendios forestales del sur de Europa o las inundaciones de Centroeuropa o las Islas Británicas, se discuten otras vías de financiación especial no previstas en este Mecanismo. Y es ahí donde entra la propuesta de la Comisión de dar a Italia una ayuda para la reconstrucción de la zona de los Abruzzos tras el terremoto de hace cuatro meses.
El primer Ministro italiano Silvio Berlusconi aprovechó la reciente reunión del G8 celebrada precisamente en L´Aquila para demandar ayuda internacional para la reconstrucción y algunos países comprometieron sumas importantes en la propia reunión. Desde el punto de vista de los gestos diplomáticos no hay nada que objetar a que Alemania, Japón o España, entre otros, decidieran entregar muchos millones de euros (50 millones de euros en el caso de España) para responder a la petición de Berlusconi. Pero no deja de ser paradójico que un país miembro del G8 y que pugna por codearse con los más poderosos del planeta «pase el cepillo» pidiendo ayuda internacional mostrando al mismo tiempo su incapacidad para iniciar las tareas de reconstrucción de un modo eficaz y a tiempo. Y no deja de ser también curioso que, cuando todos los datos parecen indicar la falta de mecanismos de preparación y de gestión de riesgos y el incumplimiento de la normativa de construcción y del control sobre ella por parte del gobierno italiano, se «premie» su incompetencia con cuantiosas ayudas comunitarias. Los fondos comunitarios deben servir para la solidaridad con cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea afectado por desastres. Pero no debieran servir para sustituir, y mucho menos ocultar, las responsabilidades de los Estados miembros cuando estos no han cumplido con rigor sus obligaciones.
La propuesta de la Comisión debe ser discutida en el Parlamento Europeo lo que plantea a la nueva cámara una excelente oportunidad de avanzar en el desarrollo de políticas coherentes en materia de reducción de riesgos, prevención y respuesta ante desastres, que incorporen criterios claros de actuación y limiten esta costumbre de los Estados de acordarse de Bruselas, como de Santa Bárbara, cuando truena. Y nunca mejor dicho.
