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Más de 100 colectivos pacifistas, organizaciones religiosas y académicas de EEUU urgen a la Secretaria de Estado Hillary Clinton a suspender la negociación para instalar 7 bases militares en Colombia

Los movimientos pacifistas, las organizaciones en defensa de los derechos humanos y el mundo académico estadounidense han depositado sobre la mesa de Barack Obama una nueva prueba de fuego para un presidente que –cuanto menos en su discurso– ha puesto voz y rostro a la esperanza de un sueño americano sin discriminación racial, sin guerras preventivas, sin campañas mediáticas de propaganda bélica y sin más violaciones de los derechos humanos.

En el seno de una sociedad en la que aún siguen abiertas las heridas de la guerra de Iraq, del callejón sin salida de Afganistán y de la Zona Cero del World Trade Center –y en la que muchos todavía se duelen de las cicatrices de Vietnam –, la negociación para instalar siete bases militares de EEUU en Colombia –un país marcado por la guerra y por la violación sistemática de los derechos humanos puesta de manifiesto por diversos organismos internacionales– ha caído como un jarro de agua fría sobre las ideas de aquellos que confían en un cambio de rumbo de la política exterior norteamericana.

Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU encabezados por la organización Fellowship of Reconciliation (FOR) han hecho un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que suspenda las negociaciones de EEUU con Colombia encaminadas a firmar un contrato que permitiría al ejército norteamericano desplegar operaciones militares durante un mínimo de diez años desde siete bases emplazadas en Palanquero, Puerto Salgar, Apiay, Meta, Malambo, Cartagena y Málaga Bay.

Este plan ha provocado un aluvión de protestas procedentes de diversos países latinoamericanos, incluidos debates en la propia Colombia, que se erige como el mayor receptor de ayuda militar de EEUU de todo el hemisferio, con un balance de más de 5.000 millones de dólares desde que en el año 2000 iniciara su andadura el controvertido Plan Colombia. Los principales presidentes latinoamericanos han manifestado su oposición al incremento de la presencia militar norteamericana en Colombia. Desde su punto de vista, la ficha de ajedrez con la que durante las últimas semanas ha estado coqueteando la Administración Obama podría desatar una tensión internacional de consecuencias impredecibles en un tablero ya de por sí convulsionado en la Región Andina.

En una carta entregada esta misma semana a la Secretaria de Estado, las mencionadas instituciones advierten que resulta "racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad" debido a un historial de operaciones militares más allá de las fronteras, a violaciones del recién expirado acuerdo de la base Manta en Ecuador, los deseos del Pentágono de desplegar en la región "operaciones de contingencia" –un término tan ambiguo como sospechoso – y el desastroso balance que han dejado tras de sí varias décadas de intervenciones militares de EEUU en Latinoamérica y El Caribe.

La misiva remitida a Hillary Clinton subraya que "para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano". Las organizaciones firmantes aducen que las fuerzas armadas colombianas, respaldadas por la ayuda de EEUU, "han asesinado a 1.700 civiles desde 2002" en actos que el Informe Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales calificó recientemente de "asesinatos premeditados de civiles inocentes a sangre fría en busca de un beneficio".

El sentir de los sectores pacifistas estadounidenses es que el Plan Colombia no ha sido capaz de frenar un ápice el impacto del narcotráfico y del consumo de cocaína en EEUU y que, sin embargo, ha puesto en duda a su país involucrándolo en los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos en Colombia, donde la escalada de violencia y las operaciones militares han provocado que, sólo en el último año, más de 380.000 personas se hayan visto forzadas a abandonar sus hogares hacia un lugar y hacia un destino inciertos. Además, determinados analistas temen que el acuerdo de las bases militares suponga para el Gobierno de EEUU una trampa sin salida debido a la cual se vería irremediablemente vinculado a las tensiones que el Gobierno Colombiano pudiera ocasionar con los estados vecinos.

Tanto Hillary Clinton como Barack Obama tienen en su mano la oportunidad de demostrar si su carta de presentación frente a América Latina vuelve a caer en los errores del pasado o si, por el contrario, el esperado cambio en la Casa Blanca implica realmente la sustitución del lenguaje imperialista de los bombarderos por la fuerza de la palabra, el diálogo intercultural sin cláusulas de supremacía y el entendimiento de igual a igual con sus vecinos de América Latina.