INFORME

 

 

Para Fundación Friedrich Ebert

 

¿Es el mundo hoy más seguro que al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945? Hay respuestas cuantitativas que indican que lo es, porque hay menos víctimas mor-tales en los conflictos armados, y respuestas cualitativas, que varían según el lugar del mundo y la situación social en que se vive. También hay diferencias según el concep-to de seguridad que se utilice. ¿Seguridad en el sentido de guerras entre Estados o seguridad ciudadana frente al crimen organizado? ¿Seguridad económica y medioam-biental que facilite una vida digna en el presente y para las generaciones futuras? ¿O sentirse seguro según la iden-tidad o el género? A su vez, el interrogante se relaciona con la mayor o menor fortaleza del orden internacional para regular el cumplimiento de normas colectivas, y las relaciones entre Estados.


La seguridad es un concepto vinculado con los riesgos que enfrenta un individuo, grupo social, Estado u orga-nización institucional. Esta diversidad de agentes otorga un alto grado de subjetividad a las manifestaciones de inseguridad. Así, la seguridad puede significar, según di-versas interpretaciones, preservar valores, estar libres del flagelo de la guerra y del temor a la misma, mantener la soberanía territorial y las estructuras del Estado o garan-tizar la emancipación de diversas formas de explotación (Collins, 2019, pp. 1-3).


Millones de ciudadanos viven en contextos de alta in-seguridad debido al impacto de los conflictos armados y la criminalidad organizada. Así lo indica el número de víctimas mortales y heridos, la pérdida de bienes básicos, los desplazamientos de población, las crisis humanita-rias, las violaciones de derechos humanos, la opresión a minorías, la coerción por parte de bandas armadas, el reclutamiento de menores y la violencia sexual, entre muchas manifestaciones. Del mismo modo, otros millo-nes de personas viven en situación de inseguridad no convencional (o no militar) como producto del cambio climático, la desigualdad y la pobreza, la informalidad laboral, y la falta de acceso a servicios básicos (alimen-tación, salud, vivienda, educación, trabajo, derechos ci-viles y humanos). Esta inseguridad, tanto en los países del norte como del sur, implica no tener una vida digna.


En una serie de Estados considerados frágiles o en crisis institucional estructural estas circunstancias confluyen y acentúan la vulnerabilidad y la inseguridad. Según la Or-ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-cos (2020), un 23 % de la población mundial habita 57 Estados en contextos políticos, económicos, medioam-bientales y sociales frágiles, en los que se concentran, además, violencias de diferente tipo (urbana, criminal, familiar), conflictos armados y una fuerte presencia del crimen organizado.


En una dimensión global, el rearme y la debilidad de los acuerdos internacionales sobre control de armas de des-trucción masiva (nucleares, químicas y bacteriológicas), unidos a la fragilidad del sistema multilateral, generan mayor inseguridad, inclusive en sociedades no afecta-das por conflictos armados o por altos niveles de vio-lencia criminal. Un indicador clave es la proliferación de armas. Según el Small Arms Survey (Small Arms Survey Reveals: More than One Billion Firearms in the World, s. f.), basado en cifras oficiales, en 2017 había más de mil millones de armas de fuego en el mundo, de las cuales 857 millones (85 %) estaban en manos civiles —46 % de estas, concentradas en Estados Unidos—, 133 millones (13 %) formaban parte de arsenales militares y 23 millo-nes (2 %) eran propiedad de agencias estatales.


El presente texto presenta una síntesis de la inseguridad global, con especial atención a los conflictos armados, el crimen organizado y sus impactos (crisis humanitarias, refugiados, violencia sexual), y la relación entre las cri-sis del Estado, la desigualdad, la pobreza, el cambio cli-mático y la violencia, con énfasis en América Latina y el Caribe.


En primer lugar, se tratan las tensiones entre potencias globales, haciendo hincapié en la posesión de armas de destrucción masiva. A continuación, se explican los peli-gros de la guerra entre Estados, para luego detenerse en los conflictos armados internos (los más frecuentes en la actualidad) y sus características e impactos. Después se presenta una síntesis sobre el crimen internacional or-ganizado, antes de pasar al impacto de la violencia no convencional y finalizar con una serie de conclusiones.


Los argumentos centrales son, en primer lugar, que las políticas de seguridad basadas en el interés nacional (denominadas realistas en los estudios de relaciones in-ternacionales) aplicadas por los Estados no garantizan la seguridad, sino que, por el contrario, sostienen un régimen basado en equilibrios inestables y promueven el rearme. Al mantener globalmente este paradigma, los Estados no lograrán resolver los problemas de se-guridad multidimensional (Tickner, 2020). Al contrario, la creciente sofisticación de los armamentos y nuevas formas de guerra pueden generar nuevas competen-cias entre potencias globales y regionales, deteriorar los equilibrios de poder y aumentar las posibilidades de enfrentamientos.

En segundo lugar, el sistema multilateral (también de-nominado liberal), que se formó a finales de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra debilitado para gestionar enfrentamientos o situaciones potencialmente violentas. Las razones de la debilidad son diversas, incluyendo la crisis de hegemonía global de Estados Unidos; el ascen-so de China; la complejidad de dinámicas regionales (por ejemplo, en Medio Oriente), que incluyen cuestiones de identidades excluyentes, autoritarismos políticos, radica-lismos religiosos violentos, y el resurgimiento del nacio-nalismo frente al multilateralismo.


En tercer lugar, los conflictos armados actuales no res-ponden al modelo tradicional de la guerra entre Estados con ejércitos profesionales, sino que ocurren, en su ma-yoría, entre Estados y organizaciones armadas no esta-tales (y grupos privados de seguridad) que no respetan el derecho internacional humanitario (DIH), cuentan con estructuras flexibles, jerarquías difusas que facilitan la impunidad, lealtades políticas variables e intereses eco-nómicos (generalmente ilícitos) fluidos.
En cuarto lugar, la militarización, con políticas de “mano dura” implementadas por diversos gobiernos (Diamint, 2020), tampoco provee seguridad, debilita el principio del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado, fortalece al poder militar sobre el civil, y crea dinámicas violentas de acción y reacción. Todo ello resta recursos y capacidad política para ocuparse de los pro-blemas que generan delincuencia y reformar las fuerzas de seguridad del Estado.

 

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