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Para elperiódico.com

 

No puede decirse que sea una verdadera sorpresa la declaración militar del estado de emergencia en Birmania por un año y la detención de Aung San Suu Kyi, gobernante de facto y lideresa de la mayoritaria Liga Nacional para la Democracia (LND), del presidente Win Myint y de varios ministros. La asonada decidida por el general Min Aung Hlaing, jefe del Tatmadaw, las fuerzas armadas birmanas, coincide con el día en el que tenía que haberse constituido el Parlamento salido de las elecciones del pasado 8 de noviembre, en las que la LND obtuvo el 83% de los votos, un respaldo aún mayor del logrado cinco años antes y, en paralelo, se registró un descalabro total del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), promovido directamente por los uniformados tras el fin de la dictadura en 2011.

 

Tras una amarga convivencia política en la pasada legislatura, los jefes militares entendieron que su poder estaba menguando, a pesar de mantener una de las dos vicepresidencias, los tres ministerios relacionados con la seguridad, el 25% de los escaños parlamentarios y un notable poder económico. Así, desde el mismo día de las elecciones, venían de denunciando los resultados y los rumores de un posible golpe de timón cobraban fuerza. Lo que ahora ha ocurrido, con un jefe militar a punto de jubilarse y reacio a abandonar la escena política, ha sido tan solo la respuesta de un estamento ansioso por volver a tomar todo el poder en sus manos ante el fracaso de su acción política. Igualmente les inquietaba que Suu Kyi -a pesar del desprestigio internacional acumulado por su pasividad durante la crisis de la minoría musulmana rohinyá- se haya visto reforzada en la escena política nacional, aumentando su respaldo popular incluso entre minorías no budistas, lo que, en definitiva, hacía más difícil poder controlarla.

 

Las reacciones también están siendo las previsibles, con una llamada de la propia Suu Kyi a la movilización ciudadana y una generalizada condena internacional -lo que no significa voluntad política para intervenir de modo directo, a la espera de ver cómo reacciona Biden en su primera prueba en el exterior, pero también una China que ha ido acumulando influencia en estos últimos tiempos-. Ideológicamente, tanto la LND como el USDP comparten el mismo tono conservador de sus propuestas, alimentando un nacionalismo budista cada vez más extremo. Pero en el terreno de las capacidades son los militares quienes cuentan con más medios para imponer su dictado, contando con que el Tatmadaw nunca ha asumido la deriva democratizadora que se vio obligado a aceptar tras 25 años de dictadura. Ahora, sin haber perdido gran parte de sus privilegios de clase, el golpe parece indicar que ha agotado su paciencia con el juego político y que teme verse marginado por actores políticos y económicos de nueva hornada.

 

Mientras tanto, el país sigue empantanado en un complejo conflicto violento, con decenas de milicias armadas de perfil étnico contra las que la respuesta estrictamente militarista se ha demostrado impotente. El caso más sonado es que sufre el estado de Rakhine, donde se registra simultáneamente un enfrentamiento violento entre el Tatmadaw y la guerrilla conocida como Ejército de Arakan (creado en 2009), salpicado de continuas y graves violaciones de los derechos humanos por parte de ambos bandos, y el castigo a los aproximadamente 600.000 rohinyás que siguen malviviendo en ese territorio de mayoría budista del que ya han logrado huir otros 700.000.

 

 

IMAGEN: Manifestantes en las protestas contra el golpe de Estado en Birmania. /EFE / RUNGROJ YONGRIT