Los asesinatos de líderes sociales dificultan la paz en Colombia
El cuerpo sin vida de Fernando Asprilla fue encontrado cerca de su casa en Piamonte el pasado 9 de agosto. Dos desconocidos asaltaron su vivienda como si se tratara de un robo violento, aunque sus pertenencias quedaron intactas. Recibió un disparo en la cabeza. Tenía 27 años y era el coordinador de Marcha Patriótica en el municipio.
Fernando Asprilla es uno de los 186 defensores de los derechos humanos, líderes sociales y activistas por el ejercicio de su actividad política y social asesinados en Colombia desde principios de 2016. Una violencia que también afecta a los ex guerrilleros desmovilizados de las FARC con ocho miembros muertos y 4 personas de círculos cercanos desde la firma del cese al fuego. La cara oscura del proceso de paz.
Sobre la mesa del despacho de Antonio Madariaga, entre montañas de papeles, revistas, libros y un termo de café, llama poderosamente la atención un pequeño reloj de arena. En la parte superior están talladas las palabras con un rastro de esperanza y de urgencia necesarias para el futuro cercano: “No más defensores de los derechos humanos muertos en Colombia. Es tiempo de construir la paz”.
Este líder de la plataforma ‘Viva la Ciudadanía’ sabe de ello en primera persona. El pasado 22 de junio, él y otros 11 defensores de derechos humanos de Bogotá y miembros de la Mesa Nacional de Víctimas recibieron amenazas de muerte firmadas por el grupo paramilitar Las Águilas Negras. Y en Colombia, el riesgo de que una amenaza de este tipo se convierta en realidad es peligrosamente elevado.
“Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyándose los vamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa”, se leía en un correo electrónico que recibieron Madariaga y los otros doce, de tono violento y plagado de faltas ortográficas.
Antonio Madariaga viaja en un furgón blindado desde hace más de cinco años por la visibilidad que ha adquirido ‘Viva la Ciudadanía’ .Todo comenzó desde que participaron en las negociaciones de paz de la Habana: “Progresivamente las amenazas pasaron de ser referidas a nuestro trabajo en derechos humanos como referidas a nuestra labor en los Acuerdos de Paz. En este período lo que puedes observar es que son amenazas de sectores de extrema derecha, con más o menos el mismo lenguaje, casi todas dirigidas a personajes públicos, como es el caso de Piedad Córdoba e Iván Cepeda, pero en cuatro yo estoy al lado de ellos.”
Entre las diferentes ONGs, fundaciones e instituciones estatales que los contabilizan, no hay unanimidad en el número exacto de víctimas asesinadas por grupos armados por su labor comunitaria. Una de las cifras más altas proviene de la Defensoría del Pueblo, un órgano que trabaja conjuntamente con la Fiscalía colombiana, que habla de un total de 76 líderes asesinados en 2017. Esto supone la muerte violenta de un colombiano cada tres días.
“Este año también encontramos más de quinientos ciudadanos amenazados por su labor como líderes sociales o defensores de los derechos humanos”, asegura Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo. “El Gobierno, la Fiscalía, todos estamos trabajando para que en Colombia no haya ningún solo líder social asesinado y que no quede sin investigar las causas de su muerte”, dice a el IECAH.
Estas declaraciones chocan con la opinión de Madariaga: “A mí, cinco años después de las últimas amenazas, no me han podido decir que investigaron y saben quienes son los autores, ni porqué. Y han estado la policía, la Fiscalía, la DGI, que supuestamente tienen los datos, las direcciones, los panfletos, la posibilidad de saber la ubicación de los ordenadores de los que son enviados… y sin embargo no encuentran los suficientes resultados. Hay más que antes pero son esfuerzos tremendamente insuficientes.” Además, la mayoría de asesinatos se concentran en zonas mayoritariamente agrarias alejadas de núcleos urbanos, donde la vigilancia de las fuerzas de seguridad es más difícil.
La manera de intimidar a líderes comunitarios ha cambiado a lo largo de estos años desde la aparición del paramilitarismo a finales de los años 80. Ahora provienen de grupos más reducidos relacionados con el narcotráfico y la venta de armas.
Madariaga nos explica que antes, la manera de intimidar a organizaciones del tejido social (sindicatos, fundaciones, partidos políticos) era la de enviar hombres uniformados contra una población para perpetuar una masacre de todo aquel que considerarán aliado de las guerrillas. Como precedente tenemos a mediados de los ochenta al exterminio de más de 3000 personas que pertenecían al partido de izquierdas la Unión Patriotica que nació bajo el calor del acuerdo de paz entre Belisario Betancur y las FARC . Precisamente una de las figuras claves del nuevo partido de las FARC ,Iván Márquez, fue uno de los desmovilizados en los años 80, elegido diputado antes de tener que volver al monte para salvar su vida y convertirse en comandante miliciano. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, unos asesinados, otros exiliados y amenazados, y dos décadas más de violencia en Colombia
A estos grupos paramilitares que provienen de las AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) les interesaba ser reconocidos en sus actos y enviar un mensaje de terror a la población que se opusiera a ellos. Una muestra de uno de los episodios más brutales lo recoge la revista Semana, que relata cómo en 1997 en la región del Chocó caribeño los paramilitares jugaron al fútbol con las cabezas de campesinos acusados de simpatizantes de las FARC, frente al resto de los habitantes atemorizados de Río Sucio.
Madariaga explica que desde la supuesta desmovilización de las AUC en 2006 hay cambios drásticos en este tipo de violencia de una manera mucho más selectiva: “Hoy, el método es el de utilizar a dos hombres en una moto que asesinan a alguien a plena luz del día. Con todo tipo de formas para no ser identificados: con cascos que les cubren los rostros, con las placas de las motos tapadas…”.Desde ‘Viva la Ciudadanía’ identifican un móvil común en todos estos homicidios: las personas seleccionadas tienen alguna relación con la defensa de los derechos humanos, sea la búsqueda de la pacificación de territorios, en la tenencia de tierras, por el medio ambiente, contra la minería en espacios protegidos o de colectivos feministas.
Tal y como explica el uruguayo Raúl Zibechi, investigador en comunicación social, en la revista Brecha, esta violencia es sistemática: está dirigida expresamente contra los sectores sociales organizados, y se da en varios países de la región como México y Guatemala. Así mismo, estos ataques son mucho más difusos porque las organizaciones que los cometen no tienen mandos jerarquizados.
La Policía Central de Bogotá no reconoce como tal la existencia de organizaciones armadas como el Bloque Capital las Águilas Negras, a pesar de que firman las amenazas y se conocen casos de violencia en el sur de capital desde hace varios años. Hacen lo que ellos llaman “limpieza social” en Ciudad Bolívar, uno de los distritos con mayor pobreza de Bogotá, donde persiguen a todo aquél que considere contrario a sus ideas políticas, especialmente las mujeres puesto que se oponen a cualquier labor pública por parte de ellas. El mail de advertencia de finales de junio, por ejemplo, insta a las mujeres líderes sociales “a quedarse quietecitas en casa y a no meterse en política”.
Con la desmovilización de las FARC, se han intensificado los delitos y actividades de otros grupos armados en muchas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de minería ilegal y el tráfico de drogas. En este nuevo escenario hay territorios que fueron controlados por el grupo guerrillero que ahora quedan vacíos y cuyo control es disputado por organizaciones vinculadas a todo tipo de negocios al margen de la ley. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un 90% de los asesinatos se produjeron en zonas vinculadas con actividades ilícitas llevadas a cabo por grupos armados más pequeños que toman las zonas antaño controladas por la insurgencia.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo no establece unas claras causas comunes por las que se cometen estos homicidios: encuentran motivos diferentes en cada situación que deben ser investigados de manera individual por los fiscales, y no una persecución sistemática. Carlos Alfonso Negret Mosquera mide mucho las palabras que pronuncia en la conversación con este medio: “Desde la órbita de la Defensoría del Pueblo lo que no podemos determinar es el móvil. La Fiscalía, a través de la doctora Martina Rivero, ha venido trabajando con un grupo de fiscales para determinar los móviles de estos homicidios y estas amenazas. Nosotros damos el reporte, verificamos el aviso y se lo entregamos a la Fiscalía para que comience a trabajar. Continuamente tenemos datos de este organismo sobre los capturados y el motivo de la amenaza o el asesinato de líderes”.
Negret nos explica después cómo el Sistema de Alertas Tempranas permite dar la luz roja en tiempo real para reportar cuando un líder social o un defensor de los derechos humanos es amenazado; después se le entrega un protocolo de protección y se reporta el caso a otros organismos públicos: la Fiscalía, la Unidad Especial de Protección y el Ministerio del Interior. Conjuntamente hay un servicio telefónico de asistencia a víctimas de violencia que está operativo las 24 horas del día. Con más firmeza ,Mosquera defiende que no puede darse esta situación en Colombia, ni tampoco debe normalizarse: “En este país no puede haber ningún homicidio, no pueden haber las amenazas que existen sobre líderes sociales. En este país tenemos que empezar a pensar que no podemos estigmatizar a las personas porque son defensores de los derechos humanos y porque todo el día andan trabajando con las comunidades”.
Pero sí que existen cifras muy altas de impunidad para quienes cometen estos crímenes. Según un informe de 2016 de Amnistía Internacional, en un 90% de los casos la justicia colombiana no encuentra autores de los delitos. Este tipo de violencia produce que se disuelvan los lazos comunitarios, que se limite o se intente limitar los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, asociación, reunión y movilidad.
Durante estos últimos meses organizaciones internacionales reconocidas como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Observatorio Mundial Contra la Tortura alertan de una situación que afecta directamente a las bases sociales del proceso de paz con las FARC. Reclaman mayores medidas de protección para todo aquel que, por su actividad social y de protección del medio ambiente, pueda ver amenazada su integridad física y psicológica. A la par que se refuercen las investigaciones del Gobierno colombiano para determinar los autores de dichos asesinatos y aplicar sentencias judiciales. Que no haya lugar para la impunidad. Además, exigen que cuando se identifiquen los autores o grupos armados que ponen en riesgo a la estabilidad del país existan tribunales independientes y competentes que los juzguen.
“Esto no va a parar. Es una situación que no va terminar debido a que tan pronto terminan las acciones armadas tras los acuerdos, los asesinatos contra activistas de los Derechos Humanos se disparan.¿Por qué? Porque son ellos quienes conocen los territorios, porque precisamente la aplicación de estos acuerdos esta en una relación directa con los problemas que vive la gente en lo local.” Esté es el sombrío futuro del que advierte Carlos Guevara durante la presentación del último informe de ‘Somos Defensores’ donde insta a mejorar la protección por parte de las autoridades.
Madariaga reconoce que las medidas que están sobre el papel parecen acertadas, existe la voluntad política de cumplirlas, pero después hay dificultades llevarlas a cabo. Él mismo viaja con escolta desde hace más de cinco años por motivos de seguridad, tiene una relación directa con la Unidad Especial de Protección y todavía espera que se encuentren los responsables de las amenazas contra su vida. Considera que su “mejor coraza” es la visibilidad pública que le otorgan los medios para poder denunciar la situación en la que se encuentra a la par que mantener buenas relaciones con las diferentes instituciones del estado. Recientemente el Ministro de Interior le expresó su apoyo como acto de solidaridad.
En cuanto al proceso de paz, Madariaga considera que debe funcionar también en el nivel de los sectores comunitarios:“Nosotros creemos que tiene que haber un pacto para sacar la violencia de la vida política y social de Colombia. Si tu miras el acuerdo paz en su conjunto, no solo las 310 páginas que tiene, sino la estructura del mismo tiene un 15% de las medidas son medidas sobre los combatientes pero el otro 85% del acuerdo tiene que ver con cosas de las gente.” Como ejemplos cita las propuestas referidas a ley de reforma integral que afecta a los pequeños agricultores para que puedan trabajar en sus propios terrenos, la erradicación de cultivos ilícitos que afecta a la población rural y como la propuesta Integral de Reparación de las Víctimas incide sobre quienes han padecido décadas de conflicto.
El profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Victor de Currea-Lugo, explica en una entrevista para el IECAH que la paz tiene diferentes niveles: “Tenemos un primer nivel, muy cercano a la visión del Gobierno, que se refiere a la paz como la ausencia de la violencia política por parte de las insurgencias, la entrega de armas y la desmovilización. Las discusiones sobre la realidad social, económica o la apertura política del país se encuentran en un segundo plano de importancia porque esta negociación está más centrada en la reinserción en la vida social de uno de los actores armados”.Y con la transformación del ideario de las FARC en partido político, Currea-Lugo identifica como tercer factor a la agenda social que proviene desde diversos colectivos que buscan una estabilidad económica, política y social en el país: de líderes de comunidades indígenas, de sectores académicos, sindicatos y de organizaciones no gubernamentales.
“Palabras más, palabras menos, uno podría cambiar cosas al preguntarle a un obrero de Cerrejón, a un campesino de Arauca, a un indígena del Cauca o a una recolectora de café del eje cafetero; que lo que van a pedir es lo mismo: salud, educación, transporte, vías, desarrollo, libertades, participación, no más paramilitarismo, no más explotación. Es bastante básico y yo creo que no se puede rascar de ningún lado más allá de que es una agenda común”.
A los líderes, que desde antes del proceso de paz lucharon por una salida política al conflicto, les esta costando la vida. A Narda Bachilón la asesinaron unos encapuchados mientras cenaba con su familia, a Mauricio Fernando López Vélez doce hombres armados le torturaron hasta la muerte en una vereda, a Alberto Román Costa lo mataron cuando veía un partido de su hijo. Ese goteo constante de muertes de ciudadanos colombianos, como la arena que cae con lentitud dentro del cristal de un reloj, debe parar para permitir que el sonido de las palabras prevalezca sobre el ruido de las armas a la hora de solucionar cualquier diferencia.
