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Tras la solemne comunicación del alto el fuego bilateral y otros aspectos relacionados con el fin del conflicto realizada el pasado 23 de junio en La Habana, las noticias que llegan del largo proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP han vuelto al perfil bajo que ha sido habitual durante todo el proceso de diálogo. El foco parece estar ahora en el interior de Colombia y en el mecanismo de refrendación de los acuerdos a través de un plebiscito. La Corte Constitucional ya dio el visto bueno a su celebración y la pugna política entre los partidarios del Sí y del No se anuncia muy dura. Y es preocupante el alto grado de polarización que se vive en el país y el escaso conocimiento y apoyo a lo acordado en La Habana por parte de la opinión pública. Por eso, que lleguen noticias sobre avances, aunque sean puntuales, en lo debatido y acordado entre el gobierno y las FARC-EP, es algo muy positivo. Máxime si es en un tema que ha tardado en incorporarse a la negociación como es del enfoque de género.

Conviene recordar que aunque las conversaciones oficiales entre gobierno y guerrilla comenzaron en el año 2012 la subcomisión de género no comenzó sus trabajos hasta el 11 de septiembre del 2014. Esta incorporación tardía de ciertos temas, también el de víctimas sufrió estos retrasos, no ha impedido que una vez incluidos en la agenda hayan avanzado de una forma sólida. En el comunicado conjunto nº 82 firmado en La Habana el pasado 24 de julio se dice textualmente que: "La inclusión de un enfoque de género en un proceso de paz como éste no tiene antecedentes en el mundo y busca fundamentalmente crear condiciones para que mujeres, y personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado.”

Los temas de género y particularmente los de participación de las mujeres en las situaciones post bélicas sí tienen una larga andadura en los procesos de paz, y la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2000 supuso un hito fundamental. Esta toma de conciencia, al menos teórica de la comunidad internacional sobre este tema, se reafirmó el año 2015 con la aprobación de la Resolución 2242 que concreta mecanismos de aplicación y seguimiento de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en el seno de la ONU.

En el caso del proceso de paz colombiano, como dice el comunicado: “Los aportes de las víctimas que visitaron la Mesa de Conversaciones, 60% de las cuales fueron mujeres, de las 18 organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTBI, de las 10 expertas colombianas en violencia sexual, de las expertas internacionales y de las ex guerrilleras de varias partes del mundo, fueron fundamentales para enriquecer el trabajo de esta subcomisión.” Como han puesto de manifiesto numerosos informes, las mujeres han sufrido de modo muy específico las consecuencias del conflicto armado colombiano y las asociaciones de mujeres como la Ruta Pacífica de la Mujeres llevaban décadas incidiendo para que se reconociera este hecho. También desde el ámbito humanitario hemos insistido en muchas ocasiones en esta afectación diferencial. Por ello, este acuerdo es un avance que debe ser reconocido. Para organizaciones como la Red Nacional de Mujeres, la Corporación Humanas y la Red de Víctimas y Mujeres Profesionales, éste acuerdo “es el resultado de una historia de pequeñas victorias que fueron construyendo un triunfo muy grande: este es el primer proceso de paz que ha incluido un enfoque diferencial.”

De modo resumido, ”la incorporación de un enfoque de género en los acuerdos alcanzados gira alrededor de ocho ejes temáticos: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGTBI para su participación política y social, y sistemas de información desagregados.” En definitiva, se trata de incorporar de modo transversal el enfoque de género a todos los puntos del acuerdo y muy especialmente en los de acceso a la tierra y justicia. En el punto de justicia, aunque ya se había pactado que la violencia sexual es un delito no amnistiable, ahora la Comisión de Verdad tendrá una sala especial de género y la Jurisdicción Especial para la Paz creará un grupo de investigación dedicado a analizar los casos en los que existan delitos contra mujeres, niños y la comunidad LGBTI.

Evidentemente la puesta en marcha de todos estos aspectos será un reto una vez firmado el acuerdo de paz y como dice el documento que puso en marcha el proceso de diálogo “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Pero la incorporación de enfoques de género en el futuro acuerdo es un avance innegable que, en estos momentos de cierta zozobra, se debe resaltar.