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Pese al desconocimiento de la sociedad acerca de la situación que vive Filipinas, el país se enfrenta no solo a desastres naturales habituales o a un problema generalizado de corrupción, sino también a un conflicto que desgarra a la población desde el interior.

Debemos recordar que, según datos de la ONU, Filipinas es el tercer país del mundo más propenso al riesgo de desastres. Así, si tenemos en cuenta este factor, no debería sorprendernos que, en la actualidad, el país afronte las terribles consecuencias del fenómeno climático El Niño. Desde septiembre del año pasado, El Niño ha causado una terrible sequía en el país que se mantiene todavía hasta hoy, aunque sus efectos comiencen a decaer. Puesto que Filipinas confía fundamentalmente en su agricultura, con un 40% de trabajadores dedicados a este sector y una representación sectorial del PIB del 20%, según un informe de la FAO, las consecuencias que esta sequía ha supuesto para la población filipina han sido devastadoras.

Conforme a una infografía sobre el fenómeno climático,  OCHA (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) muestra que, en octubre del año pasado, un 20% de territorio del país se vio afectado por la sequía y, aunque las predicciones anunciaban que alcanzaría a un 85% del país, la cifra se ha mantenido en un 40%. En total, 32 provincias de 81 están sufriendo las condiciones climáticas de El Niño. Solo el año pasado, 65.800 agricultores habían visto afectados sus medios de vida, pero debido al incremento y a la continuidad del calor, el número de personas afectadas ha alcanzado los 181.700 y la economía ha experimentado unas pérdidas de más de 85 millones de dólares. Los principales cultivos estatales, de banana, arroz y maíz, han perdido miles de hectáreas.

Entre las regiones y provincias más afectadas, la región autónoma de Mindanao se encuentra en una situación crítica, ya que supone un 40% del alimento del país y numerosos agricultores de la región ni siquiera han podido sembrar este año. De hecho, varias provincias de esta región, como Maguindanao y Sarangani, se han declarado en “estado de calamidad”, como refleja el Boletín Humanitario de OCHA.

Si bien es cierto que el gobierno filipino ha desplegado una serie de medidas para paliar la situación, el panorama sigue siendo muy grave para la población civil. Entre las principales acciones gubernamentales, se cuenta un mayor suministro de semillas para los agricultores, el uso de bombas de riego y la implementación de técnicas artificiales de siembra de nubes para aumentar las precipitaciones. Otro de los problemas es la escasez de agua. Las temperaturas calurosas y la sequedad del ambiente han provocado que los niveles de los embalses se reduzcan drásticamente y varias regiones se han visto obligadas a establecer racionamientos de agua. Además, puesto que hay zonas en las que la población no tiene acceso a agua potable, los esfuerzos se han encaminado a asegurar el suministro para las poblaciones afectadas.

No obstante, el territorio filipino ya se ha enfrentado a otros desastres climáticos con anterioridad. El año 2013 fue particularmente preocupante para el país, ya que se produjo un terremoto 7,2 en la escala de Richter en la isla de Bohol, que dejó más de 220 víctimas mortales y más de 350.000 personas afectadas, además de destruir infraestructuras y edificios, como hospitales o escuelas. Al mismo tiempo, un análisis MIRA revela que el tifón Haiyan (categoría 5) que pasó por territorio filipino hacia finales de ese año barrió 41 provincias y dejó más de 6.000 víctimas mortales, además de 25.000 personas heridas y 3,4 millones de personas desplazadas. De hecho, dicho tifón se convirtió en la tormenta tropical más fuerte y mortal que se recuerda hasta la fecha en la región. Además, durante el año pasado, la región también vivió las consecuencias de otros dos tifones (Koppu y Maysak). Estos dos últimos desastres no alcanzaron el nivel de mortalidad de Haiyan (58 y 4 muertes, respectivamente), pero sí dejaron miles de personas desplazadas y estructuras y cultivos destrozados.

Por eso, como respuesta al gran número de desastres que acontecen en la región, muchas de las iniciativas nacionales e internacionales en Filipinas pretenden aplicar enfoques de GRRD (Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres) y resiliencia. Con este enfoque, se promueve el fortalecimiento de medidas preventivas en distintos sectores, previo al desastre, para que la respuesta, una vez se produzca el impacto, sea lo más eficiente posible. Dentro de estas medidas, se encuentra formar a los equipos locales y a la población para que se conviertan en sujetos activos y sepan cómo actuar y qué medidas llevar a cabo para minimizar las pérdidas y el sufrimiento humano.

Con respecto a las distintas fases de RRD, el gobierno ha comenzado a utilizar drones durante las fases predesastre y postdesastre, para vigilar las zonas más propensas al mismo, en el primer caso, y analizar y evaluar los daños una vez se ha producido la catástrofe. Por otra parte, el PNUD ha desplegado un programa de ayuda para que el gobierno aumente las capacidades de la población ante estas situaciones. Particularmente, los planes del gobierno se centran en “early warning, early action” (sistemas de alerta y respuesta temprana): es decir, en tratar de alertar a los mecanismos de evacuación lo antes posible para reducir al mínimo las pérdidas humanas. Un ejemplo claro del avance de esta estrategia es el caso del Tifón Melor de finales del año pasado, momento en el que las alertas tempranas permitieron evacuar a 600.000 personas y salvar no solo vidas, sino también medios de vida y activos, según los datos de PreventionWeb.

Además, este esfuerzo nacional se ve complementado con la acción humanitaria internacional, que también se encuentra presente en el desastre y varias agencias de la ONU –como la FAO u OCHA–, el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), el PMA (Programa Mundial de Alimentos) y Community and Family Services International (CFSI), entre otras ONG internacionales y locales trabajan sobre el terreno para ayudar a las personas más afectadas por el impacto climático. Entre los servicios humanitarios desplegados, en colaboración con el gobierno y la población, se proporciona ayuda económica, protección, formación y alimentos, con un mayor énfasis en sectores como el refugio, la seguridad alimentaria o WASH.

Por otro lado, a nivel internacional, el Banco Mundial (BM) ha proporcionado líneas de crédito para los países más propensos al riesgo y que hayan declarado “estado de calamidad”, que entrarán directamente en juego en la fase de reconstrucción y rehabilitación postdesastre. La Unión Europea (UE) y la FIRC (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja), por su parte, desarrollaron un plan de construcción y creación de casas resilientes a las tormentas para algunas de las poblaciones más afectadas por desastres del país. En esta línea de trabajo, la ONG Medair ha llevado a cabo otro plan (“Building Back Better”) para proporcionar casas resilientes a los desastres y, desde el gobierno, se ha implementado un Plan Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres. A nivel nacional, es destacable mencionar que en 2009 se creó la Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF) que desarrolla planes de respuesta y recuperación en las regiones más castigadas por el clima. Particularmente, desde España, la AECID trabaja en las fases de preparación ante desastres a nivel local y sus esfuerzos en los barangay (barrio) de la provincia de Albay, donde ha desplegado una planta potabilizadora y ha entrenado a los equipos de respuesta de la provincia para trabajar con esta tecnología y proteger el suministro de agua.

Un largo conflicto

No obstante, el caos que los desastres naturales provocan en las poblaciones a menudo complementa a otros tipos de desórdenes y conflictos. En el caso de Filipinas, para sumarse al devastador efecto de El Niño y de los tifones vividos en años pasados, la sociedad convive con un conflicto arraigado desde hace años.

En 1969, desde la formación del New People’s Army (NPA), un grupo de insurgentes comunistas, y del Moro National Liberation Front (MNLF), un grupo de militantes islamistas, el país se ha visto dividido en varios frentes de conflicto y lo que es peor, la población se ha topado con un fuego cruzado. Es cierto que el NPA ha perdido fuerza, por la desaparición del comunismo de la escena política internacional, y que, a partir del MNLF, se creó el Moro Islamic Liberation Front (MILF), que en la actualidad es más poderoso que su homólogo, pero, tras varios acuerdos de paz fallidos, la violencia, las víctimas y las personas desplazadas por los choques entre estos grupos insurgentes y el ejército no han dejado de sucederse.

En la actualidad, los grupos insurgentes se han multiplicado y han surgido, además de grupos paramilitares privados y basados en clanes, varios grupos islamistas (como Abu Sayyaf y Bangsamoro Islamic Freedom Fighters), relacionados con Al Qaeda e ISIS, respectivamente. Actualmente, el ejército está negociando un acuerdo de paz con los grupos islámicos, pero, mientras tanto, las escaramuzas se suceden.

La zona más afectada por los conflictos, al igual que sucede con los desastres climáticos mencionados anteriormente, es Mindanao y, tras los 47 años de conflicto que lleva viviendo el país, el cómputo de víctimas ha superado las 150.000 y, solo desde 2000, 4 millones de personas desplazadas han tenido que abandonar por los enfrentamientos, de los cuales alrededor de 63.000, conforme a los datos recogidos por  OCHA, siguen viviendo en centros de evacuación y asistencia. Además, la ONU y Human Rights Watch han denunciado los ataques a periodistas y las amenazas a la libertad de expresión, por una parte, y los ataques de las milicias insurgentes a civiles, por la otra. Ambos ejemplos son claras muestras de que el conflicto está incumpliendo varias normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho de los Derechos Humanos.

Colectivos en situación de especial vulnerabilidad

 

Ante estos dos frentes, es necesario tener en cuenta a los colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y reforzar su participación como sujetos activos en la gestión de desastres y de situaciones de conflicto. En el caso de las mujeres y niñas, es indudable que estas sufren más por enfermedades sexuales y reproductivas, además de que son víctimas comunes de violencia sexual (que se ve incrementada en situaciones de conflicto). Por eso, numerosas ONG llevan a cabo proyectos con el fin de que estas estén preparadas para actuar en situaciones de desastre y que puedan desarrollar las capacidades necesarias para saber qué hacer antes de los problemas y cómo actuar una vez se han producido, como refleja Heifer con su proyecto Disaster Reduction and Gender in Philippines. De la misma manera, los niños y las niñas también quedan indefensos/as en situaciones de peligro y, en este aspecto, el gobierno ha trabajado para aprobar una ley, la Children's Emergency Relief and Protection Act conforme a los datos de PreventionWeb, que permitirá crear planes que aseguren su bienestar en situaciones de desastres naturales.

Por último, un gran número de ONG, como Handicap International, tiene en cuenta también a las comunidades más pobres y aisladas y a personas mayores y personas con discapacidad, que no disponen de los mismos recursos para enfrentarse al desastre. En el caso de Filipinas, las comunidades indígenas de la región de Mindanao, los lumad, se han visto particularmente afectadas por el conflicto: por una parte, los grupos insurgentes intentan reclutarlas, abusan de su población y las expulsan de sus tierras para que trabajen en minería (además de que, en muchas ocasiones, acaban convirtiéndose en víctimas mortales). No obstante, el ejército tampoco es una solución para ellas, pues se han notificado casos de abusos hacia la población indígena por parte de los militares y esto observan a los lumad con sospecha (ya que algunos de ellos colaboran con los grupos insurgentes).

En definitiva, la situación que vive la población filipina y los colectivos más vulnerables es grave y las cifras de víctimas y personas desplazadas son comparables a la de muchos otros conflictos repartidos por el mundo. Sin embargo, el caso de Filipinas, por un motivo u otro, no ha recibido la atención generalizada que sin duda se merece. Queda por ver si el nuevo presidente, Rodrigo Duterte, será capaz de gestionar los acuerdos de paz para acabar con los conflictos y si, como se prevé, la sequía terminará en junio, dos factores que darán un gran respiro a la población filipina.

Más información en:

Mapa infográfico de OCHA sobre El Niño (29/02/2016)

Boletín Humanitario Filipinas, nº4, OCHA (01/04/2016)

Informe especial de la agencia de noticias Irin sobre Filipinas (28/04/2016)

Informe especial de personas desplazadas (por conflicto armado, desastre natural, etc.) de ACNUR y Clúster de Protección 2015.