Fujimori sentenciado. Una luz de justicia ilumina a América Latina

Han pasado algunos días desde que, por primera vez en la historia de América Latina y como pocas veces en la historia reciente de la humanidad, un ex-presidente ha sido juzgado y sentenciado por dos tribunales de forma unánime. Recordemos que Alberto Fujimori había sido extraditado a Perú por decisión de un tribunal chileno que se pronunció, por unanimidad también, a favor de su enjuiciamiento en su país de origen. La razón principal para justificar tal decisión fue la existencia de indicios razonables de haber estado implicado en la comisión de execrables crímenes, tal como ha quedado demostrado, al haber creado junto a su asesor- hoy cómplice- Vladimiro Montesinos, un comando de aniquilamiento en el interior del ejército peruano que terminó acabando con la vida de inocentes.

Inexpresivo y frío, con mirada flemática, Fujimori escuchó la sentencia que le condenaba a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y que hace unos días ha sido ratificada por la instancia máxima de la justicia peruana, en un proceso absolutamente transparente, eficiente en su administración y con altísima calidad intelectual en la argumentación jurídica de la sentencia final. Algo inusual en la justicia peruana, hay que decirlo, pero que puede servir como modelo de que se pueden hacer muy bien las cosas, si las personas e instituciones se lo proponen.

Así opinaban algunos observadores internacionales durante el proceso que vinieron a evaluar:

“Es muy importante que el mundo, a través de los observadores internacionales, pueda venir a ver y darse cuenta de la profesionalidad que hemos visto, que es digna de los juicios más importantes de la historia. El solo hecho de que exista un juicio a un presidente de la república es extraordinariamente ejemplar; le tengo sana envidia a Perú, a los magistrados, a la sociedad” (Juan Guzmán. Magistrado que procesó al dictador Augusto Pinochet – Chile).

“Nos estamos jugando la justicia universal, el comportamiento del Tribunal es modélico. Si se mantienen estos parámetros de funcionamiento de la Sala, merece el reconocimiento internacional, porque se están dando todas las garantías y más de los que exigen los estándares internacionales tanto al acusado como a las demás partes intervinientes en el proceso” (Antonio Doñate. Magistrado fundador de la Asociación Jueces para la Democracia y distinguido con el Premi Justícia de Catalunya- España).

Con los ojos vidriosos por las lágrimas de emoción y expresando una indignación que aún no termina, las madres y familiares de las víctimas de los asesinatos expresaron su satisfacción por la sentencia, que pone fin a un largo proceso de casi 19 años, a través del cual lograron alcanzar justicia. La justicia que tarda no es justicia, dicen algunos juristas, pero para las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, a veces esperar puede ser parte de una lucha que reivindica, que sana y que es vital para sentar precedentes para nuevas generaciones, para nuevos procesos que durarán menos y para sátrapas dictadores que se lo pensarán dos veces antes de ordenar crímenes de inocentes, para luego justificarse diciendo que fueron “errores” o “excesos” durante sus mandatos.

Cabe recordar que el régimen fujimorista fue una dictadura revestida con formas democráticas, que se apoderó del Perú entre 1990 y 2000, año en el que un video descubrió la podredumbre de este régimen plagado de corrupción y violaciones de los derechos humanos, durante el cual prácticamente el gobierno estuvo secuestrado por un grupo de delincuentes disfrazados de generales, ministros, asesores y uno, el principal, de presidente de la república. Las pruebas y las condenas judiciales de éstos el día de hoy, así lo demuestran.

Esta histórica sentencia sigue el ejemplo de aquellas que se pronunciaron contra Slobodan Milosevic o Charles Taylor; constituyendo otro logro de la justicia internacional, puesto que el proceso de extradición desde Chile, a donde Fujimori llegó para intentar volver a Perú luego de ser “limpiado judicialmente”, fue impecable y adecuado al derecho. El vecino sureño de Perú sí actuó como corresponde a los procedimientos internacionales, a diferencia de Japón, a donde Fujimori huyó inicialmente.

Este precedente puede servir para seguir investigando a cualquier presidente que haya cometido o esté cometiendo violaciones de los derechos humanos y piense que un manto de impunidad cubrirá estos delitos. Pongamos el énfasis en que las violaciones de derechos humanos- como ordenar crímenes- son delitos que se pueden perseguir internacionalmente y que no prescriben. Lo anterior nos lleva a recordar que durante el primer gobierno de Alan García, actual presidente de Perú, en la localidad de Accomarca, en 1985, el ejército masacró a 62 personas, de la cuales 23 eran niños. En 1986, más de 118 reos miembros de grupos subversivos fueron ejecutados tras sofocarse un levantamiento en el establecimiento penal de “El Frontón” en Lima. Del mismo modo, en 1988, decenas de campesinos fueron asesinados también por el ejército en la localidad de Cayara. Al actual presidente no se le ha podido probar culpabilidad sobre éstos hechos hasta ahora, recayendo la responsabilidad en mandos menores, pero ocurrieron bajo su primer mandato y no se puede descartar del todo que pueda aparecer alguna prueba que le implique en los procesos.

El ejemplo dado en Perú, un país del que normalmente los medios de comunicación internacionales publican noticias malas o pintorescas, debe servir como acicate para defensoras y defensores de derechos humanos, así como para la población de todo el mundo en el esfuerzo de denunciar y velar por que se haga justicia con los responsables de estos crímenes. Aunque sus perpetradores hayan sido gobernantes de países muy poderosos, deben entender que la justicia tarda, pero llega.