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(Para Radio Nederland)

Tras años de guerra, surge la idea de que la República Democrática del Congo, país que apenas recibe atención mediática, se encamina hacia el desarrollo y la estabilidad.

A la luz de lo que puede deducirse de una visita de trabajo al terreno - trufada de entrevistas con actores muy diferentes, del estudio de los datos disponibles y de las sensaciones directas que puede captar cualquier mirada interesada- la realidad apunta en un sentido bien distinto. Más allá de la fachada oficial de un forzado discurso esperanzador, se impone la inquietud por la suerte de los más de 65 millones de personas que malviven en una situación que deja pequeños los conceptos que solemos manejar para estos casos. No sólo se trata de pobreza, inseguridad, miseria y discriminación. Es todo eso y mucho más, conformando un escenario oscuro en el que resulta difícil ver la luz a corto plazo.

Hablamos de un país que, según las estadísticas oficiales, figura como el segundo más pobre del mundo, con una renta per capita que apenas alcanza a los 173 dólares, una esperanza media de vida que ronda los 50 años y en el que la violencia se ha convertido en un rasgo estructural prácticamente desde su independencia, en 1960. No con sorpresa constatamos que se trata del mismo que, a lo largo y ancho de sus más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, acumula abundantes reservas de minerales muy codiciados en los mercados internacionales, así como potencialidades inmensas en el terreno forestal y agrícola. En ese amplio territorio tratan de convivir más de doscientos grupos étnicos, con una historia reciente (si logramos no recordar la ignominiosa experiencia belga en la época de la colonización) que ha registrado varios intentos de secesión, derivados de la difícil coexistencia de actores con intereses muy diferentes y de la incapacidad de cualquier Gobierno central para imponer ley y orden en un país que carece de una red de comunicaciones que permita garantizar la presencia del Estado en todos sus rincones.

Entre la desesperada lucha por la supervivencia de unos, la codicia de otros y el desinterés de muchos más, se ha ido fraguando una situación que ha incrementado hasta el límite las brechas del subdesarrollo y la inseguridad. Es cierto que, tras años de violentos y sostenidos combates entre facciones internas y actores externos - RDC ha sido el escenario de dos guerras recientes que han provocado muertes y desplazamientos de población a una escala incomparable con cualquier otro país del continente -, hoy no hay batallas militares en el sentido clásico en ninguna parte del país. Pero lo que sí hay es una violencia diaria que sigue matando y obligando a huir permanentemente a colectivos muy importantes, sobre todo en el Este del país (sin que eso quiera decir que el resto viva en calma). El sorprendente acuerdo del pasado mes de enero entre el presidente congoleño, Joseph Kabila, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, nos sitúa ante un panorama aún por descifrar.

Es un hecho que el CDNP - grupo armado tutsi liderado por Bosco Ntaganda, tras la detención de Laurent Nkunda, y apoyado tradicionalmente por Ruanda - ha sido desactivado. Eso no quiere decir ni que su integración acelerada en las altamente desprestigiadas fuerzas armadas congoleñas (FARDC) esté resultando fácil, ni que quepa descartar su implicación en la violencia que asola al Este del país (sencillamente no hay dinero suficiente para asegurar sus salarios y, por tanto, se mantiene su tentación de usar las armas en su propio beneficio). También lo es que las FARDC, con el apoyo de unas no más valoradas fuerzas internacionales de la MONUC, están tratando de quebrar la resistencia del FDLR - grupo armado hutu presente en los Kivus, que Ruanda desea ver eliminado -, seguramente como contraprestación al gesto de Kagame con el CNDP.

Pero, a día de hoy, ninguno de los grupos armados en presencia tiene capacidad para imponer su agenda a los demás. En realidad, ninguno de ellos tiene una estrategia que vaya más allá del puro pillaje y bandidismo - conectado en distintos casos con negocios informales de todo tipo. Mientras tanto, las FARDC acumulan más críticas, tanto por su escaso poder para dominar a las diferentes milicias aún activas, como por su muy directa implicación en la economía informal asociada a la explotación de las riquezas nacionales y en el altísimo nivel de violencia sexual y de robos al conjunto de una población totalmente desasistida y desprotegida. La MONUC no se salva tampoco de esa visión negativa, tanto por su escaso éxito en la protección de civiles, como por su imagen de apoyo a las FARDC que, inevitablemente, son percibidas por la población como uno de los actores del conflicto.

A todo esto se suma, por un lado, una situación económica desastrosa. Baste como ejemplo señalar que en enero de este mismo año las reservas de divisas de RDC no llegaban a cubrir un solo día de importaciones. Por otro, una evidente falta de voluntad internacional para apostar a fondo por encontrar una salida que impida retroceder, como mínimo, a la situación del pasado mes de octubre, sigue retrasando sine die el despliegue de 3.000 efectivos de la MONUC que deben sumarse a los 17.000 ya operativos en el país. Un simple repaso a este conjunto de factores y variables solo puede llevar a la conclusión de que, al menos de momento, no hay futuro para los congoleños.