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Israel parece empeñado en reescribir la historia y en amoldar las leyes a sus propios intereses, más allá de consideraciones éticas o conectadas con los derechos humanos. Así lo acaba de demostrar nuevamente con la reciente aprobación de dos leyes, que hacen referencia al recuerdo del modo en que el Estado israelí fue creado en 1948 y a la situación en la que se quedan en dicho Estado quienes no profesan la religión judía.

A través de una moción presentada por el diputado Alex Miller- que emigró desde Moscú a Israel en 1992, detalle de fino humor- y es miembro de Israel Nuestra Casa, partido liderado por el actual Ministro de Asuntos Exteriores, el Comité Ministerial para la redacción de leyes aprobó el pasado 23 de mayo una ley que permite sentenciar hasta a tres años de cárcel a quienes se refieran a la creación del Estado de Israel como la “Nakba palestina”. Una decisión que afecta de modo muy directo a la práctica totalidad de la población palestina de Israel- que identifica el 14 de mayo de 1948 como el punto de inflexión que vincula a través de la independencia de Israel, la culminación del proyecto sionista de recoger a la diáspora judía en un hogar nacional.
Pero el gobierno actual de Israel no se queda ahí en su intento por enterrar el recuerdo de la historia del territorio en el que han creado su Estado. Pretende, también, que el derecho de ciudadanía de dicho Estado adquiera características cuestionables. En el mismo paquete legislativo con el que pretende encarcelar a quienes reivindiquen una lectura, legítima, de la memoria histórica palestina, presenta también la necesidad de un “juramento de lealtad ciudadana al sionismo”, traducido en la necesidad de que cada ciudadano jure fidelidad al principio de que el Estado de Israel es un “Estado judío, democrático y sionista” y, además, en el cumplimiento del servicio militar o su servicio sustitutorio, so pena de ver revocado su derecho de ciudadanía.

A partir de estos simples apuntes, ¿en qué situación se queda el 20% de población israelí perteneciente a la minoría palestina, cuando existe la posibilidad cercana y real de que se le retire el derecho de ciudadanía si no se proclaman a sí mismos leales sionistas?
Este tipo de reflexiones deberían preocupar no solo dentro de las fronteras de Israel, por lo que supone de cuestionamiento de su propio carácter democrático, sino también en el exterior, a la hora de afinar la orientación de las relaciones con ese Estado. Tomemos el caso de España como mero ejemplo de una dinámica que parece mostrar un deslizamiento preocupante hacia la amnesia interesada.

¿Qué representa la Casa Sefarad-Israel?
La Casa Sefarad-Israel es un consorcio administrativo creado el 18 de diciembre de 2006 mediante acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Su financiación viene, en un 66%, de fondos de nuestro MAEC y entre sus objetivos destaca el fomento de la cultura judía, el estudio del legado sefardí y el impulso de la cooperación entre las sociedades española e israelí.

En ese contexto el análisis de su próxima actividad, financiada con fondos públicos españoles, muestra con claridad el alineamiento que sus promotores están promoviendo a favor de la política actual del Estado de Israel. En concreto, los próximos 16 y 17 de junio se celebra en Madrid el “I  ENCUENTRO JURÍDICO CASA SEFARAD – ISRAEL”, que tratará sobre una cuestión de tan rabiosa actualidad como “jurisdicción universal, crímenes contra la humanidad, derecho humanitario bélico y derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorrismo”.

Se trata de un seminario, recordemos, que versará específicamente sobre una cuestión, no sólo de absoluta y actual controversia, sino que es objeto de estudio por parte de la justicia española. Concretamente por el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que investiga a militares y civiles israelíes por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en gaza en 2002. Los mismos crímenes que dicho seminario pretende revisar. El mencionado proceso judicial, que debe ser independiente, transcurre paralelamente a una propuesta de modificación legislativa que lo paralizaría si finalmente entra en vigor. A la luz de los antecedentes acumulados hasta hoy (tanto de Israel como del propio gobierno español) es difícil imaginar que el seminario señalado tenga como objetivo reforzar la aplicación plena de la jurisdicción universal, sino más bien todo lo contrario.
En definitiva, mientras la justicia española se mueve bajo la amenaza de modificación de una ley que, de hecho, le obliga a actuar (aprobada tanto por el PSOE como por el PP) y bajo las presiones públicas y directas de los líderes israelíes sobre el ejecutivo español, una institución española, con financiación pública, organiza una actividad que a buen seguro cuestionará la competencia española para juzgar los sucesos ocurridos en la Franja  en 2002.

Pero no sólo eso. También se anuncia la participación en dicho seminario de relevantes representantes del estamento judicial español, incluyendo miembros de la propia Audiencia Nacional. Entre otros, el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, los jueces Javier Gómez Bermúdez y Baltasar Garzón, así como Pascual Sala- Magistrado del Tribunal Constitucional-, Javier Zaragoza- Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional- o Ángel Juanes Peces- Presidente de la Audiencia Nacional.
¿Es la Casa Sefarad-Israel un lobby- poco encubierto- financiado por la administración pública española que actúa coordinadamente con las autoridades israelíes en defensa de los intereses- tanto políticos como judiciales- de un Estado como el israelí, cada vez más cuestionado por todo tipo de instituciones de derechos humanos? ¿Seguirán a este seminario sobre jurisdicción universal, en previsible defensa de las posiciones israelíes y pagado por nuestros impuestos, otros similares sobre las anteriormente citadas leyes de lealtad y ciudadanía o de prohibición de conmemorar la Nakba que se debaten actualmente en Israel?

¿Es esto lo mejor que puede hacer España en la búsqueda de una solución justa, global y duradera al amargo y prolongado conflicto que enfrenta a Israel con sus vecinos?