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Más allá de Guantánamo: consecuencias de la colaboración de España en el cierre de la prisión

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Los recientes encuentros entre altos responsables de las administraciones española y estadounidense pueden haber agilizado el que en unos meses veamos llegar a algunos de los presos de Guantánamo a España. Por el momento no tenemos muchos datos del perfil ni de la situación de estos reclusos, excepto que no pueden volver a su país de origen porque correrían riesgo de sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes (el principio de “non refoulement”, reconocido ampliamente por el derecho internacional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Para algunos esta llegada será positiva, al priorizar el compromiso de España con los derechos humanos y con el cierre de una prisión que nunca debió existir, demostrando así el apoyo a los cambios en la política de seguridad y lucha contra el terrorismo de Barack Obama. Para otros, será todo lo contrario, porque los riesgos para la seguridad pueden verse elevados a pesar de que estas personas hayan estado durante años sufriendo torturas con el consiguiente deterioro físico y psíquico producido, y no exista contra ellas pruebas claras de implicación en delitos de terrorismo. No obstante, existen algunos casos confirmados de reclusos que, tras pasar por Guantánamo, han vuelto a incorporarse a las filas de Al Qaeda, posiblemente más radicalizados.

En todo caso, antes de tomar esa decisión el gobierno español tendrá que aclarar algunos aspectos fundamentales como el régimen jurídico que se les va a reconocer a estas personas y cuáles van a ser sus posibilidades reales de reinserción en la sociedad, así como tomar conciencia de que esta medida “excepcional” es un precedente importante para futuros casos de extradiciones y expulsiones de nuestro país.

La colaboración con Estados Unidos en el cierre de la prisión de Guantánamo es un tema complejo para la Unión Europea y para España. Para la Unión Europea porque se vuelve a demostrar que es extraordinariamente difícil poner a 27 países de acuerdo sobre temas relevantes como los que afectan a la seguridad común. Tras diversos encuentros, sin alcanzar ningún acuerdo, se ha decidido que sean los países de forma individual los que acepten o no reclusos en su territorio. Si bien países como Portugal, Alemania, Francia, Italia o Irlanda se han mostrado favorables a recibir detenidos, aún está por determinar qué tipo de estatuto van a tener estas personas y cuál va a ser el mecanismo de control europeo, porque la no aceptación por otros- como Austria o la República Checa- supone que es necesaria la restricción de algunos derechos de los que disfrutamos los europeos, como el de libre circulación por el espacio Schengen. El intercambio de información y de vigilancia sobre estas personas tendrá que estar garantizado, si no queremos que la colaboración con Estados Unidos acabe perjudicando las relaciones entre los socios europeos.

Para España tampoco es un tema fácil porque hemos sufrido fuertemente el terrorismo internacional y cualquier medida que se adopte, que suponga una mayor vinculación con esta amenaza exige enorme cautela. La posición de la justicia española con Guantánamo ha sido clara, y aquí residen dos personas que tras estar años detenidas y habiendo sido juzgadas en España y puestas en libertad, han retomado su vida normal sin haber ocasionado ningún problema de seguridad. La unidad judicial que existió en la jurisprudencia que clarificó lo que es Guantánamo, parece que se ha quebrado por el proceso abierto en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón por delitos de tortura contra los responsables de la existencia de la prisión, que no ha sido bien recibido por altas instancias judiciales. En cualquier caso, la aceptación de presos en España y la exigencia de responsabilidad sobre los casos de tortura en Guantánamo, son decisiones independientes, una política y otra judicial, que ni son incoherentes ni deberían entorpecer la relación fluida que se ha abierto con la nueva administración estadounidense.

La colaboración de España con Estados Unidos en el cierre de Guantánamo no debe suponer cuestionar que este país sea el único responsable de la creación de esta prisión ilegal y de todo lo que allí ocurrió en la mal llamada por el Presidente George W. Bush, “guerra contra el terror”. Sin embargo, hay otro tema que no debería ser olvidado en las negociaciones bilaterales con la administración Obama cuando se concreten los nombres de las personas que serán acogidas en España. Se trata del paradero del ciudadano nacionalizado español Mustafá Setmarian Nasar, “Abu Musab Al Suri” que, detenido en Pakistán en 2005, se supone recluido en una de las prisiones secretas de la CIA. Setmarian, probablemente un alto dirigente de Al Qaeda cuando fue detenido, está casado con una española, y tanto el gobierno como la justicia han solicitado en varias ocasiones a la administración estadounidense conocer su paradero para poder reclamar su entrega a España. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, reiteró hace unos días su búsqueda internacional con el objeto de ser extraditado por su imputación en la Operación Dátil.

Si se piensa en el futuro, la aceptación de algunos detenidos supondría un fuerte compromiso de España con el “principio de no devolución”, por lo que no pueden volver a suceder casos como la extradición a Rusia por delitos de terrorismo de un checheno sobre la mera base de garantías diplomáticas (que no es un sistema adecuado para proteger la seguridad de un extraditado), tal como denunció el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, tras su visita a España en 2008.

Es necesario una evaluación caso por caso, sin crear ningún tipo de diferencia o discriminación respecto otros casos menos excepcionales o mediáticos, porque además de ser una política incoherente eso podría provocar situaciones arbitrarias respecto a personas que no habiendo estado en Guantánamo tampoco puedan volver a sus países de origen. No debemos olvidar que, como nos recuerdan a diario las organizaciones de defensa de los derechos humanos, hay muchas personas en el mundo perseguidas, victimas de vulneraciones de derechos humanos, solicitantes de asilo, que corren riesgo real si son devueltas a su país de origen.

Independientemente de estar o no de acuerdo con la aceptación de detenidos de Guantánamo en España, o con que sea una decisión humanitaria o exclusivamente política, la colaboración con Estados Unidos en el cierre de Guantánamo tampoco debería ser a coste cero. Al menos debería conllevar conocer el paradero de Setmarian, junto con su extradición, si, como parece, continúa en alguna cárcel secreta de la CIA.

Además, esta iniciativa de cooperación con Estados Unidos, en un momento en que las relaciones bilaterales se están potenciando, debería colocar a España como un destacado interlocutor en materia de cooperación antiterrorista y de seguridad. No sólo por la elevada experiencia que tenemos en este tema, sino también porque somos el único país del mundo, a excepción de Estados Unidos y sus controvertidas comisiones militares celebradas en Guantánamo, que ha juzgado y condenado a una persona por el 11-S, en un proceso con todas las garantías legales. El mismo magistrado que ahora trata de exigir responsabilidad a altos cargos de la administración de George W. Bush por las torturas de Guantánamo, Baltasar Garzón, fue el instructor del caso de la célula de Al Qaeda en España que, liderada por Abu Dada, realizó actividades de financiación y apoyo logístico a los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este sentido, es importante que el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado, publicado hace unos días, haya reflejado claramente la eficaz cooperación que España desarrolla con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo.

 

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