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La flamante nueva secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton dijo a los periodistas durante la etapa surcoreana de su reciente gira asiática que “la presión de su gobierno sobre China en materia de derechos humanos no podía interferir con la crisis global internacional, la crisis del cambio climático global y la crisis de seguridad”. Estas declaraciones, hechas con motivo de su primera visita a China, contrastan con el criticismo sin ambages que ella misma había vertido en ocasiones anteriores sobre Pekín por sus actuaciones en el ámbito de los derechos humanos. Sin embargo, una suerte de innegable pragmatismo parece haberse impuesto en la agenda exterior de la nueva administración norteamericana, so pretexto de la crisis económica internacional.

Por su parte, el ministro chino de asuntos exteriores, Yang Jiechi, manifestó, según informa la agencia estatal de noticias china Xinhua, que "aunque existen diferencias, China está dispuesta a mantener un diálogo con Estados Unidos para avanzar en materia de derechos humanos, bajo la premisa del mutuo respeto y la no interferencia en los asuntos internos de los dos Estados”.

En resumen, derechos humanos para un mundo en crisis y propuestas antiguas que suenan a vinos nuevos en odres viejos y que, como el vino, corren el riesgo de derramarse en medio de la confusión global.
Siguiendo la estela de un Pacifismo Institucional Activo, como el descrito por Norberto Bobbio, cabría preguntarse por el significado de la palabra interferencia, curiosamente utilizada por ambos mandatarios, aunque en contextos distintos, frente a la aspiración universalista de los derechos humanos, que supone uno de sus rasgos distintivos y constitutivos. En los dos casos se refieren al papel que estos derechos deben jugar en las relaciones internacionales, y mientras para Clinton no deben ser óbice para el avance en cuestiones relacionadas con la superación de la crisis actual, para el dirigente chino, la no interferencia en los “asuntos propios” es una premisa necesaria para el diálogo. Curiosa interpretación de la ética dialógica habermasiana.

Sin embargo, como sostuvo Mary Robinson, entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una entrevista publicada en el diario El País el 16 de febrero de 1998, “la protección de los derechos humanos no puede detenerse en las fronteras nacionales de ningún país; ningún Estado puede decir que la manera de tratar a sus ciudadanos es un asunto exclusivamente de su incumbencia”.

Pareciera que al igual que desde el ámbito económico y financiero, algunos abogan por aplicar el “más de lo mismo” para superar la actual crisis, desde el prisma de las relaciones internacionales nuestros líderes intentan emularlos. Es decir, ante la crisis global menos Estado, menos política y, por ende, menos democracia. Son las clásicas recetas de una determinada interpretación del liberalismo político y económico de tintes hegemónicos, que tiene su correlato en el campo de los derechos humanos. Se corresponden con la pretendida primacía de los derechos humanos de primera generación. Según la clasificación de Karol Vasak, éstos son los que se derivan de la libertad individual o libertad negativa, que nacen al socaire de la modernidad, en el seno de la atmósfera iluminista que inspiró las reivindicaciones de los primeros movimientos revolucionarios en la Europa del siglo XVIII. Imponen al Estado el deber de abstenerse, de no interferir en el ejercicio y pleno disfrute de estos derechos por parte del ser humano.

No cabe interpretar de otro modo las palabras de Clinton cuando contrapone las cuestiones de derechos humanos y la necesaria cooperación en cuestiones como la crisis económica, medioambiental y de seguridad a nivel global. En sus palabras evidencia una visión restrictiva de los derechos humanos, que relativiza la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, y que margina la creciente relevancia de los derechos colectivos de tercera generación, cuyo valor inspirador es la solidaridad, y que preconizan, entre otros, el derecho al medioambiente, al desarrollo y a la paz. Además, obvia la necesaria interdependencia de los derechos humanos indispensable para su plena vigencia.

Los responsables de algunas de las más importantes organizaciones internacionales de derechos humanos escribieron una carta a la Secretaria Clinton antes de su visita. En ella le explicaban elocuentemente por qué la defensa y promoción de los derechos humanos es indispensable para evitar actuaciones individuales de los Estados que tienen un impacto negativo global y cuyos efectos van en contra la superación de la actual crisis. De esto modo ponían de manifiesto que la libertad de prensa o de expresión para los ciudadanos y trabajadores críticos con determinadas acciones desarrolladas por sus empresas o su gobierno es esencial para prevenir daños medioambientales o la existencia de productos defectuosos que amenazan la salud de los habitantes de China y del resto del mundo. Éste es el caso, por ejemplo, de la leche en polvo adulterada que se cobró recientemente la vida de varios niños chinos y obligó a hospitalizar a varios miles más, mientras cundía la alarma en todo el mundo ante la existencia de posibles partidas contaminadas que habrían sido exportadas a escala global.

Por otra parte los abusos en materia laboral, y la ausencia de un Estado de derecho desestabilizan la democracia china, que forma parte de la economía mundial, y provocan un “dumping social” indeseable cuyos efectos se han dejado sentir en las industrias occidentales, como han puesto de manifiesto en los últimos años los casos del textil y del calzado. Además, el apoyo económico incondicional chino a gobiernos tiránicos es pernicioso para la paz y la seguridad internacional, y la venta de tecnologías de censura para internet amenaza la lucha en pos de la libertad de expresión en el mundo.
Un pragmatismo efectivo por parte de Estados Unidos en sus relaciones con China debería pasar por asumir una visión amplia, dinámica e histórica de los derechos humanos, ya que una sociedad libre y democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta a la aparición de nuevas necesidades, que fundamenten nuevos derechos. También a nivel global, evitando considerar las reivindicaciones medioambientales como prescindibles cuando no como estrafalarias o excéntricas.

Lo cierto es que el gobierno de la globalización requeriría, para ser efectivo, de una reconfiguración de la soberanía estatal, que entrañe un cierto debilitamiento de la misma y que exija una mayor responsabilidad de la comunidad internacional y una profundización en la democracia. También implicaría un redescubrimiento de la noción de bien común, que intensifique las relaciones planetarias para superar los problemas actuales. Se trata de reivindicar en tiempos de crisis el valor de la solidaridad, frente al valor absoluto de la libertad negativa. Esta pretensión se corresponde con una visión  integradora para el gobierno de la globalización desde el discurso de los derechos humanos.
Se trata en suma de evitar la tendencia imperante consistente en socializar los costes y privatizar los beneficios, con el resultado por todos conocido.