Sudán se dividió en dos Estados el 9 de julio de 2011, en aplicación de un referéndum celebrado en enero del mismo año en el que el 98% de la población votó por la independencia del sur del país. Así, dejo de ser el país más extenso de África, para dar paso a la República de Sudán (con Jartum como capital) y a la República de Sudán del Sur (con Juba). Sin embargo, esta decisión no ha llevado la paz a una zona sumida en la violencia desde hace décadas.

Desde que lograra la independencia de Gran Bretaña, en 1956, Sudán se ha visto envuelto en dos guerras civiles como consecuencia de los continuos enfrentamientos de carácer étnico y religioso entre el norte, islámico y árabe, y el sur, cristiano y formado por comunidades negras. Junto a una permanente lucha por el poder se ha registrado, asimismo, una competencia a menudo violenta por controlar sus recursos naturales. Desde su descubrimiento a finales de los años setenta del pasado siglo, la pelea por el control de las riquezas petrolíferas ha sido una constante de la agenda nacional. La clave de la disputa deriva del hecho de que la mayor parte de los yacimientos están ubicados en el sur (o en zonas fronterizas entre ambos Estados), pero la salida del petróleo hacia los mercados mundiales solo puede garantizarse a través de oleoductos que desembocan en Port Said, en manos de las autoridades del norte. Todo ello concede a Jartum una notable ventaja (transitoria en todo caso) sobre Juba, tan interesado en hacerse con los territorios fronterizos ricos en hidrocarburos como en abrir nuevas vías de comercialización hacia el sur y el este, contando con la colaboración de sus vecinos.

En 1989, Omar Hasán al Bashir, al frente del Consejo del Mando Revolucionario, dio un golpe de Estado e impuso la ley islámica en todo el territorio. Asimismo, reprimió a todo aquel que se opusiera a sus designios, encarcelando a la fragmentada oposición política,eliminando la libertad de pensa y doblegando la independencia del sistema judicial. A ese abierto ejercicio de violencia y represión se le han ido sumando las hambrunas y sequías, que han terminado por convertir a ese territorio en uno de los más atrasados del continente, sumido en el autoritarismo, la violencia y una casi permanente crisis humanitaria de la que todavía no ha podido recuperarse.

Tampoco la firma, en 2005, del Acuerdo Comprehensivo de Paz- que aspiraba a poner fin a la Segunda Guerra Civil sudanesa (1983-2005), que enfrentó al Gobierno de Sudán con el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA, por las siglas en inglés)- llevó la paz a estas tierras. Como parte importante de dicho acuerdo se planteaba la necesidad de fijar la adscripción de los Estados en disputa entre Jartum y Juba, con Abyei, rica en hidrocarburos, o las montañas de Nuba y el Nilo Azul como referencias más visibles.

Aunque hoy la división estatal ya es un hecho histórico, siguen sin resolverse las diputas fronterizas, mientras se suceden los acontecimientos violentos en paralelo a un creciente flujo de población que se había asentado desde hace años en el norte y que ahora teme, con razón, las represalias del régimen de al Bashir.

La situación actual, por tanto, es sumamente delicada y más aún si cabe en esas zonas de transición, donde a causa de la violencia y el bloqueo humanitario, cada vez más personas se ven forzadas a abandonar sus lugares de residencia. Desde 2005 se estima que el número de personas desplazadas a Sudán del Sur es de más 2,5 millones, en un proceso que no les garantiza ni la satisfacción de sus necesiddades básicas, ni mucho menos su seguridad. Conviene no olvidar en este punto que Sudán del Sur es uno de los países más pobres del planeta y que, por tanto, su capacidad para proveer servicios básicos (agua potable, saneamiento, salud, educación...) en beneficio de toda su población supera directamente sus capacidades actuales.

Sudán de Sur debería ser una de las mayores preocupaciones no solo de la comunidad humanitaria sino de la comundiad internacional. Por desgracia, de poco sirve el esfuerzo humanitario- volcado en la preparación y respuesta ante emergencias y en el suministro de servicios básicos, sin dejar de lado la creación de infraestructuras básicas, los programas de asistencia a los desplazados y repatriados, o los centrados en potenciar su seguridad alimentaria-, cuando simultáneamente se constata una desatención manifiesta por parte de los actores políticos tanto regionales como entre las grandes potencias. Baste señalar que, aunque en julio del año pasado la ONU determinó establecer la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), la situación de inestabilidad no ha hecho más que incrementarse desde entonces, en un escenario en el que no se ha logrado todavía asentar ningún proceso de desarrollo digno de tal nombre.

Por el contrario, durante estos últimos meses han aumentado los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el SPLA, principalmente en los Estados de Nilo Azul y Kordofán del Sur, pero también en las montañas de Nubia y hasta en Jartum (donde se suceden las noticias sobre el secuestro de jóvenes originarios del Sur para convertirlos en colaboradores forzados del régimen de al Bashir). Cada vez con mayor frecuencia, siguiendo el patrón de violencia que parece imponerse en la mayoría de los conflictos intraestatales, la población civil es el blanco preferido de los grupos combatientes, según indica Colette Gadenne, responsable de proyectos de MSF en Sudán del Sur.

Sin que sea posible vislumbrar cuál puede ser el desarrollo futuro de esta confrontación- en la que se entremezclan factores tribales, con otros geoeconómicos- todo apunta a un incremento de la tensión. A esto respondía, por ejemplo, la decisión de las autoridades de Juba cuando decidieron, en enero de este año, el cese de su producción de petróleo a fin de presionar a Jartúm para que se llegara a un acuerdo definitivo sobre el reparto de los beneficios del crudo. Mientras que Sudán del Sur ofrecía pagar 1 dólar por cada barril transportado hacia Port Said, Jartúm exigía 36 dólares. En consecuencia, Juba cerró el grifo- aunque con eso se dañaba a sí mismo y, lógicamente, a su propia población- y se aprestó a firmar un acuerdo con Kenia para construir un oleoducto que dé salida al crudo por Mombasa. Y mientras tanto, nada se ha avanzado en la resolución del contencioso pendiente de Abyei.

Ninguno de los dos actores en presencia está en condiciones de inclinar definitivamente la balanza en su favor a corto plazo. Por una parte, el gobierno de al Bashir sufre una creciente condena internacional, mientras en el frente interno se enfrenta a una profunda crisis económica, sin haber logrado tampoco pacificar la región de Darfur y ante la perspectiva de ver reducida muy sustancialmente su riqueza petrolífera. Por otra, el gobierno de Salva Kiir sufre ya el descontento popular por unas promesas incumplidas en términos de bienestar y seguridad, y sin capacidad tampoco para frenar las rivalidades étnicas (con los dinka como el factor más inquietante de un escenario muy fragmentado).

Aunque el potencial belígeno de esta situación es innegable, nada indica que la comunidad internacional esté dedicando el esfuerzo necesario para abortar un proceso que puede acabar estallando nuevamente. Por desgracia, esto tampoco es novedoso cuando no hay en juego intereses vitales. Solo que luego, como en tantas otras ocasiones, nos lamentaremos por no haberle prestado la debida atención.