Los disturbios en Túnez y en Argelia: ¿vuelta a los escenarios de los años ochenta?
Aunque pocas veces Túnez y Argelia son noticia, en este principio de año los movimientos de protestas populares han roto el habitual silencio informativo. En ninguno de los dos casos puede decirse, sin embargo, que la agitación social sea un fenómeno nuevo. Por lo que respecta a Túnez, y sin remontarse más atrás, interesa recordar que en 2008 se sucedieron las huelgas y las protestas en la cuenca minera de Gafsa.
Así, en Túnez, la aparente tranquilidad política que caracteriza al país más pequeño del Magreb esconde en realidad una situación social y política explosiva. El régimen tunecino, uno de los más cerrados y represivo de la zona ha gozado de la benevolencia de la comunidad internacional, que ha dado prioridad en su agenda a la estabilidad política (sobre todo tras los años convulsos de su vecina Argelia). Una posición reforzada, aún más, en el contexto de la “guerra global contra el terror” lanzada por la anterior administración estadounidense. Gracias a su política represiva y al apoyo externo recibido, el régimen de Ben Ali, en el poder desde 1987, ha podido asentar su control político y económico sobre el país. Reelegido en 2009 con el 99% de los votos- tras forzar una reforma constitucional que eliminó la limitación para acceder a un tercer mandato-, Ben Ali ha gestionado el país en clave patrimonialista, reprimiendo sistemáticamente cualquier forma de oposición a su gobierno, al tiempo que apostaba por el logro de un cierto nivel de desarrollo económico, con intención de “comprar la paz social” de los poco más de diez millones de tunecinos.
El deterioro de las condiciones económicas, el incremento del paro y la reducción drástica del poder adquisitivo provocado por un incremento de los precios de primera necesidad han cambiado drásticamente este panorama de forzada estabilidad. El generalizado malestar de la población, la brutal corrupción del régimen, la violación sistemática de los derechos humanos y la falta de libertades han terminado por desembocar en una movilización popular que ha saltado a las calles de diferentes localidades del país. El punto de arranque se produjo el pasado 17 de diciembre en Sidi Bouzid- con la inmolación de un vendedor de verduras, joven diplomado a quien las autoridades confiscaron su puesto por carecer de autorización. Desde entonces hasta hoy- con el entierro de Mohamed Bouazizi, inmolado el 4 de enero- la movilización no ha hecho más que ampliarse a todo Túnez. En ese movimiento de protesta, con particular protagonismo de la juventud tunecina, han tenido un papel singular las nuevas tecnologías de la comunicación (Facebook y Twitter, principalemente). Son de hecho los jóvenes los que se han visto particularmente afectados por el deterioro de la situación económica, hasta el punto de que la tasa de paro estimada para este colectivo se eleva al 30%.
El régimen trata por todos los medios de abortar no solo las movilizaciones sino también cualquier tipo de crítica a su gestión de los asuntos públicos. Cuenta para ello no solo con el control prácticamente total de los medios de comunicación del país o con la represión contra los periodistas o defensores de derechos humanos, sino también- en el ámbito legislativo- con normas, como el proyecto de ley actualmente en discusión que pretende estigmatizar cualquier contacto de las asociaciones tunecinas con organizaciones y partidos extranjeros, penalizando incluso cualquier crítica contra el estatuto avanzado que Túnez está negociando con la UE.
A pesar de esos intentos del régimen por censurar y bloquear el uso de internet, es difícil que un régimen esclerosado y que utiliza métodos de vigilancia y control que pertenecen al pasado tenga las armas adecuadas para ganar esta “ciberguerra”. Basta recordar el éxito de la “Operación Tunisia”, lanzada por un grupo de hackers- “Anonymous”- en enero de 2010 contra las webs de la Presidencia y de los ministerios de industria y asuntos exteriores(1) o, en la misma línea, la existencia de un blog que da consejos prácticas para poder evitar las censuras y los controles gubernamentales en internet(2).
Por lo que respecta a Argelia, las revueltas sociales en forma de protestas espontáneas y localizadas vienen registrándose ya al menos desde el año 2000. Los disturbios que ahora vuelven a afectar a las grandes ciudades (y en particular a sus barrios más populares) son, en general, protagonizados por colectivos excluidos de las redes clientelistas de redistribución de la renta. Al igual que ocurre en Túnez, las revueltas populares se han convertido en el único medio que tiene la ciudadanía para manifestar su descontento, en contextos donde los canales tradicionales de expresión política han sido sistemáticamente reprimidos por el poder. El deterioro continuo de las condiciones económicas y sociales de la población han desencadenado nuevas formas de revueltas espontáneas que ponen en evidencia la desintegración social que afecta a la sociedad argelina, enfrentada a una creciente pérdida de poder adquisitivo mientras una elite muy minoritaria se embolsa los beneficios de la explotación de las riquezas nacionales.
En términos generales, los disturbios argelinos también responden a la reivindicación de satisfacer las necesidades económicas y sociales básicas de un amplio volumen de población desatendida por el régimen. La falta de una vivienda digna o de acceso a infraestructuras básicas (suministro de agua, sanidad, educación…) son factores que recurrentemente se identifican como los motores de la movilización. Sirva como ejemplo lo ocurrido en estos últimos meses por la injusticia de los mecanismos de atribución de las viviendas protegidas, lo que llevó en localidades como Diar Echems (El Madania, Argel) a la protesta generalizada tras la exclusión de gran parte de sus habitantes del programa de realojamiento.
Pero la cólera de los jóvenes que protagonizan el actual estallido popular en Argelia también expresa un profundo desprecio por el conjunto de la clase política argelina. A diferencia de lo ocurrido a finales de los años ochenta del pasado siglo, hoy no hay en Argelia ninguna fuerza política capaz de canalizar ese descontento. Los grupos islamistas- que entonces habían conseguido un arraigo popular que les convirtió en la principal fuerza política del país- fueron erradicados en la siguiente década, tras la cruenta confrontación que opuso el ejército y a los grupos armados islamistas como consecuencia del golpe de Estado que interrumpió el proceso electoral. El escenario político en este principio de 2011 es radicalmente diferente. El Frente Islámico de Salvación (FIS), por mencionar un solo ejemplo, ha perdido su arraigo popular- de hecho, los jóvenes de Bab el Oued echaron a Ali Benhadj de malas formas cuando este intentó canalizar la protesta invitando los jóvenes a participar en una marcha pacífica.-, una estrategia que durante las revueltas del 88 fue exitosa para el FIS(3).
Por su parte, el régimen argelino- presidido por Buteflika, pero con los militares aún manejando las riendas del poder- ha logrado aplastar cualquier oposición. Desde 1992 mantiene al país bajo el estado de excepción y gracias a diversas estrategias- que van desde la cooptación a la represión- ha logrado neutralizar a partidos y asociaciones susceptibles de representar una amenaza. Frente a la contestación social, y para intentar contener la ola de violencia, el régimen ha multiplicado las promesas: anunciando, en primer lugar, que seguirá subvencionando los precios de los productos de consumo básicos y la puesta en marcha de una serie de medidas para regular el sector del comercio (acusado de ser el responsable de la situación actual). Aunque el régimen consiga restablecer el orden y paliar de forma momentánea las demandas expresadas durante estas revueltas, la brecha entre los detentadores del poder y el pueblo argelino es cada vez más grande, en un proceso en el que la legitimidad del sistema está cada vez más cuestionada.
Tanto en Túnez como en Argelia la brecha entre regímenes políticos dominados por una vieja generación aferrada al poder y una nueva generación numerosa y mejor preparada, pero “desempoderada” tanto a nivel económico como político, bien puede desembocar en una fase de inestabilidad crónica si no se producen cambios políticos sustanciales. Frente a esta fractura en todos los órdenes, para los países vecinos (sobre todo los de la Unión Europea) seguir apoyando a regímenes corruptos y deslegitimados en aras del mantenimiento del statu quo y la preservación de sus intereses económicos y estratégicos es una opción condenada no solo al fracaso sino, incluso, al suicidio político.
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Notas:
1. Ver http://leblogdesblogs.blogs.courrierinternational.com/archive/2011/01/04/operation-tunisia-pour-en-finir-avec-ben-ali.html
2. Ver: http://revolutiontunisie.wordpress.com/
3. Ver: «En direct des quartiers», El Watan, 7 janvier 2011.
