Para Blog Elcano.

Sin reducir un ápice el peso del creciente sentimiento antinuclear que ha llevado al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN, 2017), no hay más remedio que asumir que esos arsenales seguirán formando parte de nuestro mundo durante décadas. Por si hubiera alguna duda al respecto basta con recordar que Washington y Moscú están desarrollando los programas más ambiciosos de su historia para modernizar sus capacidades, contando con que, a partes iguales, entre ambos acumulan el 93% del total que atesoran las nueve potencias existentes. De igual modo, también podemos dar por hecho que la force de frappe francesa es, desde 1959, y será, por mucho tiempo, el máximo instrumento de disuasión en manos exclusivamente francesas en defensa de sus intereses vitales.

De ahí que convenga no despistarse con las recientes declaraciones del presidente Emmanuel Macron, interpretando equivocadamente sus palabras, como si París estuviera pensando en compartir el botón nuclear con los demás miembros de la Unión Europea (UE). Para calibrar mejor lo que Macron dijo el pasado día 7 en la Escuela Militar de París– resumido en la idea de que “los intereses vitales franceses tienen ya una dimensión europea” y que cabe pensar en una disuasión “concertada” a la que se “asocien” otros miembros de la UE- es preciso primero considerar las dinámicas que confluyen en el momento actual:

  • Se hace cada vez más visible la desconfianza sobre el compromiso estadounidensede cobertura a sus aliados europeos de la OTAN. Aunque todos los mandatarios de la UE insisten en definir el vínculo trasatlántico como muy sólido y ninguno se atreve a plantear la necesidad o la conveniencia de moverse al margen de la OTAN, es cada vez más notorio que la mirada y el esfuerzo de Washington van en otras direcciones (China y Rusia).
  • La presión para deshacerse de esas armas va en aumento y cada vez será más difícil frenar el proceso que ya inició Austria dentro de la Unión, en 2018, sumándose al TPAN.
  • La Estrategia Global de la UE (2016) ambiciona lograr la “autonomía estratégica”, dotándose de los medios necesarios para responder a cualquier nivel de amenaza contra los intereses de la Unión, sin tener que depender del criterio y los medios de ningún actor externo (es decir, de EE UU). Pero actualmente el techo de ambición comunitario (incluso con la rejuvenecida PESCO) sigue marcado por Petersberg (1992), muy por debajo de esa ideal autonomía, y aunque hay armas nucleares estadounidenses en Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos (además de Turquía), no pueden ser considerados realmente como arsenales europeos.
  • La carrera armamentística en el terreno nuclear es de una sofisticación y un coste que solo está al alcance de unos pocos. Y cuando Putin ya habla de armas hipersónicas nunca vistas, la exigencia para no perder el paso es aún más alta. Eso significa que, para una potencia media como Francia, asumir en solitario el coste de renovar su arsenal- estimado en unas 300 cabezas nucleares operativas para su uso por parte de los cazabombarderos estratégicos Rafale y los submarinos de la clase Triomphant (ya con los Barracuda a las puertas)- supone un auténtico reto en mitad de una crisis económica tan dura como la que estalló en 2008.
  • La salida británica de la Unión deja a Francia como el único de los Veintisiete con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho de veto y con un arsenal nuclear propio. Momentáneamente, Alemania parece haber aminorado el paso como resultado de la ya anunciada salida de la escena política (en 2021 como tarde) de Angela Merkel.

Este cúmulo de circunstancias explican el creciente protagonismo de Macron, empeñado por igual en defender los intereses franceses y en aumentar su peso en la escena comunitaria. Y es que para quien ya viene apuntando maneras como líder europeísta desde su entrada en escena, en mayo de 2017, la ocasión actual es inmejorable. En algunas ocasiones cabría decir que, coloquialmente, se le ha calentado la boca; como cuando en noviembre pasado, en una entrevista al semanario The Economist, habló directamente de muerte cerebral de la OTAN y de “soberanía tecnológica y militar europea”, al tiempo que se refería, junto con Merkel, a unas fuerzas armadas europeas que parecían estar a la vuelta de la esquina. Y nada de eso, por desgracia, refleja la realidad de un conjunto de países demasiado lastrados aún por sus visiones nacionalistas, timoratos hasta la inoperancia en el terreno de la política exterior, de seguridad y defensa (véase Libia) y demasiado acostumbrados a recogerse bajo el paraguas de seguridad de Washington.

Por eso, poniendo nuevamente los pies en el suelo, lo que Macron dice ahora hay que entenderlo en clave nacional-comunitaria. En esencia, actualizando lo que anteriores inquilinos del Eliseo manifestaron en su día, ha vuelto a dejar claro que la mejor manera hoy de defender los intereses de Francia pasa invariablemente por potenciar a la Unión. Una Unión necesitada de una cultura estratégica común- y de ahí el ofrecimiento de una asociación y una concertación aún por definir-, que permita algún día salvar la brecha que todavía hay hoy entre europeístas, atlantistas y neutrales. Por supuesto, el gesto de Macron tiene un innegable aroma a grandeur revisitada; pero también lo tiene de llamada de atención a una Unión que corre el riesgo de la irrelevancia y la eterna subordinación al dictado de otros. ¿Hay alguien a la escucha?

 

FOTOGRAFÍA: Emmanuel Macron sobre la estrategia de defensa y disuasión el 7 de enero en la Escuela Militar de París.  @elysee.fr. (CC BY-NC-SA)

 

 

SIR

 

Para Blog Elcano.

 

No es, desde luego, el único caso, pero la generalizada desatención a lo que está ocurriendo ahora mismo en la provincia siria de Idlib resulta llamativa desde cualquier punto de vista. La ONU, por boca de su Secretario General, se desgañita pidiendo un cese de hostilidades que nadie va a atender. Por su parte, Rusia muestra cada vez más abiertamente su control del proceso, tanto en el ámbito político/diplomático como en el militar; mientras Turquía trata de aparentar una fuerza que en realidad no tiene, acomodándose progresivamente a los dictados de Moscú. Entretanto, Bashar al-Assad sigue adelante con la ofensiva militar en su intento por recuperar el control territorial en esa provincia, sin disimulo alguno sobre su desprecio por la suerte de una población civil que sufre más que nadie la violencia de todos contra todos.

Siria es hoy uno de los más claros ejemplos de la más rancia realpolitik, sin espacio alguno para los valores o principios que, cada vez de manera menos convincente, se siguen proclamando como bases fundamentales de un orden internacional que hace aguas por demasiados sitios. En los ya nueve años de conflicto ha quedado meridianamente probado que se puede atacar y masacrar civiles sin tener que pagar por ello y, por si no bastaran los centenares de miles de víctimas contabilizadas hasta hoy, la actual ofensiva ya ha provocado al menos 505.000 nuevos desplazados forzosos (de ellos unos 300.000 son niños, según UNICEF), desde el pasado 1 de diciembre. También lo es que se pueden emplear armas de destrucción masiva (químicas), el asedio por hambre, bombas racimo o barriles explosivos sin más problema que recibir una tan altisonante como vacía reprimenda formal. Y, por supuesto, se puede asimismo violar tanto el derecho internacional como las reglas de la guerra y cualquier acuerdo puntual logrado entre los actores implicados, en un constante ejercicio de injerencia interna en el que tanto potencias regionales como globales se han podido mover a sus anchas.

Lo que ahora ocurre en Idlib –una provincia del noroeste sirio donde se agolpan no menos de 3 millones de personas (la mitad desplazadas de otras provincias), y en la que confluyen muchos grupos violentos que han acabado allí enclaustrados como resultado de su derrota en otras partes de Siria– no es, sin embargo, el último capítulo de la guerra. Las fuerzas gubernamentales, con el decidido apoyo aéreo ruso, acaban de tomar la ciudad de Maarat al Numan –en manos de los rebeldes desde 2012– y se aprestan a seguir su avance hacia Saraqeb –donde se cruzan las muy importantes autopistas M-4 y M-5.

Eso significa, por un lado, que el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham –que llegó a controlar un 90% de la provincia– está en horas tan bajas que, aunque puede seguir matando, ha dejado de ser un actor de peso. Por otro, la toma de la segunda ciudad de Idlib significa para Turquía un revés considerable, al perder uno más de los doce puestos de observación (y ya van tres) que mantenía en la provincia desde el acuerdo de Sochi (septiembre de 2018) para establecer, en unión con Moscú, cuatro zonas de desescalada. Ankara no ha tenido más remedio que olvidarse de su objetivo original –un cambio de régimen en Damasco, que facilitara la emergencia de un gobierno suní, sensible a sus mensajes– para centrarse sobre todo en evitar que su frontera con Siria pase a estar controlada por las milicias kurdas (las mismas que Washington apoyó inicialmente y luego abandonó) y, cada vez más, en frenar la nueva oleada de refugiados cuando ya alberga más de 3,7 millones de sirios en su suelo.

Y, por encima de todos, Moscú, manejando con una clara superioridad los hilos de un conflicto que, en todo caso, no domina a sus anchas, pero en el que lleva la voz cantante desde hace tanto tiempo como el que ha empleado Washington en desentenderse de lo que allí ocurre y en dilapidar buena parte de su credibilidad como aliado fiable. Fue Vladimir Putin quien –con su directa implicación militar a partir del verano de 2015 y su protagonismo diplomático, con Irán y Turquía a su lado en el llamado proceso de Astaná– ha logrado asentar a Al-Assad como un mal menor ya aceptado por casi todos y convertirse en el actor de referencia en cualquier búsqueda de solución al conflicto. Fue también Putin quien decretó el cese de hostilidades de principios de enero pasado, por un periodo de quince días, que tan solo sirvió para que el régimen sirio tomará un nuevo impulso a partir del día 24 que le permitido controlar ya más veinte localidades en apenas cuatro días de combates (con un saldo de más de 200 muertos en cada bando).

Ese protagonismo ruso está creando lógicamente problemas a una Turquía, que amenaza con volver a lanzar una ofensiva, aunque su mayor implicación en Libia le resta capacidades para tareas de lata exigencia. En el fondo Ankara sabe que ni sus puestos de observación militar han sido eficaces, ni ha logrado cumplir su parte del acuerdo con Moscú, de separar a los yihadistas de los grupos moderados para facilitar una salida menos traumática a la provincia. Y por eso, junto a los significativos intereses energéticos y comerciales que lo unen a Rusia, Turquía procurará acomodarse sin remedio a la ofensiva que Damasco ha lanzado.

 

FOTOGRAFÍA: Idlib (Siria) como ejemplo de lo peor. Mapa del control territorial en la guerra en Siria (marzo 2019). Mapa:@AJLabs Aljazeera (CC BY-NC-SA)

 

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Para Revista Internacional de Pensamiento Político


En este artículo se presentan herramientas concretas para incorporar el Enfoque Basado en los Derechos Humanos (EBDH) en los diferentes niveles de planificación de las iniciativas de desarrollo. Éstas necesitan de unidades de planificación cercanas a los ciudadanos, como son los proyectos, por lo que es fundamental que el EBDH...

 

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Para el Equal Times.

 

Desde hace demasiado tiempo el mundo árabo-musulmán, tanto en el Magreb como en Oriente Próximo y Oriente Medio, se nos aparece como sinónimo de subdesarrollo, inestabilidad y violencia. En el marco de unos sistemas imperfectos –tanto en su vertiente social como política y económica– allí chocan los intereses de unas elites dominantes, empeñadas en mantener sus privilegios a toda costa, con los de una ciudadanía crecientemente crítica, sea por la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, por sufrir en sus carnes el efecto de una violencia que no cesa o por ver cotidianamente violados sus derechos por sus propios gobernantes y negada la posibilidad de llevar una vida digna.

A eso se suma la tradicional y perniciosa injerencia de potencias regionales y globales, mucho más atentas a lo que determinan las elites locales que a la población, interesadas en influir en los asuntos de sus vecinos y aumentar su peso a nivel internacional, aunque sea a costa del malestar y la inseguridad de los demás.

Así, se ha ido creando un caldo de cultivo estructural en el que fácilmente se ha abierto paso, para unos, la tentación de recurrir a la represión violenta y en el que también, para otros, ha germinado el malestar y la contestación social. Todo ello ha desembocado en una situación altamente preocupante en la que podría parecer a primera vista que no hay salida.

 

Perdiendo el miedo

La represión violenta ha sido, con diferencia, la opción preferida por los gobiernos de la zona desde hace décadas, combinada con diferentes dosis de clientelismo y paternalismo para intentar mantener la paz social. Con el objetivo de preservar su dominio y escasamente sensibles a las necesidades y demandas de sus poblaciones respectivas, se ha hecho habitual para ellos el recurso al castigo como método preferente para mantener, en clara connivencia con muchos gobiernos foráneos, un statu quo del que ambos son los principales beneficiarios. Escasamente dispuestos a permitir la libre expresión de la población, y más aún tras la experiencia de la llamada primavera árabe, existe hoy una verdadera contrarrevolución en la que sobresalen los regímenes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Siria y Egipto (sin olvidar a Irán en el bando chií).

Con el paso del tiempo y los efectos de las sucesivas crisis que han afectado seriamente a la capacidad tanto de los citados como de la mayoría del resto para seguir “comprando” la paz social, lo que todavía conservan, sobre todo, es capacidad represora y a ella se están dedicando con ahínco. Eso significa que no cabe esperar un cambio sustancial en su comportamiento, aferrados a un esquema que busca principalmente mantenerse en el poder sin ceder nada sustancial a cambio.

Y lo mismo cabe decir, por desgracia, de los actores externos interesados en la región, dado que en general prefieren entenderse con los gobernantes actuales –por mucho que puedan resultarles incómodos y por mucho que sus propias sociedades civiles los critiquen por su cruda “real politik”–, antes que arriesgarse a que las movilizaciones ciudadanas puedan aupar al poder a nuevos gobernantes, poniendo en peligro el mantenimiento de un orden regional que lleva mucho tiempo sirviendo a sus intereses.

 

Frente a esa poderosa dinámica se opone otra, impulsada por un número creciente de ciudadanos que aspiran a encontrar una salida y un cambio sustancial de su situación.

 

Son ellos los que realmente están tratando de superar los retos actuales y de encontrar soluciones a los problemas que definen sus vidas y los de sus países. Sus fuerzas son, con diferencia, inferiores a las que acumulan sus gobernantes y quienes les apoyan desde fuera. Pero han perdido el miedo a la represión y su determinación parece cada vez más firme como resultado de un bien visible hartazgo acumulado durante años.

Con todas las cautelas que supone cualquier generalización, las movilizaciones/revoluciones que se viven hoy con diferente intensidad en un número creciente de países –con Líbano, Irak, Argelia y Sudán como los casos más recientes– tienen como elemento central la enorme frustración ciudadana con unos gobernantes fracasados, corruptos, ineficientes y totalitarios, incapaces de garantizar unos niveles decentes de bienestar y seguridad para todos. Sobre esa base potencialmente explosiva todo quedaba a la espera de la espoleta que lo hiciera estallar –fuera un joven que se inmoló ante una comisaría, como en Túnez; la represión contra unos niños que pintaron unas consignas políticas contra el gobierno, en Siria; el intento de aplicar una cuota mensual de casi 6 euros por las llamadas telefónicas de WhatsApp, en Líbano; el aumento del precio de los combustibles, en Irán; o factores menos señalados, como en Libia, Yemen, Siria o Argelia–.

La diferencia sustancial con episodios de movilización popular anteriores –cuando la aplicación de programas de ajuste estructural provocaron a finales del pasado siglo revueltas que se limitaban a demandar el restablecimiento de los subsidios a los productos de primera necesidad que habían sido eliminados–, lo que se está produciendo desde 2011 es un movimiento de marcado perfil político, demandando no solo la desaparición del cabecilla de turno, sino el desmantelamiento de un statu quo del que solo en el mejor de los casos reciben migajas paternalistas y clientelares. Han sido y son movimientos transversales (superando las clásicas señas de identidad étnica o religiosa), jóvenes (como corresponde a la estructura demográfica de estos países), espontáneos (en el sentido de que nacen de la propia sociedad y no de una manipulación foránea) y pacíficos (son los gobiernos de turno los que, fieles a su pauta represiva, recurren a la violencia como primera opción).

 

Apoyar cuanto antes regímenes legítimos y representativos

Pero igualmente es cierto que se trata de movimientos todavía por estructurar y a los que solo parece unir el deseo de deshacerse de sus actuales gobernantes. Eso significa que en muchos casos han renunciado incluso a identificar a sus líderes y, en general, no cuentan con programas de gobierno coherentes. Y todo ello les resta fuerza para superar la resistencia de actores mejor organizados y experimentados en la conquista y el mantenimiento del poder.

Por eso no basta con desearle simplemente suerte a sus promotores, confiando en que finalmente lograrán salvar todos los obstáculos que se opongan a su camino. Es previsible que, además de la reiterada represión y en clave lampedusiana [el adagio de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual], algunos de esos gobiernos estén dispuestos a aceptar reformas cosméticas para evitar en última instancia que nada sustancial cambie.

 

Es necesario que los gobiernos occidentales democráticos apoyen activamente a esos movimientos, superando la tradicional visión cortoplacista que sigue contentándose con gestionar los asuntos con meros parches, confiando en que el tiempo acabará por hacer encajar todas las piezas del rompecabezas.

 

Los actuales gobernantes no van a abandonar el poder sin resistencia, y menos aún si sienten que son apoyados por Washington, Bruselas, Moscú o tantos otros interesados en la región. El actual modelo de gestión sociopolítica y económica está absolutamente agotado, y los millones de personas que habitan esos países no esperan ya nada de unos dirigentes que han mostrado sobradamente que solo se mueven para mejorar sus privilegios de casta. Una casta que ha dilapidado totalmente su capital político ante los ojos de una población que, consciente de su mala situación y de que en el siglo XXI hay otras alternativas para ver satisfechas sus necesidades básicas y garantizada su seguridad, demanda una limpieza a fondo de un sistema profundamente disfuncional.

En todo caso, mientras son muchas aún las incógnitas por despejar, ya cabe concluir que, sin la presión popular, ninguno de estos imperfectos regímenes parece dispuesto a modificar el rumbo. Lo malo es que tampoco parece que las potencias extranjeras implicadas en la región estén dispuestas a dejar de alinearse con estos últimos. Todo indica que todavía no entienden que esa apuesta por gobernantes fracasados no les servirá para defender mejor sus verdaderos intereses, sin olvidar que ese comportamiento choca frontalmente con sus propios valores y principios. Ojalá entiendan en algún momento que contribuir a la instauración y consolidación de regímenes legítimos y realmente representativos debe ser la vía de acción preferente.

 

 

FOTOGRAFÍA: 11 de enero en Teherán (Irán), una mujer conversa con un policía. (AP/Mona Hoobehfekr)

 

GAZA

 

Para ElDiario.es

 

Tras seis guerras y dos intifadas en los últimos 72 años resulta tan claro que los palestinos no van a conseguir (ni solos ni con la ayuda, cada vez más cuestionable, de países árabes) vencer por la fuerza a los israelíes como que estos últimos tampoco lograrán, a pesar de sus repetidas victorias en el campo de batalla, anular la capacidad de resistencia de los primeros.

Como enseñan tantos otros conflictos de larga duración, cuando se llega a ese punto se impone la necesidad de sentarse a negociar, habitualmente con la ayuda de mediadores creíbles para, rebajando los planteamientos maximalistas de cada bando, encontrar un punto de equilibrio que permita mirar hacia adelante.

En el caso palestino-israelí esos intentos –desde el Plan de Partición (1947) hasta el Proceso de Paz (Madrid, octubre de 1991), pasando por tantos subproductos de muy corto recorrido– se han saldado con un rotundo fracaso. Y es inmediato concluir que el que acaba de presentar Donald Trump, junto a su fiel aliado Benjamin Netanyahu, correrá la misma suerte.

A un pronóstico tan rotundo se llega directamente si se tienen en cuenta factores básicos como los siguientes:

1) La credibilidad del supuesto mediador (Trump) está por los suelos. No se trata solamente de que sus reiteradas mentiras y su estilo bronco no ayuden a confiar en su palabra, sino, sobre todo, de que el citado plan es el resultado de un trabajo combinado de Jared Kushner –yernísimo de Trump–, David Friedman –judío ortodoxo acusado de ultraderechista, embajador en Jerusalén y conocido donante de asentamientos ilegales en Cisjordania–, y Jason Greenblatt –judío ortodoxo, excolono y representante presidencial para las negociaciones internacionales hasta septiembre del año pasado pasado, cuando fue reemplazado por Avi Berkowitz (igualmente judío ortodoxo y hasta entonces asistente de Kushner)–.

A ese prejuicioso equipo se une el notorio apoyo de Trump a la causa israelí (aunque mejor sería decir a la de Netanyahu), con gestos tan alejados del equilibrio como la declaración de Jerusalén como capital de Israel y el traslado allí de la embajada o el reconocimiento de los Altos del Golán sirios como territorio israelí.

2) Netanyahu (y Gantz), en línea con lo que ocurre en el Gobierno israelí desde el asesinato de Isaac Rabin (1995), cree que puede acabar controlando completamente la Palestina histórica sin ceder nada sustancial a cambio. Y así el supuesto plan de paz se atreve a plantear que, si finalmente se llega a crear un Estado palestino, tendrá que olvidarse de instalar su capital en Jerusalén y deberá renunciar a contar con espacio aéreo propio, con fuerzas armadas, con el valle del Jordán y buena parte de Cisjordania (dado que los asentamientos allí ubicados pasarán a ser territorio israelí) y, por supuesto, a disponer de contigüidad territorial. Suponer que aun así Palestina podrá ser denominada Estado y que los palestinos se acomodarán pasivamente a ese marco es una ensoñación delirante.

3) No se puede firmar la paz entre dos cuando uno de ellos, la Autoridad Palestina (AP), no ha participado en el proceso. Sencillamente es difícil evitar la idea de que se trata de una imposición de parte, no de un plan trabajado en común, por mucho que ahora se quiera aparentar que se abre un plazo de cuatro años para que los palestinos reconsideren su rechazo inicial.

Cabe recordar que Trump se encargó de cerrar las oficinas de la OLP en Washington y su propio consulado en Jerusalén, que servía como interlocutor directo con la AP, y desde entonces no ha mantenido ningún canal de comunicación ni con Mahmud Abbas ni con su equipo. Por muy débiles que sean, ningún dirigente palestino puede estampar su firma en un documento que supone una rendición absoluta de sus reclamaciones históricas (derecho de retorno de los refugiados incluida).

4) La "compra" de la paz con promesas de ingentes flujos de dinero –se habla alegremente de unos 50.000 millones de dólares solo para Gaza y de crear un millón de empleos– no va a funcionar. Son muchas ya las promesas incumplidas a lo largo de innumerables conferencias de donantes que sirven como precedente.

El propio Proceso de Paz planteaba como objetivo central la mejora del bienestar de la población ocupada como mecanismo idóneo para lograr enganchar a los palestinos en la senda de la paz y, sin embargo, sus condiciones de vida y su seguridad no han hecho más que empeorar, mientras la paz y un Estado propio se han ido alejando cada vez más en el horizonte.

Todo estas razones llevan a pensar que el pomposamente denominado "deal of the century" tiene otros objetivos. Y el que sobresale por encima de cualquier otro es el de reforzar las candidaturas de dos personajes que se mueven desde hace tiempo en aguas turbulentas. Para Trump, con el impeachment sobre su cabeza, este plan le garantiza aún más el apoyo de los cada vez más influyentes grupos evangelistas –uno de sus principales líderes (y asesor presidencial), Mike Evans, ha reconocido que el plan cumple con todo lo que ellos soñaban para Israel–. Por su parte, Netanyahu, que pretende no solo sacarse de encima las tres imputaciones judiciales que le acechan, sino retener su puesto de primer ministro en las próximas elecciones del 2 de marzo, vuelve a recibir el espaldarazo de su principal socio y aliado.

Trump sabe sobradamente que el retraso acumulado en la presentación de su plan (provocado por la convulsa situación electoral israelí) y el hecho de encontrarse personalmente en campaña imposibilita su implementación. Pero, en definitiva, ninguno de los dos busca la paz, sino la victoria.

 

FOTOGRAFÍA: Palestinos en una cafetería en Gaza, mientras retransmiten en la televisión la presentación del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu del acuerdo de paz Mohammed Talatene/dpa/Europa Press