Colombia, anegada

(Para Radio Nederland)

Desde que finales del pasado año comenzará la llamada ola invernal provocada, entre otras razones, por el aumento de las precipitaciones debido al fenómeno de «La Niña», la situación se ha ido agravando de tal manera en Colombia que, al día de hoy, más de veinte departamentos del país sufren las inundaciones, que se han extendido, incluso, a zonas urbanas de Bogotá.

Más de tres millones de damnificados y pérdidas económicas incalculables, nos sitúan ante un desastre de gran magnitud que afectará los optimistas pronósticos en materia de crecimiento económico del país que se habían hecho tras la llegada del presidente Santos.

La respuesta a la emergencia, pese a su fuerte carácter mediático – con Shakira y otros «famosos» vinculándose a la «solidaridad» y con el gobierno en pleno tratando de aprovechar este impacto en los medios- ha sido ineficaz y estas últimas semanas ya están apareciendo numerosos casos de falta de recepción de la asistencia, de incompetencia de los operadores de la ayuda, de irregularidades en las entregas, de mala gestión, de uso político partidario, de corrupción incluso, que muestran que el dispositivo asistencial puesto en marcha es manifiestamente mejorable y que debiera ser revisado.

Pero la recurrencia de este tipo de fenómenos en numerosas zonas del país, que sufren periódicamente inundaciones, deja claro que el desastre ha sido agravado por «La Niña», pero tiene sus causas profundas en imprudentes medidas de desarrollo agroindustrial, en un mala gestión de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, y en una escasa atención a medidas de reducción y gestión de riesgos de desastres, que han agravado la vulnerabilidad.

Experiencias previas no aprovechadas

Colombia es, sin lugar a dudas, uno de los países del mundo con mayor capacidad y experiencia en materia de gestión de riesgos, en prevención de desastres, y en atención humanitaria posdesastre. Nombres como los de Wilches – Chaux, Cardona, los profesionales de la RED y otros muchos están entre los especialistas internacionales más respetados en materia de reducción de riesgos que han trabajado en todo el planeta.

Además, la normatividad colombiana en la materia es referencia en todo el mundo y los organismos públicos como el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) o las propias ONG locales y muy especialmente la Cruz Roja Colombiana cuentan con gran experiencia. La propia Iglesia con la Pastoral Social tiene valiosa experiencia en este sector.

A ello se suma el hecho de que, debido a la crisis humanitaria que vive el país desde hace décadas como consecuencia del conflicto armado interno, la presencia en Colombia de numerosas organizaciones internacionales, tanto ONG como agencias de Naciones Unidas, con una muy activa Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), así como agencias de cooperación bilateral, permiten hablar de una gran capacidad instalada en el territorio para las tareas de prevención y respuesta humanitaria.

Tras la experiencia de los desastres del Paez, Armero, el eje cafetero,… Colombia cuenta con valiosa experiencia en asistencia de emergencia. Muy superior, en cualquier caso, a muchos otros países

Sin embargo, lamentablemente, todas estas capacidades no han sido tenidas en cuenta adecuadamente y el dispositivo asistencial puesto en marcha por el gobierno Santos con el programa Colombia Humanitaria a la cabeza y con cambios en el Fondo Nacional de Calamidades, no ha contado con todo ese potencial y ha apostado por un enfoque de alianza público privada que se está mostrando como ineficaz e ineficiente.

Tan solo 4 de las 753 obras de infraestructura previstas por Colombia Humanitaria están en ejecución y según fuentes de la propia Contraloría General de la República este retraso se debe a la mala elección de los operadores para llevarlas a cabo.

Que en un país, como decíamos anteriormente, con numerosos actores con presencia y experiencia en materia humanitaria, se recurra al Club de los Leones o a empresas privadas sin experiencia en el sector pero con vinculaciones políticas, como operadores para la prestación de ayuda es algo más que un error. Además, este tipo de alianzas con el sector privado pueden ser eficaces en procesos de reconstrucción de largo plazo una vez finalizada la fase de emergencia.

Pero en desastres de tan larga duración como la ola invernal y con numerosas necesidades básicas sin cubrir en territorios tan amplios, no hay ninguna experiencia empírica previa, en ningún país del mundo, que avale este enfoque elegido por Santos. Mucho menos, situando a la cabeza a un empresario, Jorge Londoño, sin conocimientos en este sector, y marginalizando al SNAPD y a la Dirección de Gestión del Riesgo y a los profesionales con años de trabajo en estos temas. Y concediendo especiales competencias a gobernaciones y municipios en pleno periodo preelectoral.

El propio hecho de no haber contado con las capacidades existentes en el país para la elaboración de los decretos legislativos que declaran la emergencia social, económica y ecológica, han hecho que la Procuradoría General de la Nación debiera elevar a la Corte Constitucional, y ésta aceptara, el declararlos inexequibles, es decir inválidos, y proponer su reforma. Que se haya llegado a esta situación en un tema de interés de toda la nación y que debiera haber quedado por encima del debate político y jurídico es una pena.

Pensar en el futuro y en futuras emergencias

En cualquier caso, la emergencia que vive Colombia pone de relieve el elevado grado de vulnerabilidad estructural y crónica que viven numerosos sectores de la población en muchas regiones del país. Desastres de este tipo, aunque puedan tener gran variabilidad anual, son recurrentes y por tanto el Estado debiera invertir más en una política integral de reducción y gestión de riesgos que fortalezca las instituciones existentes y los mecanismos de coordinación nacional e internacional convirtiéndolos en prioridad nacional.

No hay nada peor que querer innovar y tener ocurrencias y originalidades en pleno desastre. La experiencia nacional e internacional en gestión y calidad de la ayuda, establecimiento de normas, sistemas de monitoreo, control y evaluación,… es muy grande ya y debe ser aprovechada.