La primera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina ha tenido lugar en Barcelona los primeros tres días de marzo. Este tribunal de los pueblos, constituido para juzgar los crímenes de guerra que los Estados dejan impunes, fue creado en 1967 por el filósofo y escritor Bertrand Russell. Siguiendo a su propio creador, que identificaba como objetivo fundamental de esta iniciativa el de “castigar el crimen del silencio”, esta sesión se ha centrado en promover un pronunciamiento sobre el silencio de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros frente a los crímenes y violaciones al derecho internacional cometidos por Israel en los Territorios Palestinos Ocupados.
Destacadas personalidades como el español José Antonio Martín Pallín- juez del Tribunal Supremo-, Ronald Kasrils- militante contra el apartheid y ex ministro de Sudáfrica-, Mairead Corrigan-Maguirre- premio Nobel de la paz en 1976- y Gisèle Halimi- que fue Presidenta de la Comisión de Investigación del Tribunal Russell sobre los crímenes de guerra estadounidenses en Vietnam- han formado parte, entre muchos otros, del jurado.
A lo largo de dos días de audiencia, dicho jurado escuchó los testimonios de expertos, testigos presenciales, abogados, periodistas y eurodiputados sobre los incumplimientos, omisiones y complicidades de la Unión Europea y de sus Estados miembros ante la ocupación israelí del territorio palestino en sus diferentes manifestaciones: el bloqueo de Gaza, la ofensiva militar “Plomo Fundido”, la anexión de Jerusalén Este, la construcción del muro de separación, los asentamientos...
Algunos testimonios han sido particularmente claves, como el de la eurodiputada Véronique de Keyser, del Partido Socialista valón, que informó que la Comisión Europea sabía que Israel bombardearía Gaza varias semanas antes del inicio de la operación “Plomo Fundido”. Keyser denunció el hecho de que no se hiciera nada para impedirlo y de que, por el contrario, la UE decidiera aprobar la profundización (upgrading) de las relaciones con Israel.
El Tribunal llegó a la conclusión de que Israel practica una política sistemática de discriminación con la población palestina, que se puede calificar abiertamente de apartheid. Respecto a la actuación de la Unión Europea y sus Estados miembros, el Tribunal dictaminó que la UE había fallado en su obligación elemental de velar por el cumplimiento de las normas fundamentales del derecho internacional, que exigen utilizar todas las vías del Estado de derecho, e ir más allá de las simples declaraciones de condena, para evitar el castigo colectivo a una población ocupada.
En consecuencia, el Tribunal Russell pide a la UE que adopte sanciones diplomáticas, comerciales y culturales contra Israel para poner fin a la impunidad de la que viene gozando desde hace demasiado tiempo.
Visto en su conjunto y dada la pasividad de muchos actores estatales ante la situación que se vive en el territorio palestino ocupado, el Tribunal debe ser considerado como una iniciativa de la sociedad civil de importante calado por su peso moral, su pertinencia y su credibilidad. La sesión desarrollada en Barcelona se ha celebrado con el rigor y la calidad que impone tal ejercicio y sus conclusiones llegan en buen momento, para incidir de forma significativa en la posición de la UE y sus Estados Miembros con respecto a Israel.
Evidentemente, las decisiones de este tribunal popular internacional no son vinculantes, pero “no por ello dejan de ser relevantes, incluso en el ámbito jurídico, al basarse en hechos precisos y en responsabilidades jurídicas concretas", como señaló el embajador francés, Stéphane Hessel, que fue corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Arrojar luz sobre la responsabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros, tanto respecto a las violaciones que Israel está cometiendo como a la prolongación en sí misma de la ocupación israelí sobre el Territorio Palestino, no es un ejercicio en vano. Por el contrario, y aunque no se consiga de inmediato reorientar la política de la UE respecto a Israel, logrará como mínimo incrementar el coste moral que conlleva ser cómplice de un crimen de apartheid.
