(Para Civilización y Diálogo)
La pena de muerte impuesta a cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino por un tribunal libio- ya condenados en los mismos términos en mayo de 2004, y en prisión desde hace ocho años- ha recibido la unánime repulsa de la comunidad internacional. También han sido contundentes las críticas por las gravísimas irregularidades de un proceso judicial en el que a los acusados se les imputa haber inoculado el virus HIV-SIDA a 426 niños en un hospital público de Benghazi, 52 de los cuales ya han fallecido.
En repuesta a dichas críticas, el coronel Gadafi ha vuelto a recurrir a la más pura tradición demagógica. Para el guía de la Jamahiriya Libia- redimido recientemente del “eje del mal” por EE. UU.-, si hay una pena injusta ésa es la de El-Megrahi, el agente libio condenado por un tribunal escocés por su participación en 1988 en el atentado de Lockerbie (señalando que si aquél no es liberado tampoco lo serán los citados profesionales sanitarios) y, por otra parte, si hay un proceso que se pueda calificar de farsa ése es el de Sadam Husein, en cuyo honor decretó tres días de luto por su ejecución. En cuanto al fallo del tribunal, Gadafi insiste en que lo realmente importante sigue siendo determinar por cuenta de qué servicios secretos actuaron los citados profesionales sanitarios.
Al poder libio le resulta por tanto indiferente que los miembros del equipo médico fueran torturados, que se hayan vulnerado los derechos de la defensa y que no se hayan tenido en cuenta las pruebas independientes y científicas de expertos internacionales (estimándose, por el contrario, la validez de las presentadas por especialistas libios). Pese a la solicitud, sin precedentes, de ciento catorce premios Nobel a favor de la consideración de dichas pruebas, han sido desestimados informes científicos como los del codescubridor del SIDA, Luc Montaigner, o el publicado por la prestigiosa revista Nature . Ambos determinan que el origen de la epidemia en el hospital fue anterior a la llegada al mismo de dicho personal sanitario extranjero y que ésta se produjo por las malas condiciones higiénicas y la reutilización de jeringuillas .
La suerte de los condenados a muerte está ahora en manos de la Corte Suprema libia, que entenderá del correspondiente recurso y, en última instancia, en las de un Gadafi fuertemente condicionado en el plano interno por una opinión pública que rechaza radicalmente cualquier injerencia occidental. Las presiones internacionales (que deben intensificarse si realmente pretenden ser efectivas, sin olvidar a un médico palestino desasistido en el entorno árabe); el periplo de acercamiento del poder libio a Occidente (el caso tiene una gran trascendencia para sus relaciones externas); y la propia credibilidad de Gadafi (que ha abogado públicamente en reiteradas ocasiones por la abolición de la pena de muerte), indican que, en caso de confirmarse la sentencia, el líder libio optará por una medida de gracia, probablemente previo acuerdo de una indemnización económica de parte occidental.
Dicho lo anterior, y si lo que se busca es una lectura más acorde con la realidad, todo apunta a un burdo intento para evadir la responsabilidad de las autoridades públicas en relación con el estado lamentable del hospital y, por extensión, de una elite gobernante enriquecida por las rentas petrolíferas en detrimento de una población marginada. Las enormes carencias en servicios públicos e infraestructuras de Belghazi (un millón de habitantes) dan buena muestra de ello.
En este sentido, las maniobras manipuladoras del poder libio- que cuando ha tenido que reconocer la presencia de casos de SIDA en su país lo ha imputado directamente a los inmigrantes extranjeros- irían destinadas a contener un descontento social en alza, en una ciudad que es un importante bastión del movimiento islamista. La progresión de este último, severamente reprimido por las autoridades, amenaza directamente los fundamentos de un régimen cuya reconversión en alumno aplicado respecto a Occidente responde en buena medida a la necesidad de conseguir aliados para frenar dicho movimiento.
La historia de este proceso judicial es también un reflejo de la situación de los derechos humanos en el país y de la escasa influencia exterior en la materia. Lamentablemente EE. UU., del cual Libia es hoy un aliado estratégico en la lucha contra el terrorismo islamista, no puede dar a ésta lecciones ni sobre presunción de inocencia, ni sobre tortura (Guantánamo y Abu Ghraib le incapacitan al efecto), ni sobre pena de muerte (vigente, aunque en retroceso, en EE. UU. y respaldada por el gobierno americano en un proceso, el de Sadam Hussein, en el que ha actuado como apuntador con resultados nefastos). Pese a las declaraciones oficiales de su congelación y del objetivo abolicionista de la Gran Carta Verde de los Derechos Humanos, al menos ocho personas fueron ejecutadas en Libia en 2005.
También es un hecho que la prioridad otorgada por EEUU y la Unión Europea a las cuestiones de seguridad y económicas, junto con un rechazo frontal a cualquier opción política islamista, no han favorecido ningún progreso tangible en materia de democracia y derechos humanos. La estrategia estadounidense en la lucha contra el terrorismo y los ingentes intereses empresariales en el petróleo libio (un crudo muy valorado, con unas 250 concesiones pendientes y unas reservas estimadas en 40.000 millones de barriles) han dejado en agua de borrajas sus planes de democratización.
La UE, por su parte, tampoco ha estado a la altura de las circunstancias (como muestra el informe publicado por Human Rights Watch en septiembre de 2006 bajo el título “Libia: los migrantes son maltratados, Europa cierra los ojos”) y ha repetido la pauta de actuación aplicada a los demás países de la región, relegando a un segundo plano los derechos fundamentales. Articular un nuevo lenguaje, medidas y políticas al respecto es cada vez más urgente, especialmente para una UE en crisis.
De parte libia, los intentos realizados hasta la fecha para ganar credibilidad han estado a cargo de la Sociedad de Derechos Humanos, bajo la égida de la fundación que preside el hijo de Gadafi, Saif al Islam al Gadafi. A este último, y al grupo de supuestos liberales que le rodean, se les atribuyen las acciones consideradas de progreso: principalmente la supresión de los tribunales populares, la liberación de decenas de prisioneros políticos, muchos de ellos islamistas, y la anulación de numerosas condenas a muerte.
No obstante, y pese a dichas acciones, las violaciones de derechos humanos persisten. Así, la detención indefinida de mujeres en centros de rehabilitación social, el paradero desconocido de prisioneros políticos, la existencia de presos de conciencia y la censura absoluta de la libertad de expresión son, entre otras, cuestiones pendientes. Tampoco el régimen ha variado sus reflejos respecto a los partidos políticos (considerados como “dictaduras contemporáneas”), la sociedad civil (sujeta a un férreo control) y los sindicatos (infiltrados por los comités revolucionarios).
Por otro lado, la destitución hace unos meses del primer ministro Chukri Ghanem, artífice de un intento de liberalización económica, indica un afianzamiento de la vieja guardia. Todas las prendas otorgadas de cara al exterior por el régimen libio están lejos, por tanto, de traducirse en un esbozo de reforma política y de mayor libertad. Y, peor aún, las políticas que practica Occidente en la zona en nada contribuyen a que se reduzcan las posibilidades de asistir en un futuro a nuevos juicios esperpénticos como el de las enfermeras búlgaras y el médico palestino.
