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Fecha de inicio: 11 de febrero

Fecha de clausura: 28 de febrero

Duración: 60 horas

Destinado a todas las personas interesadas en entender las principales claves del mundo cambiante actual, ya sean profesionales de la cooperación, estudiantes o cualquier persona interesada en este ámbito.

sud 

 

Cambiar el futuro repitiendo el pasado - R-ARCSS:

El tratado de paz en Sudán del Sur

 

 

 

En septiembre de 2018 se anunció la firma de un nuevo tratado de paz para tratar de poner fin a la guerra civil que azota a Sudán del Sur. Este tratado, (R-ARCSS por sus siglas en inglés: Revitalised Agreement for the Resolution of the Conflict in South Sudan), es fruto del esfuerzo diplomático de potencias regionales (Etiopía, Uganda, Kenia) e internacionales (China y la llamada “troika” compuesta por Noruega, EEUU y Reino Unido), además de la ONU y líderes políticos de la mayoría de las facciones implicadas en el conflicto interno del país más joven del mundo.

 

Al anuncio del tratado de paz siguieron todo tipo de declaraciones de optimismo y buena voluntad: reuniones entre los líderes de gobierno (Salva Kiir) y el principal grupo de la oposición (Riek Machar), repetidos informes de descenso en el nivel de violencia, retorno de desplazados internos y refugiados, presión para cerrar los campos de desplazados, etc. En la misma línea, UNMISS, la misión de Naciones Unidas presente en el país desde 2011, así como las agencias humanitarias de la ONU se sumaron a esta tendencia, remarcando el importante progreso que ha visto Sudán del Sur. Incluso llegaron a modificar la estrategia humanitaria y de comunicación en el país, que desde principios de año ha cambiado sustancialmente su enfoque, centrándose ostensiblemente y de manera generalizada en iniciativas de reconciliación, apoyo al retorno de desplazados y refugiados e iniciativas de reconstrucción y rehabilitación.

 

Un año después de dicha declaración, y a pesar de la lluvia de comunicados y cumbres de paz, la realidad sobre el terreno apunta en una dirección totalmente diferente. La realidad es que, desde el anuncio del tratado de paz, el progreso en su puesta en práctica por parte de las distintas facciones ha sido escaso, frágil y, en más de una ocasión, dudoso. Las fechas límite negociadas en 2018 han sido pospuestas dos veces, en mayo y por segunda vez el 12 de noviembre de 2019. Esta falta de progreso no ha pasado desapercibida, como demuestra el reciente comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto. La nueva extensión de 100 días solicitada por las partes, más de un año después de la firma del tratado, no sólo es claramente insuficiente para cumplir todos los compromisos prometidos, sino un inequívoco síntoma de que algo no está funcionando.

 

Y es que, a pesar del optimismo oficial, el escepticismo entre muchos conocedores del contexto era generalizado por varias razones, que pueden dividirse en dos tipos: de diseño del propio tratado de paz y de la situación real sobre el terreno. Ahora nos centraremos en las del primer tipo.

 

Lo primero que se puede decir es que la arquitectura de reparto de poder esbozada en los acuerdos de paz es problemática. Para empezar, contempla un presidente y nada menos que cinco vicepresidentes, cada uno con su capital dentro del país, y treinta y cinco ministerios, además de un sinnúmero de comisiones, asambleas y consejos, cuyos asientos se reparten entre las diferentes facciones firmantes del tratado. Todo ello resulta en una hipertrofiada, compleja y poco práctica estructura de poder, en la que el partido del gobierno (SPLA-IG) tiene una clara sobrerrepresentación respecto a los demás.

 

Aún más preocupante es que ciertos grupos de considerable influencia, como el National Salvation Front en la región de Ecuatoria, no son parte firmante del tratado, y las hostilidades se mantienen contra ellos mientras se habla de paz. En otros casos, grupos más pequeños han entrado en el tratado de paz de la mano de facciones más grandes y de distinto origen tribal; aún está por ver que los grupos mayoritarios, en concreto el SPLA-IG en el gobierno, dominado por la tribu Dinka, y el principal grupo de la oposición SPLA-IO de mayoría Nuer, respeten y den voz a otros grupos más pequeños que, más por necesidad que de buen grado, se han acogido en su seno. Debemos recordar que el elemento tribal es uno de los más importantes factores en la política del Sudán del Sur, pues más de 60 tribus habitan el país.

 

Por otra parte, los mecanismos de reconciliación nacional recogidos en el tratado- indispensables si se quiere reconstruir la confianza perdida entre las distintas facciones y grupos étnicos, y también muy importante, la confianza de la población en las instituciones- no están constituidos. Esto incluye la administración de justicia. Más allá de mítines y reuniones entre líderes políticos que quedan sólo en palabras, los mecanismos para consolidar un sistema judicial y una paz basada en la reconciliación nacional o bien no se han constituido, o lo han sido solamente sobre el papel, sin recursos reales para cumplir su cometido.

 

Otro aspecto que puede tener consecuencias funestas para el país a largo plazo es la distribución territorial. Si bien el tratado de paz no fija un número de Estados, sino que deposita la responsabilidad en una comisión dedicada a tal efecto, la realidad es que desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha pasado de tener 12 Estados a 28, en 2015, y luego 32, desde 2017. Dichos cambios en la administración territorial han sido siempre por orden presidencial; mientras que la oposición, por su parte, no se queda atrás y aboga por un sistema de 21 Estados. Estos repetidos cambios en el trazado de fronteras de los Estados (y sus subdivisiones inmediatas, los condados) han respondido más a intentos de control por parte de los grupos en el poder, redistribución de la composición étnica del país y gerrymandering, que a una demanda popular real. Todo apunta a que la actual comisión instituida por el R-ARCSS trabaja para confirmar la última decisión del presidente de dividir el país 32 Estados.

 

Pero, tal vez, lo más peligroso para la paz en Sudán del Sur sea el modelo de desmovilización de combatientes y reparto de poder, como recoge un estudio del London School of Economics. Básicamente, parte de la premisa de que el mayor riesgo para la paz son grupos descontrolados de excombatientes que, una vez desmovilizados y aún en posesión de sus armas, recurran al crimen o la violencia para sobrevivir o formar nuevas facciones políticas. Para evitarlo, lo que se propone es poner en nómina e integrar en la administración y el ejército a todos ellos, proporcionando un aliciente económico para que estos individuos se integren en la estructura política y de seguridad del país. Las diversas partes obtienen así recursos en función de las fuerzas que movilicen, irónicamente, para su posterior desmovilización. Esto produce el efecto contrario, ya que incentiva el reclutamiento de más y más hombres bajo la promesa de que obtendrán salarios y empleo fijo una vez llegue el tratado de paz, creando no sólo una espiral de movilización, sino también el riesgo de sobrecargar una estructura pública caracterizada ya de partida por depender económicamente de ayudas externas. En caso de que el tratado de paz no prospere, las partes, mejor armadas y desconfiando de las demás precisamente por el reclutamiento llevado a cabo, serían aún más proclives a reanudar la lucha. Esta misma lógica de desarme y desmovilización ya se usó en el tratado de paz de 2016, mostrándose claramente inefectiva, e incluso contraproducente.

 

En suma, el R-ARCSS no se ha abordado de manera efectiva y, por tanto, arrastra muchos de los defectos de su predecesor. Sin mecanismos que supervisen su aplicación, ésta se ha visto entorpecida y asfixiada desde su nacimiento por parte de las mismas élites políticas encargadas de llevarla a cabo. La opinión pública internacional, hastiada de la falta de progreso en la resolución de un conflicto muy poco comprendido y que cada año devora importantes sumas en cooperación y ayuda humanitaria, ha puesto su confianza en un tratado que no corrige casi ninguno de los problemas que hicieron fracasar la paz apenas dos años antes, todo bajo la premisa de que “más vale un tratado malo que ninguno”.

 

FOTOGRAFÍA: Salva Kiir (derecha) y Riek Machar (izquierda). Philip Dhil/EPA

 

EU

 

Para Blog Elcano.

 

La nueva Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, acaba de empezar su andadura con más respaldo parlamentario del inicialmente esperado. De ese modo –y tras las elecciones al Parlamento Europeo, bajo la presidencia de David Sassoli, la llegada de Christine Lagarde al Banco Central Europeo y el nombramiento de Charles Michel como presidente del Consejo Europeo– se completan los equipos que van a gestionar la vida política y socioeconómica de la Unión Europea (UE), justo cuando se cumplen diez años desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Como siempre ocurre al mirar al futuro, incluso desde la privilegiada plataforma de bienestar y seguridad que gozamos los ciudadanos de la Unión, las incertidumbres superan con creces a las certezas.

Si fijamos la vista en la política exterior, de seguridad y defensa –sin olvidar que sin una sólida base interna es poco lo que se puede hacer en el exterior– se impone la cruda realidad de que, salvo para quienes se empeñan en engañarse a sí mismos, perdemos peso a ojos vista. Mientras que en el ámbito geográfico el centro de gravedad de los asuntos mundiales se ha trasladado ya a la región Indo-Pacífico, pocos son los campos de la actividad humana en los que los (todavía) Veintiocho ocupan actualmente posiciones de liderazgo. El problema no es que no haya liquido en la botella, sino que el ritmo de llenado es inquietantemente escaso para dotarnos de medios comunes para hacer frente a amenazas y riesgos comunes que afectan a nuestros intereses (que también deberían ser comunes). Y eso es lo que hace más notorio el desajuste entre los retos, riesgos y amenazas a los que los nuevos responsables comunitarios deben hacer frente y los medios con los que cuentan.

Por un lado, mientras seguimos enquistados en una crisis estructural que el Brexit hace aún más visible, asistimos a un enrarecimiento creciente del clima internacional, con conflictos activos en nuestra vecindad inmediata en los que queda claro que la Unión aparece relegada como un actor secundario sin capacidad ni voluntad para influir decisivamente en su desarrollo. A esto se une una preocupante renacionalización y un “sálvese quien pueda”, mezclados con un euroescepticismo y antieuropeísmo en auge, especialmente patente en la manera en la que cada Estado miembro está enfocando la gestión de los flujos migratorios que se dirigen hacia territorio comunitario. Y tampoco estamos mejor en el desarrollo de una política común de seguridad y defensa, derivado de una persistente fractura entre los europeístas (con Francia a la cabeza) y los atlantistas (con buena parte de los países del este europeo mirando más a Washington que a Bruselas), y de un planteamiento en el que pesan más las consideraciones industriales que las estratégicas.

Es cierto que también cabe identificar excepciones, como el liderazgo que la UE está teniendo en el intento por hacer frente a la crisis climática; pero, aunque su actitud destaque frente a las posturas suicidas de Estados Unidos o China, no es posible ocultar que, según los últimos datos, son mayoría los países comunitarios que incumplen lo que acordaron en París en diciembre de 2015. Y el panorama se oscurece aún más cuando se observa que el recientemente aprobado presupuesto de la UE para 2020, ajustado finalmente a los 168.690 millones de euros, no permite imaginar que en el marco financiero plurianual 2021-2027 se vaya a romper el escaso techo del 1,16% del PIB comunitario. Aun así, lo que necesita la UE no son tanto más medios (aunque eso no significa que los que tenemos sean suficientes cuando se mira, por ejemplo, a la revolución tecnológica en marcha) como más voluntad política… y ese cambio de mentalidad no parece que esté a la vuelta de la esquina.

Por supuesto, hay muchos otros países y regiones que envidian con razón el ejemplo del club comunitario, pero para quienes pretenden ser vistos como un actor de envergadura mundial, con autonomía estratégica (y hasta con soberanía militar, como acaba de proclamar Emmanuel Macron) nada de eso puede servir de consuelo cuando se percibe la perdida de protagonismo. No se trata solo de que las fuerzas armadas europeas sean hoy un horizonte imposible; sino de que atados a la defensa de un statu quo insostenible y sin coherencia de políticas (llamativamente inexistente en el comercio de armas) se hace aún más difícil garantizar la propia seguridad y contribuir significativamente a un mundo más justo, más seguro y más sostenible.

Por supuesto, ni Estados Unidos ni China ni Rusia estarán dispuestos a ofrecer generosamente un hueco en la primera división mundial dónde se mueven esas potencias. Tampoco la OTAN podrá ser por mucho más tiempo el marco de nuestra seguridad y defensa, salvo que queramos admitir una eterna dependencia de un Washington cada vez menos implicado en lo que ocurre en el Viejo continente. Pero todavía está en nuestras manos, con Josep Borrell a la cabeza, responder a la pregunta de qué queremos ser de mayores. Ojalá acertemos en la respuesta.

 

FOTOGRAFÍA: Charles Michel, Ursula von der Leyen, David Sassoli y Christine Lagarde durante la ceremonia del inicio de la nueva Comisión Europea y del 10º aniversario del Tratado de Lisboa. Foto: Etienne Ansotte / ©European Union, 2019. EC – Audiovisual Service

 

 

colombia

 

A propósito del Paro Nacional y la situación del país...

El país ha empezado a cambiarse de ropa

 

  1. El paro nacional y las jornadas de protesta son la cara social y política más profunda de los recientes resultados electorales, que desbordaron a los partidos como tales y al uribismo como corriente política. Y ello es así, porque el movimiento de estos días ha empezado a superar en sus motivos y aspiraciones las falsas polaridades entre paz y seguridad, entre políticas económicas y sociales, y entre el país regional y rural que votó por el sí a la paz, y el urbano de las grandes ciudades que votó por el no...
  2. Una característica de dichas jornadas es la aceleración de los tiempos de la política, en el sentido de la fugaz apertura y agotamiento de las iniciativas gubernamentales, y de las prometedoras dinámicas de expresión ciudadana y social.
  3. Ello tal vez se pueda explicar si se mira quiénes convocaron y cómo maduró dicha convocatoria. Convocaron inicialmente los sindicatos y el movimiento estudiantil, y luego se fueron sumando organizaciones sociales de diverso tipo (indígenas, campesinas, ciudadanas, de derechos humanos, gremiales populares, sectores políticos, redes ciudadanas, entre otros.), hasta madurar superando el pulso que el uribismo y el gobierno le propusieron al país sobre la deslegitimación del paro, la estigmatización de los convocantes y la siembra del miedo como instrumento político para impedir la protesta.
  4. El paro fue precisamente eso, un paro, especialmente de transporte y del comercio, inducido por aquel pulso o asumido por algunos actores sociales y gremiales, pero en todo caso, un paro, un cese de actividades económicas, y al mismo tiempo una movilización ciudadana. Y ello explica la complejidad de los motivos y de la participación, pero al mismo tiempo la profundidad de su significado.
  5. La importancia de la jornada estriba, además de lo masiva y extensiva en el país, en esa combinación de paro y movimiento, que no se presentaba en todo el país desde hace décadas, el cual empezó a estremecer los cimientos del régimen político más allá de la crisis de gobernabilidad misma.
  6. En lo puntual de la jornada, y en los eventos subsiguientes (concentraciones fluctuantes, cacerolazos, debates, denuncias y esclarecimientos por las redes, entre otros), se ha empezado a esbozar una suerte de “huelga ciudadana”, con las limitaciones impuestas por la devastación de la guerra sucia de varias décadas, pero al mismo tiempo con las potencias de los relevos generacionales evidentes en la participación juvenil, el desgaste de las polarizaciones ideológicas tradicionales, la suma de motivos en toda la línea de la realidad social y ambiental, y la apertura de repertorios de acción colectiva más amplios, frescos y con una alegría renovada, incluyendo las acciones virtuales.
  7. Después del 21, se vienen combinando dos procesos inter-relacionados, pero con sus propias singularidades: El primero, el sainete de los salvadores de la patria, brevísimo por su agotamiento en una sola noche, cuyos impactos lograron recrear confusión más que miedo; y el segundo, las frágiles pero contundentes expresiones de protesta encarnadas en los cacerolazos y las concentraciones y movilizaciones sucesivas.
  8. El sainete de salvación fue develado rápidamente por las grabaciones espontáneas sobre las complicidades de la policía con la zozobra y las amenazas nocturnas de vandalismo, y hasta por la ingenua declaración del alcalde de Bogotá de que se trató de una campaña de terror. Otra cosa es que como cálculo cínico de apostar a revolver los miedos atávicos originados en el “bogotazo” del 9 de abril de 1948, la macabra iniciativa logró revelar que subyace en la sociedad y especialmente en sectores medios una incapacidad de representarse a los sectores populares más allá de la supuesta masa informe que agencia la revuelta espontánea y destructora. Pero una vez más esto fue conjurado relativamente porque los bárbaros, como en el poema de Kavafis, no llegaron, y antes de que cantara el gallo había cesado “la uribe noche”. 
  9. Y si en efecto hubo algunos desmanes “auténticos”, éstos se presentaron en unas pocas zonas pauperizadas muy localizadas de dos ciudades, Cali y Bogotá, y en uno o dos municipios del país. Pero aquí tal vez pueda decirse que otra tradición del país de levantamientos explosivos y espontáneos callejeros ha brillado por su ausencia, lo cual quizás empieza a evidenciar que ya no hacen parte de los nuevos repertorios de acción ciudadana, aún frente a la evidencia de una rabia profunda en algunos sectores más pauperizados y descompuestos.
  10. Aquí se revela el papel del gobierno mismo en el sainete, cuyo perfil principal es la ineptitud, tanto del conjunto del gobierno como del presidente y de su propio partido, que ya ha empezado a pasar de ser de crisis a constituirse en bancarrota política.
  11. Y también la ausencia de escrúpulos, la crueldad y el cinismo de la derecha, que sigue echando leña al fuego del conflicto que niegan, algunos de cuyos dirigentes más conocidos han llamado a los vecinos armarse y al gobierno a liberar el porte de armas en medio de un cierto silencio de su innombrable jefe, cuyos ecos en algunos grupúsculos con capacidad de daño y de violencia siguen vigentes así estén cada vez más develados.
  12. Y es notable el silencio del ministerio de defensa y de las fuerzas armadas, tal vez las más desgastadas en los últimos meses por los desafueros de su accionar en campos y ciudades, la crisis del ministerio como tal, y la marginación de la discusión pública de los sectores militares afectos a la paz.
  13. Y es palpable la caducidad de un organismo de represión como el Esmad, un actor institucional que canaliza y proyecta el resentimiento subyacente y el anhelado vandalismo por sectores del país, con sus prácticas de violencia y atrocidad para recrear el terror. Es hora de reivindicar su liquidación como ente de policía, no sin dejar de judicializar a los responsables de los crímenes perpetrados en estas y otras jornadas, ni de conocer cómo se han venido seleccionando sus miembros, cuáles es la formación que se les imparte, y cuál la coordinación de sus mandos con las autoridades competentes.
  14. En cuanto a los cacerolazos y las jornadas subsiguientes, revelan ante todo la profundidad de la indignación, y de la búsqueda de nuevas formas de acción colectiva, ciudadana y social, especialmente por parte de la juventud y de los pobladores de barrios y de pequeñas ciudades en todo el país. Pero también evidencian algunos vacíos de la protesta y de la política nacional en general.
  15. En cuanto a los vacíos, las jornadas empiezan a mostrar una debilidad de horizontes de sentido de la acción colectiva, así haya ideas fuerza y motivos de protesta, e incluso reivindicaciones de cambio de las políticas sociales vigentes, pero parece haber muy poco de la necesaria articulación de la acción (confluencias, configuración de mesas o instancias de diálogo entre los activistas o los sectores, etc., y definición de programas o plataformas de transformación de políticas…). Y una relativa ausencia de referentes políticos  organizados o de liderazgo con legitimidad en torno a lo alternativo propositivo, los cuales han brillado por su ausencia en la coyuntura, así haya tímidas expresiones de algunos analistas, incipientes manifiestos más orientados a exhortar al gobierno a cesar la represión y atender los reclamos, o por supuesto decisivas y valiosas presencias de las grandes figuras de la oposición cuyas claridades y tesones contribuyen a legitimar y esclarecer la validez de las protestas.
  16. Aquí tal vez se expresa la profundidad de la crisis de representación política que atraviesan los sectores sociales populares y medios de la población, cuyas expresiones gremiales, comunales y organizativas han sido y están siendo devastadas por la guerra sucia y la violencia cruzada de la gran familia de la ultraderecha, el paramilitarismo y el narcotráfico.
  17. ¿Qué sigue? El martes próximo la aprobación en el Congreso del presupuesto negado por la Corte Constitucional, donde se amarran de la peor manera las políticas cuestionadas por el paro y las jornadas de protesta, con base en las componendas del ministro de hacienda con el vargasllerismo y otros sectores parlamentarios. El miércoles, en un escenario que de antemano sería anacrónico si se realiza lo anterior, la apertura no de un diálogo sino de una “conversación social”, anunciada por Duque primero con algunos empresarios, y luego con los nuevos alcaldes y gobernadores, escamoteando a la ciudadanía y a los movimientos y sectores sociales y gremiales populares que articularon la convocatoria al paro y a la protesta.
  18. Y entonces, ¿Qué hacemos? Tal vez la respuesta pueda estar en dos necesarios planos: el del desenlace y fructificación de las protestas, con la preparación para una concertación más temprano que tarde del desmonte de las principales reformas impugnadas, y el inicio de la superación nacional de lo más profundo del uribismo: la corrupción y los negocios con los recursos públicos de sus dirigentes políticos y gremiales, y de sus mentores gremiales y  económicos; y la concurrencia del movimiento ciudadano y social con la formulación de los planes de desarrollo territoriales de los gobiernos que asumen en enero, articulando propuestas de políticas alternativas a las reformas que se pretenden…
  19. Para ello, habría que buscar la forma de revertir la energía de las protestas en articulaciones o mediaciones de los movimientos, constituyendo una suerte de instancia nacional abierta con representación ciudadana (¿territorial?) y sectorial (sindical, campesina, indígena, de los movimientos lgbti y feministas, entre otros), que se reivindique como factor de interlocución con el gobierno nacional y con los nuevos gobiernos territoriales, y se asuma como referente colectivo para las próximas semanas y meses; y hacer acuerdos entre organizaciones ciudadanas para irrigar las redes sociales con nuevos contenidos e iniciativas que ayuden a cualificar la acción colectiva y especialmente la de las redes… Y por supuesto, continuar la búsqueda de transformación social y política de un país que ha empezado a quitarse de encima las anacrónicas vestiduras de la violencia, los fundamentalismos y la política pública envilecida.

 

Sobre el autor.

Hernán Darío Correa, sociólogo y activista colombiano con el que hemos tenido el honor de colaborar en diversas ocasiones, realiza esta interesante reflexión sobre las perspectivas que se abren tras el Paro Nacional y el auge de las movilizaciones ciudadanas.

 

 

ROHINGYA

 

 

Justicia universal para los Rohingyas*

 

Apelando al principio de justicia universal, el presidente de la Burmese Rohingya Organisation (BROUK), Tun Khin, presentó el pasado 13 de noviembre en la justicia penal argentina una demanda por los "crímenes brutales" contra la etnia rohingya por parte de Myanmar. La demanda es realizada contra los líderes militares y civiles militares de Myanmar, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi -premio Nobel de la Paz en 1991-. En la demanda, se urge el procesamiento de los acusados.

 

Se destaca que se acusa a Myanmar –quien no reconoce a la minoría musulmana rohingya como ciudadanos- de haber llevado adelante desde 2017 numerosas matanzas y delitos de violencia sexual contra la mencionada población. Según cifras del ACNUR, Este hecho conllevó a un éxodo de alrededor de 900.000 personas a Bangladesh, convirtiendo a Cox´s Bazaar en el mayor campo de refugiados del mundo, además de un gran número de desplazados internos.

 

La organización BROUK está representada por el abogado argentino Tomás Ojea Quintana, quien fuera Relator Especial de las Naciones Unidas para los  Derechos Humanos en Myanmar entre 2008 y 2014. Asimismo, BROUK es apoyada por las Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Servicio Paz y Justicia, la cual es encabezada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

 

El consagrado principio de justicia universal sostiene que determinadas acciones de máxima gravedad, tales como los crímenes de guerra y contra la humanidad, no son competencia de un solo Estado y, al contrario, pueden ser juzgados en la justicia de terceros países. Al respecto, la justicia argentina ya había aceptado albergar otras causas en base al principio de justicia universal, tales como los crímenes del franquismo en España y la represión del movimiento Falung Gong de China.

 

Conviene recordar también que un caso contra el Estado de Myanmar por sus implicaciones en el genocidio del pueblo rohingya fue abierto la semana pasada en el máximo tribunal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a partir de una demanda presentada por Gambia con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). A esto hay que sumar el importante fallo de la Corte Penal Internacional (CPI), en septiembre de 2018, cuando manifestó que puede ejercer su jurisdicción sobre la deportación de los rohingyas desde Myanmar hacia Bangladesh, a pesar de que el Gobierno de Myanmar no acepta en su territorio la jurisdicción de la CPI por no haber firmado el Estatuto de Roma, carta fundacional del mencionado organismo. Ello, debido a que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, un Estado que sí ha ratificado el Estatuto.

 

En este sentido, el 4 de julio pasado, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, solicitó autorización a los Jueces de la Corte para llevar adelante una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, a saber, “deportación, otros actos inhumanos y persecución cometida contra el pueblo rohingya de Myanmar”. Tras ello, el 14 de noviembre pasado los jueces autorizaron el comienzo de la investigación. En el comunicado, se concluyó que "existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad". También, se habían recibido las opiniones sobre esta solicitud de cientos de miles de presuntas víctimas.

 

Frente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidos sobre la población rohingya, sin duda las investigaciones en curso contribuirán a clarificar los hechos. Asimismo, en el caso de que se confirmen las acusaciones, se podrá proceder a hacer efectiva la responsabilidad y rendición de cuentas de los implicados con el fin último de traer justicia y brindar protección a la población afectada.

 

Sobre la autora.

 

Noelia Natalia Blascovich es Politóloga, Diplomática. Coordinadora del Observatorio en Asuntos Humanitarios (OAH) del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Maestranda en Acción Humanitaria Internacional (NOHA). Especializada en Protección de Migrantes y Refugiados y en Asistencia Humanitaria en Zonas de Conflictos Armados y Misiones de Paz. Se desempeñó como Responsable de Asuntos Humanitarios en la Dirección de Organismos Internacionales de Cancillería. Miembro voluntario de Cruz Roja Argentina y Española.

[*] Las ideas y opiniones expresadas en este trabajo son de la autora y no reflejan necesariamente la posición de ninguna institución a la cual pertenezca.

 

FOTOGRAFÍA: REUTERS